Lourdes del Carmen Ramirez Morales

Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
947/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Lourdes del Carmen Ramirez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    En Ciudad Victoria, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 947/2022, promovido por Lourdes del Carmen Ramírez Morales, encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por la licenciada Liliana de Guadalupe Delgado Castro, Secretaria de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria da cuenta al juez con el oficio 12949 signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, por medio del cual remite copia con firmas autógrafas del auto de quince de los corrientes, dictado en el juicio laboral 737/E/2016. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por recibido el oficio de referencia y agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda. Por otra parte, la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias de emplazamiento de las partes con excepción del tercero interesado, debido a que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós se ordenó postergar su emplazamiento, hasta en tanto obrara el informe justificado solicitado. De igual forma, que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que obra el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, no ha lugar a ello, pues se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la autoridad responsable allegó al presente cuaderno, así como la exhibida por la parte promovente en su escrito inicial de demanda. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 947/2022, promovido por Lourdes del Carmen Ramírez Morales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, recibido en este juzgado el veintisiete siguiente, compareció Lourdes del Carmen Ramírez Morales a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: la omisión al dejar de regularizar acuerdo de fecha 20 de abril de 2021 toda vez que se señaló día inhábil para el desahogo de las pruebas, dentro del expediente laboral 779/E/2017 así como de notificar el acuerdo recaído a las partes.'' SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de mayo de dos mi veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Lourdes del Carmen Ramírez Morales y se registró con el número 947/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la responsable, se obtiene que lo que se reclama es lo siguiente: La omisión de regularizar el procedimiento dentro del juicio laboral 779/E/2017, respecto a la fecha señalada para llevar a cabo la prueba CONFESIONAL en proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno. La omisión de notificar a las partes el acuerdo de regularización respectivo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por cuanto hace respecto a la omisión atribuida a la autoridad responsable, consistente en notificar a las partes el acuerdo de regularización dictado en el juicio laboral 779/E/2017, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, debido a que no es factible que la autoridad incurra en la omisión de notificar a las partes el acuerdo de regularización que en su momento se dicte dentro del sumario laboral indicado, antes de la emisión del mismo, es decir, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de mayo de dos mil veintidós), no existía la determinación que ordenaba regularizar el juicio laboral, mucho menos existía la orden de notificar a las partes el contenido de dicho proveído. Ello pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y, por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Consecuentemente, en relación con el acto que se precisa en este apartado, consistente en la omisión de notificar a las partes el acuerdo de regularización dictado en el juicio laboral de origen, con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del diverso acto reclamado. Por otra parte, respecto a la omisión de regularizar el procedimiento dentro del expediente laboral 779/E/2017, al rendir informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con sede en esta ciudad, si bien manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, también lo es, que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, procedió a regularizar el procedimiento dentro del juicio de origen, en específico la hora y fecha señalada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno para el desahogo de la prueba confesional. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de regularizar el procedimiento dentro del juicio laboral 779/E/2017, respecto a la fecha señalada para llevar a cabo la prueba CONFESIONAL en proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Ahora, respecto a la omisión de regularizar el procedimiento dentro del expediente laboral 779/E/2017, en el presente asunto dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós. En dicho auto, la responsable procedió a regularizar el procedimiento dentro del juicio de origen, en específico la hora y fecha señalada en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno para el desahogo de la prueba confesional, fijando nuevas datas para su verificativo. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con sede en esta ciudad de regularizar el procedimiento dentro del expediente laboral 779/E/2017, pues con el dictado del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: ''CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal'' Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Finalmente, los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por a Lourdes del Carmen Ramírez orales; respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido en auto de seis de julio del año en curso a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, a efecto de que remita copia certificada de las constancias de notificación del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el cual señaló nueva fecha para que tuviera verificativo la prueba confesional, a las trece horas con treinta minutos del día quince de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 737/E/2016. Por tal motivo, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, la que se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÒS. Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx) pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Apoderada Especial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, informa que el veintitrés de junio del año en curso, fue debidamente entregado el cheque número 0004770 al aquí quejoso J. Cesáreo Mendoza García por la cantidad de $90,020.37 (noventa mil veinte pesos 37/100 moneda nacional) en cumplimiento al laudo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, como se aprecia de las constancias que exhibe. Sin mayor pronunciamiento a requerir a la autoridad responsable, toda vez que por auto de veintiocho de junio del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento a de la ejecutoria de amparo, y se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente. Notifíquese.

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