Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Actuaciones
- Principal
MESA II. Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además de que a consideración del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
MESA II. Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que no obra la notificación de la agente del ministerio público de la adscripción del auto de veintitrés de agosto pasado, así como tampoco aparece listado dicho proveído; en consecuencia, en aras de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, se ordena a la actuaría de este Juzgado de Distrito, realizar lo conducente a efecto de publicar el acuerdo en comento, así como la referida notificación a la representante social. Notifíquese.
- Principal
MESA II Vista la demanda de amparo promovida por Elías Espinoza García, apoderado de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, en representación de esa dependencia, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el consecutivo 645/2021-II-A. ACREDITA PERSONALIDAD El promovente adjunta copia de la escritura pública ciento cincuenta y un mil seiscientos noventa y nueve, de once de abril de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número ciento veintiuno de la Ciudad de México, Armando Mastachi Aguario. DESECHAMIENTO Ahora bien, de los preceptos citados, se advierte que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: 1) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación realizada al quejoso, sobre el acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija el mismo; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción del amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho humano de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Aunado a lo anterior, en el juicio de amparo que ahora se resuelve, respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente 83/2021 que confirmó la determinación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de nueve de diciembre de dos mil veinte. No se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, esto último en razón a lo expuesto en párrafos que anteceden. En este sentido, como se precisó en párrafos precedentes, en el caso resulta que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto en la propia data de la resolución; es decir, el veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, el término de quince días para que se exhibiera el escrito de demanda trascurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por lo que al presentarse en línea el veinte de este mes y año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que la parte quejosa, no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los citados actos; esto si se considera que tuvo conocimiento de ellos el dieciséis de marzo y veintiséis de mayo, ambos del año en curso, y que dicho plazo comenzó a contar a partir del día siguiente de esas fechas. Por tanto, es dable afirmar que dicho plazo había fenecido al día de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del escrito de demanda presentado desde el portal de servicios en línea el veinte de agosto de dos mil veintiuno; de ahí que, debe considerarse que el acto reclamado fue consentido implícitamente por la parte quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, del ordenamiento legal invocado. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "sandra.colin", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, licenciada Sandra Colín Ibarra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos jizasmed@lotenal.gob.mx y eespinozag@lotenal.gob.mx Y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a Javier García Tinoco, Blanca Estela de Jesús Gines y Rene Manuel Suárez Uribe, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a las partes a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, realicen las gestiones necesarias a fin de poder llevar este juicio en línea. Para lo cual, con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán señalar nombre de usuario para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales administrativos y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e), del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al secretario supervise que el analista Jurídico Especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Elías Espinoza García, apoderado de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, en representación de esa dependencia, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el consecutivo 645/2021-II-A. ACREDITA PERSONALIDAD El promovente adjunta copia de la escritura pública ciento cincuenta y un mil seiscientos noventa y nueve, de once de abril de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número ciento veintiuno de la Ciudad de México, Armando Mastachi Aguario. DESECHAMIENTO Ahora bien, de los preceptos citados, se advierte que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: 1) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación realizada al quejoso, sobre el acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija el mismo; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción del amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho humano de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Aunado a lo anterior, en el juicio de amparo que ahora se resuelve, respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, pronunciada en el expediente 83/2021 que confirmó la determinación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de nueve de diciembre de dos mil veinte. No se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, esto último en razón a lo expuesto en párrafos que anteceden. En este sentido, como se precisó en párrafos precedentes, en el caso resulta que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto en la propia data de la resolución; es decir, el veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, el término de quince días para que se exhibiera el escrito de demanda trascurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por lo que al presentarse en línea el veinte de este mes y año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que la parte quejosa, no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los citados actos; esto si se considera que tuvo conocimiento de ellos el dieciséis de marzo y veintiséis de mayo, ambos del año en curso, y que dicho plazo comenzó a contar a partir del día siguiente de esas fechas. Por tanto, es dable afirmar que dicho plazo había fenecido al día de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del escrito de demanda presentado desde el portal de servicios en línea el veinte de agosto de dos mil veintiuno; de ahí que, debe considerarse que el acto reclamado fue consentido implícitamente por la parte quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, del ordenamiento legal invocado. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "sandra.colin", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, licenciada Sandra Colín Ibarra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos jizasmed@lotenal.gob.mx y eespinozag@lotenal.gob.mx Y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a Javier García Tinoco, Blanca Estela de Jesús Gines y Rene Manuel Suárez Uribe, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a las partes a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, realicen las gestiones necesarias a fin de poder llevar este juicio en línea. Para lo cual, con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán señalar nombre de usuario para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales administrativos y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e), del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al secretario supervise que el analista Jurídico Especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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