Loth Marcelino Mena Vera
Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Loth Marcelino Mena Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el numeral 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia donde se sobreseyó el juicio, sin que se haya impugnado; consecuentemente, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió, sin que deba acusar recibo, pues el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello del oficio se asiente el número de tomos entregados. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Así, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Finalmente, glósese el escrito electrónico de ... mandatario judicial de la moral tercera interesada, en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso del mandatario judicial de la moral tercera interesada, en atención a su contenido, se instruye a la Secretaria para que verifique el estatus de la autorización concedida para consultar el expediente electrónico, y habilite -de ser el caso- los permisos correspondientes para su consulta íntegra. Se hace del conocimiento del promovente que en caso de subsistir la imposibilidad para acceder al expediente electrónico en su totalidad, deberá informarlo para emitir el pronunciamiento respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1035/2021; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ., asistido de ., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con el escrito con folio 4762. Se provee: Téngase por hecha la relación que antecede; por otro lado, agréguese el escrito de ., mandatario judicial de la moral tercera interesada, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la propia legislación, por tenerla acreditada ante la autoridad responsable; como lo solicita y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado para consulta del expediente, así como para recibir notificaciones personales en la vía electrónica. Por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica e invocada la improcedencia del juicio. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde la quejosa ofreció las copias simples anexas a su demanda y escrito aclaratorio. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas por su propia naturaleza, y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde la tercera interesada invocó la improcedencia del juicio y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta fase. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1035/2021, promovido por ., contra actos del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Juez y Notificador adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, el diecisiete de diciembre siguiente, se admitió a trámite el asunto, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirieron los informes justificados, y se señaló parte tercera interesada. El representante social de la Federación adscrito no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario . del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la ejecución de la sentencia a través de la orden de desposesión del inmueble identificado como la casa marcada con el número . TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables no negaron ni afirmaron los actos reclamados; empero, de las constancias que fueron allegadas por el A quo con residencia en esta ciudad -de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo- se advierte la existencia del proceso natural, así como el remate del inmueble ubicado en .; particularmente las unidades privativas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el particular, el accionante . se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario . del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la ejecución de la sentencia a través de la orden de desposesión del inmueble identificado como la casa marcada con el número ., entonces es indispensable que acredite la afectación del derecho que invoca con motivo del acto reclamado. Por tanto debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho de propiedad que afirma fue infringido con el acto reclamado; de modo que tenía la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que la propiedad que dice detentar. Ahora, el quejoso narró en su demanda que tiene la propiedad de la casa marcada con el número ., lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de propiedad y ésta debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho, dado que quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de propiedad objetivo como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo el accionante de amparo no allegó elemento de convicción idóneo con el que acredite de forma fehaciente tener algún derecho sobre el inmueble materia de la litis, como lo afirma, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal, y tampoco probó que lo posee materialmente; por lo cual se estima que no existe afectación a su interés jurídico. Se afirma ello, pues únicamente exhibió en copia simple lo siguiente: - Un contrato de compraventa; - Credencial para votar del peticionario; - Diversos recibos de suministro de luz, gas, agua y cable. Dichas documentales carecen de valor probatorio al tratarse de reproducciones simples, como se advierte de la Jurisprudencia 1/89 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, las documentales ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar la propiedad que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De igual forma, no es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Asimismo, se sustenta con la tesis aislada en materia Común con registro digital: 2005077, décima época emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, III.5o.C.12 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1181 de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, ES INSUFICIENTE LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, QUE FUE OBJETADO Y NO ROBUSTECIDO CON OTRAS PRUEBAS. El contrato privado de compraventa de fecha cierta, proveniente de un tercero exhibido por la parte quejosa, cuando es objetado en forma genérica en el juicio de amparo, no produce la presunción de reconocimiento tácito a que se refiere el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues así se desprende de las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)" y "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL)". Luego, dicho documento requiere de otros medios de convicción para acreditar su contenido, ya que si bien adquirió fecha cierta a partir de que un notario público certificó que el documento era copia fiel de su original, con ello sólo se obtiene la certeza sobre la existencia del documento en esa fecha, mas no de la veracidad de su contenido, esto es, del acto traslativo de dominio, porque no es un hecho que le conste al fedatario al no haberse ratificado ante él tal acto, como se colige de las jurisprudencias de la referida Sala, de las voces: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO" y "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO"; de ahí que en esta hipótesis resulte insuficiente por sí solo ese documento objetado para acreditar el interés jurídico, que debe demostrarse fehacientemente." Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. No pasa inadvertido que la tercera interesada invocara la improcedencia del juicio, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ., contra actos del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como Juez y Notificador adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para notificar a la moral tercera interesada. Ahora bien, de la revisión de las constancias remitidas en apoyo del informe justificado, se advierte que la parte actora realizó cesión de derechos de crédito, cuya cesionaria es ..., a quien se tuvo como parte tercera interesada en el auto admisorio. Por tanto a fin de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que emplace a dicha parte procesal en el domicilio ubicado en ..., en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Loteria Nacional Para la Asistencia Publica1361/2019
- Loteria Nacional Para la Asistencia Pública119/2021
- Loteria Nacional Para la Asistencia Pública94/2021
- Loteria Nacional Para la Asistencia Pública999/2018
- Loteria Nacional Para la Asistencia Publica1034/2018
- Lotería Nacional Para la Asistencia Pública978/2018
- Lourdes Aguilar Ramírez216/2020
- LOURDES ALICIA VÉLEZ ARNAIZ y Otros.780/2019
- Lourdes Berenice Lachica Malagón951/2018
- Lourdes Delgado Viadas946/2021
- Lourdes Delgado Viadas869/2019
- Lourdes Edith Fernández Fernández1358/2018