Lorenzo Vega García
Expediente 1714/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1714/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2017
Partes del expediente
- Lorenzo Vega García
- Juez de Control y de Juicio Oral de Tenancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio y anexo remitidos por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto 63/2017 (orden 66/2017), mediante el cual se solicitó notificar personalmente al quejoso Lorenzo Vega García, el acuerdo de veintiséis de enero pasado (fojas 71 y 72), por el que se ordenó el archivo del presente asunto como concluido; en consecuencia, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de seis de enero del presente año (fojas 51 a 56), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Lorenzo Vega García, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto 890/2016 (orden 1084/2016), mediante el cual se solicitó notificar personalmente al quejoso Lorenzo Vega Garcia, la determinación de veintinueve de noviembre pasado (fojas 33 a 35); en ese sentido, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, de la constancia de notificación de referencia, en la cual obra la firma estampada por el agraviado, se advierte que esta difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Lorenzo Vega Garcia fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la constancia de notificación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, de la diligencia referida se advierte que la firma estampada por el agraviado difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancia de notificación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Lorenzo Vega Garcia fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico pensar que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, pues la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda atribuida a Lorenzo Vega Garcia contra actos del Juez de Control de Tenancingo, Estado de México y otras autoridades. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Lorenzo Vega Garcia en la diligencia de notificación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, con la que calza la demanda de amparo así como en el escrito aclaratorio, se advierte que dicho ocurso no fue signado por aquél, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica la actuación reclamada, con lo que se viola el principio de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia V.2o. J/75, visible en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Y la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." En ese sentido, y toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los insertos necesarios, envíese exhorto al Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con el objeto de que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la materia, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Tenancingo", en el Municipio de Tenancingo, Estado de México, y notifique personalmente a Lorenzo Vega García, el presente proveído. Se precisa que la autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, de los cuales se advierte que por auto de veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 33 a 35), se giró exhorto al Juzgado de Control y de Juicio oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a fin de que notificará a la parte quejosa dicho auto, asimismo le requiera para que al momento de la notificación manifestara si ratifica o no el escrito aclaratorio presentado en este órgano jurisdiccional, sin embargo, de autos no se advierte que dicha autoridad haya devuelto dicho exhorto. Atento a lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase al Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que dentro del término de tres días, remita debidamente diligenciado el exhorto 890/2016 número de orden 1084/2016, lo anterior con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos artículos 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
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