Loreto Galileo Gamero García
Expediente 507/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Loreto Galileo Gamero García
Actuaciones
- Principal
Vistas la certificación y cuenta secretariales y considerando que el plazo de cinco días para recurrir el auto de diez de junio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente asunto, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de junio de dos mil veinte. Agréguese a los autos los escritos recibidos vía correo institucional, mediante los cuales ****, pretende interponer recurso de queja contra el auto de nueve de junio de dos mil veinte, desechó la demanda de amparo. Al respecto, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que de conformidad con el considerando séptimo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, el cual entró en vigor el quince de junio y el artículo 32 de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que implica que ésta es la opción para enviar y recibir promociones electrónicas relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y no así mediante correo institucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante "juicio en línea", con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8 , se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 "juicio en línea", se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. En ese orden de ideas, con la demanda de amparo presentada por *****, por su propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 507/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. De la lectura de la demanda, se observa que la quejosa reclamó de las autoridades responsables: "a) El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. b) el Titular de la Secretaría de Bienestar. c) La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. d) El titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) d) El alcalde en Benito Juárez, todos con domicilio conocido." Y como actos reclamados: "la falta de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus sars-cov2 (COVID-19), consecuencia directa por el cierre, de las actividades económicas decretadas, toda vez que es un hecho conocido que las autoridades demandadas pusieron en riesgo la salud y economía por el NO ESTABLECIMIENTO OPORTUNO DE MEDIDAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y LAS ACTIVIDES ECONOMICAS. ACTOS RECLADOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN: Lo constituye, la lesión al derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así como el derecho a la protección de la salud principalmente a la vida, actos donde deben de concurrir la Federación y las entidades federativas". CAUSA DE IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" El juicio de amparo es improcedente contra actos o normas que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causal de improcedencia invocada, tiene como fin, evitar que se divida el conocimiento del proceso, para que, por economía procesal, no se realice un doble estudio de la misma situación y se emitan sentencias contradictorias. No es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así lo determinó la tesis I.11o.C.31 K (10a.), el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora bien, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se conoce que el quejoso promovió con anterioridad un juicio de amparo contra las mismas autoridades y los mismos actos reclamados, del cual conoce el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrado con el número 513/2020. Lo anterior, constituye un hecho notorio, de conformidad con la tesis P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En tal sentido, mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, se admitió el juicio 513/2020, promovido por Loreto Galileo Gamero García, contra los actos y autoridades siguientes: "a) El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. b) el Titular de la Secretaría de Bienestar. c) La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. d) El titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) d) El alcalde en Benito Juárez, todos con domicilio conocido." Y como actos reclamados: "la falta de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus sars-cov2 (COVID-19), consecuencia directa por el cierre, de las actividades económicas decretadas, toda vez que es un hecho conocido que las autoridades demandadas pusieron en riesgo la salud y economía por el NO ESTABLECIMIENTO OPORTUNO DE MEDIDAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y LAS ACTIVIDES ECONOMICAS. ACTOS RECLADOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN: Lo constituye, la lesión al derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así como el derecho a la protección de la salud principalmente a la vida, actos donde deben de concurrir la Federación y las entidades federativas". En el presente juicio, el quejoso reclama, en esencia, la falta de implementación de programas de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 (COVID-19); y como consecuencia, el daño alimentario que podría tener repercusión en su salud, que atribuye a las mismas autoridades citadas. Como se ve, tanto en el juicio de amparo 513/2020, tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y en el que se actúa, los actos reclamados y las autoridades responsables, son idénticos. Además, aquel expediente, se encuentra pendiente de resolución. Situación que, como se dijo, constituye un hecho notorio y es suficiente para actualizar el desechamiento de la demanda de amparo. En el entendido, que la presente determinación tiene como finalidad que no se emitan sentencias contradictorias. Como se dijo, no es factible que en ambos juicios se examinen los mismos actos, pues su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA en términos de lo expuesto. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el correo electrónico galim245@gmail.com. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante "juicio en línea", con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8 , se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 "juicio en línea", se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. En ese orden de ideas, con la demanda de amparo presentada por *****, por su propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 507/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. De la lectura de la demanda, se observa que la quejosa reclamó de las autoridades responsables: "a) El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. b) el Titular de la Secretaría de Bienestar. c) La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. d) El titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) d) El alcalde en Benito Juárez, todos con domicilio conocido." Y como actos reclamados: "la falta de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus sars-cov2 (COVID-19), consecuencia directa por el cierre, de las actividades económicas decretadas, toda vez que es un hecho conocido que las autoridades demandadas pusieron en riesgo la salud y economía por el NO ESTABLECIMIENTO OPORTUNO DE MEDIDAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y LAS ACTIVIDES ECONOMICAS. ACTOS RECLADOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN: Lo constituye, la lesión al derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así como el derecho a la protección de la salud principalmente a la vida, actos donde deben de concurrir la Federación y las entidades federativas". CAUSA DE IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" El juicio de amparo es improcedente contra actos o normas que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y, contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causal de improcedencia invocada, tiene como fin, evitar que se divida el conocimiento del proceso, para que, por economía procesal, no se realice un doble estudio de la misma situación y se emitan sentencias contradictorias. No es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así lo determinó la tesis I.11o.C.31 K (10a.), el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora bien, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se conoce que el quejoso promovió con anterioridad un juicio de amparo contra las mismas autoridades y los mismos actos reclamados, del cual conoce el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrado con el número 513/2020. Lo anterior, constituye un hecho notorio, de conformidad con la tesis P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En tal sentido, mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, se admitió el juicio 513/2020, promovido por Loreto Galileo Gamero García, contra los actos y autoridades siguientes: "a) El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. b) el Titular de la Secretaría de Bienestar. c) La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. d) El titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) d) El alcalde en Benito Juárez, todos con domicilio conocido." Y como actos reclamados: "la falta de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus sars-cov2 (COVID-19), consecuencia directa por el cierre, de las actividades económicas decretadas, toda vez que es un hecho conocido que las autoridades demandadas pusieron en riesgo la salud y economía por el NO ESTABLECIMIENTO OPORTUNO DE MEDIDAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y LAS ACTIVIDES ECONOMICAS. ACTOS RECLADOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN: Lo constituye, la lesión al derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así como el derecho a la protección de la salud principalmente a la vida, actos donde deben de concurrir la Federación y las entidades federativas". En el presente juicio, el quejoso reclama, en esencia, la falta de implementación de programas de apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 (COVID-19); y como consecuencia, el daño alimentario que podría tener repercusión en su salud, que atribuye a las mismas autoridades citadas. Como se ve, tanto en el juicio de amparo 513/2020, tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y en el que se actúa, los actos reclamados y las autoridades responsables, son idénticos. Además, aquel expediente, se encuentra pendiente de resolución. Situación que, como se dijo, constituye un hecho notorio y es suficiente para actualizar el desechamiento de la demanda de amparo. En el entendido, que la presente determinación tiene como finalidad que no se emitan sentencias contradictorias. Como se dijo, no es factible que en ambos juicios se examinen los mismos actos, pues su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA en términos de lo expuesto. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el correo electrónico galim245@gmail.com. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
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