Lourdes Aurora Villalba Mota
Expediente 1093/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lourdes Aurora Villalba Mota
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUIENCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Lourdes Aurora Villalba Mota, por su propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otras autoridades, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1093/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte: Que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye la orden dada a la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para aplicar descuentos quincenales, identificado con el concepto 03 que corresponde a préstamos a corto plazo. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. En tales condiciones, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye el descuento en razón del préstamo de carácter personal que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado generó a nombre de la quejosa. Ahora, de los artículos 1, fracción IV, 4, párrafo II, 6, párrafo XXIX, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, se advierte que los préstamos de carácter personal (como el que reclama la quejosa) son una prestación de las que gozan los trabajadores que pertenece al régimen de esa Ley, por lo tanto, si de lo que se duele Lourdes Aurora Villalva Mota es de la existencia de descuentos, se concluye que dicho acto está relacionado con el ejercicio de un derecho que tiene como trabajadora, de ahí que su pretensión es de carácter laboral, pues tal prestación deriva de la relación existente entre el instituto y sus derechohabientes; de ahí que, el acto que aquí reclama no es atribuible a una autoridad y por ende no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, de ahí que la quejosa, tiene que acudir al órgano laboral competente a deducir sus derechos que como derechohabiente tiene. Sirve de apoyo por analogía, la tesis aislada : 2a. CXXXIII/97, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, que dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UNA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO UN DERECHOHABIENTE DEMANDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL. De la relación sistemática de los artículos 1o., fracción I, 2o., 3o., fracción X, 5o., fracción III, 16 y 87, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 35 del Reglamento de Prestaciones del mismo, se advierte que los trabajadores a que se refiere el artículo 1o. tienen derecho a una indemnización global derivada de la aportación de cuotas que como trabajadores están obligados a cubrir, de manera que dicha prestación tiene el carácter de laboral, pues si bien no se refiere a la estabilidad en el empleo, sí deriva de la relación existente entre el instituto y sus derechohabientes; por tanto, la competencia para conocer de la demanda en que se reclame el pago de esa indemnización, se surte en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y no de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, la que, en los términos del artículo 11, fracción VI, de su ley orgánica, es competente para conocer de resoluciones definitivas en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del referido instituto, hipótesis diversa a la que se ha hecho referencia, de una demanda laboral en contra de este último." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Farallón número 64, colonia Garita de Juárez, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Morales Barrientos y José Antonio Morales Ramírez, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como profesionales del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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