Lourdes Angélica Martínez Abraham
Expediente 1203/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2019
Partes del expediente
- Lourdes Angélica Martínez Abraham
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (folios 30 a 38) en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. II. Orden de depuración y/o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. III. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 1888/2019 signado por la presidenta auxiliar y la secretaria adscritas a la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, cumplen con el requerimiento formulado en auto de diez de junio de dos mil diecinueve, al anexar un legajo certificado de las constancias que ahí les fueron requeridas, el cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogado dada su propia y especial naturaleza.Por otra parte, del estudio del sumario constitucional en que se actúa, se advierte que resulta indispensable precisar los actos reclamados que hizo valer la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, habida cuenta que ello, resultaría esencial para determinar la precedencia de esta acción de amparo, los cuales son:a) La omisión de dictar auto de avocamiento al escrito inicial de la demanda laboral, dentro del expediente 316/2019/12-B, así como la falta de señalar fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; b) La omisión de notificar a la parte actora, aquí quejosa, el auto de avocamiento al escrito inicial de la demanda laboral del citado asunto; y, c) La falta de emplazamiento a juicio de las partes demandadas.Ahora bien, por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso a), se advierte que se ha actualizado un motivo de sobreseimiento que impide la continuación de este sumario constitucional, como se verá a continuación.El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece:De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber:Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y;Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional.Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo.Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: En el caso, a las doce horas con veintisiete minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se promovió este juicio de amparo, donde la parte quejosa reclamó, entre otras cosas lo señalado en el inciso a) de párrafos anteriores, es decir, la falta de emisión del auto por el que se avoque a la demanda laboral dentro del juicio laboral individual 316/2019/12-B, del índice de la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como la falta de señalamiento de fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.Por otra parte, de las constancias que se allegan al comunicado de cuenta, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que:1. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito ante la autoridad responsable, cuya omisión de proveer reclama en el presente juicio de amparo.2. Mediante acuerdo diecinueve de febrero del año en curso, la Junta responsable proveyó dicho ocurso y fijó día y hora para la celebración de la audiencia bifásica.De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el veintiocho de mayo de la presente anualidad, la Doceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ya había proveído el escrito presentado el dieciocho de febrero pasado, pues admitió a trámite la demanda laboral que la aquí impetrante de amparo había iniciado, y le señaló la fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada en el inciso a) era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada.Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo.Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa.Por otra parte, por lo que ve a los diversos actos reclamados en los incisos b) y c), se advierte que se actualiza una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro.Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente:El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo.La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo.En el caso concreto, los actos reclamados señalados en los incisos b) y c) consisten en la omisión por parte de las autoridades responsables en notificar el proveído de avocamiento de la demanda laboral, así como la falta de los emplazamientos a juicio de las partes demandadas, dentro del juicio de origen 316/2019/12-B.Ahora bien, de las constancias que se han acompañado a este sumario constitucional se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados, dado que se acreditó haber realizado dichas diligencias el cuatro, cinco, seis y catorce del mes y año en curso.Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados señalados en los incisos b) y c), en virtud de que como se estableció, las omisiones que fueron ahí precisadas y reclamadas por la parte quejosa, fueron subsanadas con la práctica de las diligencias correspondientes efectuadas por parte de los integrantes de la junta responsable.Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona:Bajo esa tesitura, al actualizarse los citados motivos de improcedencia de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa.En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con veintiún minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve.Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Director General de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado; consecuentemente, dese vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional. Dado el volumen de los anexos que acompaña, fórmese cuaderno de prueba por separado en dos tomos, los cuales, quedan a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, HELMUTH GERD PUTZ BOTELLO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que, atento a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), la notificación a las autoridades responsables, se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo disponen los numerales 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31, todos de la Ley de Amparo.
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