Lorna Penélope Montiel Carmona

Expediente 653/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Lorna Penélope Montiel Carmona
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, doce de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinte el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del Oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 653/2019, en la que concedió a Lorna Penélope Montiel Carmona, la protección constitucional en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 209/2015. 2. Emita una nueva, en la que se pronuncie respecto de las pruebas aportadas cuya omisión fue evidenciada en esta ejecutoria y resuelva conforme a derecho proceda. En el entendido de que de resultar procedente la acción de la aquí quejosa Lorna Penélope Montiel Carmona, emitirá el pronunciamiento que corresponda conforme a las prestaciones extralegales reclamadas y sean una causa inherente al reclamo principal" (foja 58 del toca de amparo). Precisado lo anterior, este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte tuvo por recibido el oficio 635/2020 del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 653/2019 con la sentencia dictada en el mismo y expediente laboral 209/2015 y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria y lo informara (foja 81 ídem). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento y con dichos informes se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 113 ídem), desahogándola la quejosa mediante escrito presentado dieciocho de noviembre de dos mil veinte (fojas 120 a 122 ídem). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aprecia que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó dictar uno nuevo (foja 88), lo que sucedió el veintiocho de octubre siguiente, en cuyo considerando cuarto se pronunció respecto de las pruebas aportadas cuya omisión fue evidenciada en la ejecutoria amparo, consistentes en la confesional a cargo de la codemandada Delegada del Instituto enjuiciado y Jefa de Recursos Humanos del mismo, comprobantes de pago y testimonial, con base en las cuales declaró procedente la nulidad de la renuncia de quince de enero de dos mil quince, por lo que condenó al demandado a la reinstalación, salarios vencidos, aguinaldo y, absolvió por vacaciones y prima vacacional, horas extras, días festivos o descanso obligatorio, así como de las prestaciones extralegales reclamadas (fojas103 vuelta a 110 del toca de amparo). Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes Común, turno matutino, edificio sede del Poder Judicial de la Federación, Apizaco, Tlaxcala y remitido al siguiente día a este órgano colegiado, la quejosa al desahogar la vista se inconforma con el laudo dictado por la Junta, para lo cual expone las razones que en su criterio evidencian la incongruencia en relación a la fecha de inicio de la relación de trabajo, siendo la correcta uno de julio de dos mil trece y no uno de agosto de dos mil catorce. En el mismo tenor, sostiene la inconforme que esa incongruencia dio lugar a que la autoridad del trabajo absolviera de vacaciones y prima vacacional, bajo el argumento de que no había cumplido un año de servicios. También impugna la absolución de horas extras, pues al respecto afirma que la jornada desempeñada arroja una hora extra diaria. Además, controvierte el error mecanográfico al señalar un nombre distinto al de la actora. Resultan inatendibles estos motivos de disenso, porque los efectos de la concesión del amparo, se ciñeron a que la Junta valorara los medios de prueba ofrecidos por la actora, aquí quejosa, los cuales no fueron atendidos en el laudo reclamado. Por tal motivo, la autoridad del trabajo no estuvo constreñida a resolver de una forma u otra, pues gozó de plenitud de jurisdicción; de ahí que, si absolvió a la demandada del reclamo de vacaciones, prima vacacional, horas extras y días festivos, y no está de acuerdo con ello, tiene expeditos sus derechos para que los hagan valer como a sus intereses convenga. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Página: 222, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad". Finalmente, el hecho de que en el laudo dictado en cumplimiento a la sentencia de que trata, la responsable haya establecido condena a una persona diversa, no es motivo para tener por incumplida la ejecutoria de amparo, porque además de que se trata de un error mecanográfico, de la lectura del laudo se advierte que el todo momento se refiere a la quejosa Lorna Penélope Montiel Carmona. De lo anterior se desprende que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinte el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del Oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 653/2019, en la que concedió a Lorna Penélope Montiel Carmona, la protección constitucional en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 209/2015. 2. Emita una nueva, en la que se pronuncie respecto de las pruebas aportadas cuya omisión fue evidenciada en esta ejecutoria y resuelva conforme a derecho proceda. En el entendido de que de resultar procedente la acción de la aquí quejosa Lorna Penélope Montiel Carmona, emitirá el pronunciamiento que corresponda conforme a las prestaciones extralegales reclamadas y sean una causa inherente al reclamo principal" (foja 58 del toca de amparo). Precisado lo anterior, este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte tuvo por recibido el oficio 635/2020 del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 653/2019 con la sentencia dictada en el mismo y expediente laboral 209/2015 y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria y lo informara (foja 81 ídem). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento y con dichos informes se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 113 ídem), desahogándola la quejosa mediante escrito presentado dieciocho de noviembre de dos mil veinte (fojas 120 a 122 ídem). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aprecia que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó dictar uno nuevo (foja 88), lo que sucedió el veintiocho de octubre siguiente, en cuyo considerando cuarto se pronunció respecto de las pruebas aportadas cuya omisión fue evidenciada en la ejecutoria amparo, consistentes en la confesional a cargo de la codemandada Delegada del Instituto enjuiciado y Jefa de Recursos Humanos del mismo, comprobantes de pago y testimonial, con base en las cuales declaró procedente la nulidad de la renuncia de quince de enero de dos mil quince, por lo que condenó al demandado a la reinstalación, salarios vencidos, aguinaldo y, absolvió por vacaciones y prima vacacional, horas extras, días festivos o descanso obligatorio, así como de las prestaciones extralegales reclamadas (fojas103 vuelta a 110 del toca de amparo). Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes Común, turno matutino, edificio sede del Poder Judicial de la Federación, Apizaco, Tlaxcala y remitido al siguiente día a este órgano colegiado, la quejosa al desahogar la vista se inconforma con el laudo dictado por la Junta, para lo cual expone las razones que en su criterio evidencian la incongruencia en relación a la fecha de inicio de la relación de trabajo, siendo la correcta uno de julio de dos mil trece y no uno de agosto de dos mil catorce. En el mismo tenor, sostiene la inconforme que esa incongruencia dio lugar a que la autoridad del trabajo absolviera de vacaciones y prima vacacional, bajo el argumento de que no había cumplido un año de servicios. También impugna la absolución de horas extras, pues al respecto afirma que la jornada desempeñada arroja una hora extra diaria. Además, controvierte el error mecanográfico al señalar un nombre distinto al de la actora. Resultan inatendibles estos motivos de disenso, porque los efectos de la concesión del amparo, se ciñeron a que la Junta valorara los medios de prueba ofrecidos por la actora, aquí quejosa, los cuales no fueron atendidos en el laudo reclamado. Por tal motivo, la autoridad del trabajo no estuvo constreñida a resolver de una forma u otra, pues gozó de plenitud de jurisdicción; de ahí que, si absolvió a la demandada del reclamo de vacaciones, prima vacacional, horas extras y días festivos, y no está de acuerdo con ello, tiene expeditos sus derechos para que los hagan valer como a sus intereses convenga. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Página: 222, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad". Finalmente, el hecho de que en el laudo dictado en cumplimiento a la sentencia de que trata, la responsable haya establecido condena a una persona diversa, no es motivo para tener por incumplida la ejecutoria de amparo, porque además de que se trata de un error mecanográfico, de la lectura del laudo se advierte que el todo momento se refiere a la quejosa Lorna Penélope Montiel Carmona. De lo anterior se desprende que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/mmz

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