Lourdes Acevedo Velazco
Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lourdes Acevedo Velazco
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención efectuada en proveído dictado el veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada determinación y se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 512/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en el escrito relativo que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II, IV y V de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el normativo 108 del citado ordenamiento establece; c) cuando no se haya expresado con precisión el acto reclamado; y d) cuando no se hayan exhibido las copias necesarias de la demanda. Por otro lado, el ordinal 108, fracción IV, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán expresarse, entre otros aspectos, la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A su vez, el precepto 110 del propio ordenamiento señala que con el ocurso inicial se exhibirán copias para cada una de las partes. En el caso, el inconforme no colma íntegramente los requerimientos establecidos por los normativos 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, lo cual da pauta a señalar que la demanda presenta diversas irregularidades, por las razones siguientes: En primer orden, en el apartado de "ACTO RECLAMADO" del escrito inicial el justiciable señala como tal la falta de contestación al escrito que presentó el "veintinueve de noviembre del presente año" ante la referida delegación. Luego, en el diverso capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado del propio libelo refiere bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional, porque asevera que el "nueve de diciembre de dos mil veintiuno", hizo entrega en la oficialía de partes de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, una petición en la que solicitó información sobre la comunidad indígena a la que pertenece. Los aspectos destacados impiden saber primeramente, cuál es la fecha en la que realmente presentó ante la responsable el escrito que contiene su petición y esa situación implica que el justiciable no precisó el acto reclamado, porque se desconoce si lo que el disidente impugna es la omisión de dictar la contestación que corresponda al libelo que afirma que presentó el "veintinueve de noviembre del presente año" a la referida delegación, o bien, si ataca la omisión de dictar la respuesta que corresponda al ocurso que asevera que presentó el "nueve de diciembre de dos mil veintiuno", en la oficialía de partes de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, en donde solicitó información sobre la comunidad indígena a la que pertenece. Aunado a que de la primera fecha que hace referencia solo alude que la presentó ante la "Delegación" empero, señaló como responsables a la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y al Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca, lo cual crea incertidumbre en establecer a qué autoridad en realidad le reprocha la falta de contestación, o en su caso si se trata de dos peticiones distintas que se encuentran desvinculas entre sí. En ese sentido, se detecta que no se precisó el acto reclamado, lo cual es necesario para identificar la litis constitucional y para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado. También se detecta que omitió exhibir las copias de su escrito inicial suficientes para el traslado de las partes, ya que únicamente aportó un ejemplar y son necesarias tres copias, a saber, una para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables y otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Los aspectos destacados denotan la existencia de irregularidades en la demanda, lo cual da pauta a prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las tres copias para el traslado de las partes realice lo siguiente: 1. Deberá precisar el acto reclamado, es decir, tendrá que indicar si lo que ataca es la omisión de emitir la contestación que corresponda al escrito que afirma que presentó el "veintinueve de noviembre del presente año", o bien, si combate la omisión de dictar la respuesta que corresponda al libelo que asevera que presentó el "nueve de diciembre de dos mil veintiuno", en la oficialía de partes de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, en donde solicitó información sobre la comunidad indígena a la que pertenece. 2. Especifique la denominación de las autoridades responsables. 3. Exhiba dos copias adicionales del escrito inicial de demanda para el traslado de las partes. Infórmese al quejoso que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendidos por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento por analogía en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otra parte, se tiene como autorizado del justiciable en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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