Lourdes Banda González
Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lourdes Banda González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la jueza Decimosegunda de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas e informa que aceptó la competencia declinada por este tribunal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****. Por tanto, dado que en el presente cuaderno no existe acuerdo pendiente de pronunciar ni constancia que recabar, previas las anotaciones en el libro respectivo así como en el sistema correspondiente, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data; el cual deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al que anexó: 1. Sobre vacío; 2. Sobre cerrado; 3. Copia certificada del oficio número 858/2021; 4. Oficio 2100; 5. Cinco tantos del oficio ***; 6. Cinco tantos del oficio ****; 7. Cuadernillo; 8. Dos tomos del expediente ***; y, 9. Seis tantos de la demanda de amparo. Competencia planteada por la superioridad y acuse de recibo correspondiente. Del oficio de cuenta, se advierte que este se encuentra dirigido al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano judicial. Además, de tal misiva se desprende que el órgano colegiado oficiante estimó que carece de competencia legal para conocer del mismo, pues la parte quejosa acude a solicitar la protección federal, y reclama: "[.] LA INTEGRIDAD DE LAS RESOLUCIONES AUTOS DECRETOS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Y DEFINITIVAS DICTAAS Y EMITIDAS POR EL JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PARTIDO DE LEÓN, GUANAJUATO PRINCIPALMENTE LA VALUACIÓN CONVOCATORIA DE REMATE, DILIGENCIA DE REMATE, ADJUDICACIÓN Y ESCRITURACIÓN A TERCEROS DEL BIEN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD DICTADAS DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO CIVIL NÚMERO **** COMO CONSECUENCIA DE LA FALSA Y MALA REPRESENTACIÓN EN DICHO CONTENCIOSO. RECLAMO TAMBIÉN LA OMISIÓN DE ORDENAR LA RESPOSICIÓN OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA NULA Y TORPE DEFENSA DE LA CUAL FUI OBJETO POR PARTE DE MI ABOGADO DEFENSOR EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARÁBIGO 103 Y 107 DE LA CARTA MAGNA EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 172 DE LA VIGENTE LEY DE AMPARO CONSECUENTEMENTE RECLAMO LA VIOLACIÓN DE DICHO ORDINAL POR FALTA DE APLICACIÓN." Lo anterior pone de manifiesto que el acto que se reclama no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, este juzgado federal acata el criterio sostenido por la superioridad por cuanto a que la vía en que habrá de ser tramitado el amparo es la indirecta o biinstancial; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 268/2021-IV. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Consideraciones relacionadas con la competencia legal en razón de territorio, para conocer del asunto. Ahora bien, del análisis integral tanto de la demanda de mérito, como del cuerpo del oficio que se provee, se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se presente la demanda de amparo, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, el acto reclamado consiste en todo lo actuado en el expediente **** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en León, Guanajuato. En ese sentido, el juez de Distrito, para conocer de la presente demanda de amparo, es el que corresponde a la jurisdicción donde se ha llevado a cabo el trámite de dicho controvertido; esto es, en la ciudad de León, Guanajuato. En tal virtud, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dichos actos reclamados fueron ejecutados en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en León. Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 47/2002, publicada en septiembre de dos mil dos, tomo XVI, página 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía." Además, debe destacarse que del contenido del oficio de cuenta se advierte que el presidente del órgano colegiado determinó enviar la demanda, los autos y anexos al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, tal y como se evidencia de la siguiente imagen: Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Dado que la promovente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, atento a que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional federal que lo acredita para ejercer como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Registro Nacional de Profesionistas, tal como lo exige el mencionado precepto legal; mientras que en términos restringidos de dicho numeral a ***, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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