Lourdes Araceli Puerto Pavón
Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2022
Partes del expediente
- Lourdes Araceli Puerto Pavón
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. QUEJA Intégrese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 114/2021, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por LOURDES ARACELI PUERTO PAVON, contra el acuerdo de quince de julio de dos vil veintiuno, que dictó el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dentro del juicio de amparo indirecto 645/2021." Acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas y archívese por ser un asunto totalmente concluido. ARCHIVO Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual interpone queja contra el auto de quince de julio del año en curso, que desechó la demanda intentada. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito original de agravios y copia certificada del cuaderno principal. Háganse las anotaciones respectivas. Se requiere al Secretario y al oficial administrativo encargado del expediente para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que las constancias remitidas van debidamente foliadas, rubricas y entre selladas, así como, con los documentos y anexos necesarios para resolver.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 645/2021-III-A. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. En el caso, resulta indispensable establecer que, en la especie, el acto reclamado consiste esencialmente en: La omisión por parte de ****en su carácter de perito contable de emitir respuesta total al cuestionario en materia de contabilidad formulado por la parte actora dentro del juicio **** del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, este juzgador advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que ***en su carácter de perito en materia de contabilidad, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así ya que las mencionadas disposiciones legales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El primer numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los numerales establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de las autoridades del Estado. El tercero de los numerales define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. El párrafo segundo de ese numeral establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo con la calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo en términos de la legislación de la materia se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por lo que, tratándose de particulares que también se encuentran sujetos al imperio de la autoridad del Estado, es importante delimitar si el acto que se les atribuye incide en un ámbito de decisión, o bien simplemente es consecuencia de la vinculación que ellos mismos como particulares guardan, al igual que el quejoso, respecto del acto reclamado. En ese sentido, se considera que atendiendo a la naturaleza de auxiliar de la administración de justicia con que cuenta ***, en su carácter de perito en materia de contabilidad, designada por la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente laboral **** es dable considerar que ésta, para efectos del presente juicio de amparo, no tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que la realización del trabajo experticial no equivale a un acto de autoridad, porque no se existe relación jurídica de supra a subordinación con la quejosa. Lo anterior es así, porque no están actuando de forma unilateral, sino que lo hacen a través del mandamiento del titular que requirió a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para designar un perito en materia de contabilidad y que a su vez designó a la citada experta para que determinara sobre una materia que requiere conocimientos especiales y por ende no actúa con imperio. Máxime que, si bien en la especie el acto reclamado se hace consistir en la omisión de acatar y cumplir con el desempeño de sus funciones, para desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad, pese a los diversos requerimientos que se le han hecho por el titular de la junta en mención; lo cierto es que, es dicho titular como rector del proceso quien tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de sus requerimientos, e incluso tiene a su alcance los medios de apremio con los que la faculta la ley para hacer cumplir dichas determinaciones; por lo que es a esta autoridad a quién le compete evitar las prácticas dilatorias en la integración del procedimiento. Por tanto, respecto de **-*** en su carácter de perito en materia de contabilidad, designada por la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente laboral *** se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II todos de la Ley de Amparo, y en consecuencia, procede desechar la demanda de garantías. ... DOMICILIO Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica el usuario **** AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNO En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo electrónico que proporciona el promovente, así como el número telefónico, para efectos del sumario en que se actúa. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En lo atinente a la utilización de diversos medios electrónicos, hágase de su conocimiento que a partir de esta fecha se le permite el manejo de dichos medios para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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