Lourdes Beatriz Acosta López
Expediente 1570/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lourdes Beatriz Acosta López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el doce de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
NOT ELECT Vistos, para resolver el juicio de amparo 1570/2022-I-B, que promovió Lourdes Beatriz Acosta López. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintitrés de junio de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veinticuatro de junio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Lourdes Beatriz Acosta López, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 1570/2022-I-B; de igual forma, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral 626/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 17565), pues aun y cuando manifestó al rendir su informe, que sí era cierto, inmediatamente ésta señaló que con fecha doce de julio de dos mil veintidós, esa autoridad, concedió a las partes el término de tres días hábiles, para expresaran sus respectivas conformidades con la certificación realizada por la Secretaria de esa Junta Especial, en fecha once de julio del año en curso. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la propia ley. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433) En efecto, por lo que se refiere al acto reclamado, relativo a la omisión de dictar el laudo respectivo en autos del juicio reclamatorio laboral 626/2020, de las constancias que remitió la Junta responsable por conducto de la Presidenta, se advierte que ello obedeció a que en los autos del expediente de origen no se había declarado cerrada la instrucción. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Pues resulta que a la fecha en que la parte quejoso presentó la demanda, es decir, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión que ahora reclama, como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que la Junta responsable se encontraba imposibilitada procesalmente para fallar en definitiva el juicio laboral 626/2020, pues no se había declarado cerrado el período de instrucción. Por ende, menos puede estimarse que se encontraba en posibilidad de dictar el laudo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, con motivo de que todavía no se había concedido a las partes el término para formular alegatos, de ahí que resulta inexistente el acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Época: Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) y página: 926). En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que al momento de resolver, no se hubiere emplazado a juicio a los terceros interesados Miguel Toraya Díaz, Teresita Maas, Ángel Fernández Mena, Fabiola Benítez y a las personas morales Amerisa Logistics Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Al Transportes Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable, Innovaciones Intelectuales Javornik Sociedad Civil Particular, Servicios Técnicos Petroleros y Profesionales del Sureste, Sociedad Civil y Normilex, Sociedad Anónima de Capital Variable, toda vez que, al haberse decretado el sobreseimiento, la presente determinación no les depararía agravio alguno. Por el contrario, resulta desfavorable a los intereses de la parte promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tiene la posibilidad de promover el recurso de revisión. Ello es así, en tanto que el principio de agravio personal y directo permea en todo el juicio de amparo desde el acto reclamado en la demanda, así como en todas sus instancias, lo que es posible corroborar con una simple lectura de los requisitos de procedencia del recurso de revisión en los que se observa dicho principio. CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lourdes Beatriz Acosta López, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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NOT ELECT RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado ese propio día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Federación, Guillermo González Anastasio, titular de la Agencia Décima Tercera Investigadora UEIDAPLE en la Ciudad de México. SEGUNDO. Incompetencia. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, éste Juzgador declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada, en atención a que se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, referente a que, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En atención a lo anterior, se declinó la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México. TERCERO. Mediante oficio 11473/2021 el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, comunicó a este Juzgado que no aceptaba la competencia declinada y ordenó la devolución del presente juicio. En diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se recepcionó el oficio antes mencionado y con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, y artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó la remisión del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para que determinara en torno al conflicto competencial planteado. Mediante resolución de diez de febrero del año en curso el Tribunal Colegido en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró legalmente competente para conocer del presente juicio al suscrito Juez. CUARTO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez reclama: El acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el que se niega reconocer el carácter de victima al directo quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001637/2018. TERCERA. Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Décima Agencia Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, reconoció el acto que por esta vía se reclama. En tal virtud deberá tenerse por existente al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Causas de Improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente caso, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Décima Agencia Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, considera que es improcedente este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado, no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y por ello procede el sobreseimiento. Así se tiene que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, la misma es infundada, tomando en consideración que lo reclamado por el quejoso es que no se le reconoció el carácter de víctima en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001637/2018, de ahí que constituye una cuestión que atañe al fondo del asunto, lo que no hace factible su estudio. Se cita al caso, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2593, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2019116, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO ES CONTROVERTIR QUE SE LE DESCONOCIÓ AQUÉLLA EN EL JUICIO DE ORIGEN, ESA CIRCUNSTANCIA, AL CONSTITUIR LA CUESTIÓN DE FONDO PROPUESTA, DEBE RESOLVERSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo directo es controvertir la determinación que desconoció su personalidad en el juicio de origen, esa circunstancia debe resolverse en la sentencia que se dicte en el juicio, al constituir la cuestión de fondo propuesta. Así, si bien la personalidad constituye un presupuesto procesal y la falta de ésta se torna en lo pedido en la instancia constitucional, no debe considerarse dicha argumentación para justificar la no admisión de una demanda o la improcedencia del juicio de amparo, pues el mandato constitucional de legalidad requiere que se aprecie completamente la petición de jurisdicción que se le formula y se valoren las particularidades de cada caso, a fin de permitir que un justiciable cuente con un medio para controvertir las posibles arbitrariedades cometidas en su contra. Ello, en concordancia con la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". Consecuentemente, el presupuesto procesal de personalidad queda satisfecho si quien ejerce la acción constitucional es la persona a quien se le desconoció su personería en el juicio de origen y dicho tema es el motivo del juicio de amparo. " QUINTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir diversa causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa por conducto de su apoderado resultan infundados. Como antecedentes del acto reclamado se tiene que con fecha diecinueve de abril del dos mil veintiuno, el ahora quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, por conducto de su apoderado, presentó un memorial, dirigido a la Agencia Décima Tercera Investigadora UEIDAPLE en la Ciudad de México de la Fiscalía General de la República, con sede en esa localidad, en el que solicitó se le reconociera el carácter de víctima, al considerar que se puso en peligro la libertad personal del quejoso, debido al actuar de la responsable (Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo). A dicha petición le recayó el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno en el que, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Guillermo González Anastasio, Titular de la Agencia Décima Tercera Investigadora UEIDAPLE en la Ciudad de México, determinó lo siguiente: Como se dijo con antelación, los conceptos de violación son infundados, por lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Se afirma lo anterior, ya que como acertadamente lo refirió la responsable en su informe de cuenta, al recurrente no le asiste el carácter de víctima u ofendido en la capeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001637/2018. Ello es así, ya que el hecho de que el quejoso hubiere sido la persona que denunció los hechos posiblemente constitutivos de delito a la representación social, esa circunstancia era su obligación en términos del artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de proporcionar al ministerio público los datos necesarios respecto de los hechos que podrían constituir un delito, a efecto de esclarecerlos, no así para participar o coadyuvar en la investigación, máxime que como refirió la responsable no se demostró haya sufrido un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un delito o violaciones a sus derechos fundamentales. De igual manera, es necesario establecer que por víctima debe entenderse a la persona que resiente un daño directo en sus bienes, propiedades o posesiones jurídicamente tutelados por la comisión de un delito; por denunciante, a la persona que hace del conocimiento del Ministerio Público, la comisión de hechos que pueden constituir un delito perseguible de oficio, por no requerirse querella, y por ofendido, el titular del bien jurídicamente protegido, el cual ha sufrido o sufre el daño o perjuicio por causa ajena. Precisado lo anterior, como lo estableció la responsable la parte quejosa carece de la calidad de víctima u ofendido en la carpeta de investigación mencionada pues no se ubica en los supuestos de reparación del daño, por lo cual tiene el carácter de simple denunciante, es decir, es una persona física que puso en conocimiento de la autoridad investigadora hechos con apariencia de delito. Ello en atención a que la responsable refirió que el ilícito denunciado lo fue el previsto en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y el sujeto pasivo es la sociedad y no el denunciante. Entonces, se concluye que en el supuesto en el que el denunciante de un hecho que la ley considera como delictivo no demuestre que sufrió daño físico, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima, pues es claro que debe acreditarse alguno de los supuestos mencionados, con motivo de la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que concede el derecho a la reparación del daño a la víctima u ofendido del delito, entre los que puede encontrarse el denunciante siempre y cuando se acrediten los supuestos mencionados. Se cita al caso la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2527, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Penal, con registro 2021080, de rubro y texto siguiente: "VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Cuando una persona en su calidad de denunciante en una carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima u ofendido, pues debe acreditar alguno de estos supuestos con motivo de la comisión de un delito, en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido; al asesor jurídico; el imputado; el defensor; el Ministerio Público; la Policía; al órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso; además, el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Víctimas establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos." En consecuencia, fue correcta la determinación emitida por la responsable, en el sentido de no reconocer el carácter de víctima al ahora quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, ya que debió acreditar haber sufrido un daño físico, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia de un delito. Sin que pase inadvertido que el quejoso por conducto de su apoderado, refirió en su concepto de violación que la responsable omitió considerar que los numerales 4 de la Ley General de Víctimas y 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen a la víctima u ofendido, no sólo como la persona que resiente un daño o menoscabo de manera directa en su esfera de derechos, sino también a cualquier persona que sufra cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de u delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que el directo quejoso considera que se puso en peligro su libertad personal, lo que incide en la violación del derecho humano a la seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución. En relación a lo anterior, debe decirse que éste Juzgador se encuentra impedido para estudiar dicha circunstancia (peligro de la libertad personal) ya que el quejoso debió hacerlo valer ante la autoridad responsable y ante ella acreditar el hecho de que se encontró en peligro su libertad, pues es a quien le correspondía verificar la existencia de la orden de aprehensión, en su caso. Por lo que en este momento no se pueda estudiar si efectivamente estuvo en peligro su libertad y que con ello se actualizara la calidad de víctima que alega no se le reconoció. Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Protección de datos personales. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Juan Pablo Guillermo Molina, quien promovió por conducto de su apoderado, respecto del acto reclamado a la Agencia Décima Tercera Investigadora UEIDAPLE en la Ciudad de México de la Fiscalía General de la República, relativo a la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por los motivos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
ELECTR.En cinco de agosto de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, registrado con el número 17565. Conste.Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y anexo que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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