Lorenzo Talamantes Terriquez

Expediente 1268/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1268/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Lorenzo Talamantes Terriquez
  • Junta Especial Numero Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    UNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ***************en relación con los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables descritas en el considerando segundo y, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 108/2020 En esta fecha, la Secretaria da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Mexicali, Baja California, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "a) Dejen de aplicar en perjuicio de los quejosos (1) Evangelina Zamudio Ornelas y (2) José Luis Mirón Zamudio, descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte gestora del amparo (1) Evangelina Zamudio Ornelas y (2) José Luis Mirón Zamudio, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta de enero de dos mil veinte, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo." Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 207/2021. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dejar de aplicar en perjuicio de la quejosa, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y, Devolver las cantidades que se hubieran descontado a la parte gestora del amparo respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; en el entendido de que sólo deberían devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta enero de dos mil veinte, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, exhibió oficio CASL/3213/2020 de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en donde se advierte se le dejó de aplicar a la parte quejosa las deducciones y descuentos que refiere último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Cabe señalar que el uno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibo las actas de defunción de los quejosos (1) Evangelina Zamudio Ornelas y (2) José Luis Mirón Zamudio, remitidas por el Director del Registro Civil en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por lo que se inició el procedimiento de designación de albaceas para poder dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El cinco de julio de dos mil veintidós, el Juez Tercero Civil de Mexicali, Baja California; manifestó que había dictado en los juicios sucesorios 710/2021 y 21/2022, de su índice, la respectiva designación de albaceas, quedando en los siguientes términos; Jennifer Kharim Mirón Rodríguez como albacea del fallecido quejoso José Luis Mirón Zamudio y Jesús Hiram Mirón Zamudio como albacea de la fallecida quejosa Evangelina Zamudio Ornelas; requiriéndose a las responsables en dicho proveído el cumplimiento de la sentencia. Posteriormente, mediante oficio acordado el dos de agosto de la anualidad en curso, el Delegado del Instituto responsable, exhibió cheque con número de folio 0092216, 0018874, 0092215 y 0018873, recibidos por los albaceas de la parte quejosa, que corresponden a la devolución de los conceptos por Servicio Médico y Reserva Técnica. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, y en respuesta a ello, el autorizado de la parte quejosa Jesús Francisco Martínez Castillo, desahogó la vista y manifestó que no debía declararse cumplido el fallo protector, porque la responsable no devolvió completas las cantidades a las que fue condenada respecto al descuento a la pensión que refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Expresó el aludido autorizado de la parte quejosa que lo anterior era sí, dado que las cantidades que la responsable devolvió en realidad no estaban completas, si para ello se tomaba en consideración que a Evangelina Zamudio Ornelas le descontaban la cantidad de $2,130.42 moneda nacional por concepto de servicios médicos y la cantidad de $532.61 moneda nacional por de reserva técnica; y a José Luis Mirón Zamudio le descontaban la cantidad de $2,281.48 moneda nacional por concepto de servicios médicos y la cantidad de $570.37 moneda nacional por de reserva técnica, lo que se corrobora con las constancias que obran autos y sobre todo al hacer la multiplicación de esas cantidades por los meses que la responsable estaba obligada devolverle, siendo así entonces que no cuadraban esas cantidades. En atención a lo expresado por el autorizado de la parte quejosa, este juzgado federal consideró declarar no cumplido el fallo protector, toda vez que si la responsable fue condenada a pagar los descuentos de los tópicos efectuados desde el treinta de enero de dos mil veinte, era evidente, al hacer las operaciones aritméticas respectivas y atento a lo expresado por dicho autorizado, que las cantidades que la autoridad responsable adujo devolvió, no concordaban con las que señaló la parte quejosa, ello si se tiene en cuenta las cantidades que refiere la parte quejosa le eran descontadas por los conceptos antes dichos, las que multiplicadas por el lapso habido entre enero de dos mil veinte a la fecha en que les fueron cubiertas las cantidades que la responsables dice les pago, en efecto no resultaban correctas. Derivado de lo anterior, se requirió de nueva cuenta al Instituto responsable, a efecto de que cumpliera a cabalidad y sin defectos, la ejecutoria de amparo. Finalmente, en atención al requerimiento efectuado por este juzgado, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el siete de septiembre de dos mil veintidós, el Delegado de las autoridades responsables, informó que quedaron cubiertos los pagos a la parte quejosa atinentes a los descuentos efectuados en su pensión por concepto de Reserva Técnica y Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad (servicio médico), ya que del oficio DNPJ/1419/2022, remitido a este juzgado se advierte el desglose pormenorizado e individualizado respecto de cada uno de los quejosos, en los cuales se determinan las cantidades descontadas a éstos desde el treinta y uno de enero de dos mil veinte, fecha que se fijó en los efectos de la sentencia de amparo, hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, último mes que se efectuó el pago de pensión a los quejosos, pues aquellos causaron baja por fallecimiento en el mes de enero de dos mi veintiuno, y por ende, cesaron las deducciones, por tanto, la operación aritmética realizada fue la suma de las cantidades descontadas mes tras mes a los quejosos desde la fecha precisada en la ejecutoria de amparo y hasta el último que se les descontó antes que éstos fallecieran por lo tanto, adujo la responsable, al no existir descuentos posteriores al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, no había más cantidades por devolver que aquellas que entregó ya a los quejosos por conducto de sus respectivos albaceas. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que las autoridades responsables dejaron de aplicar en perjuicio de la quejosa, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y, devolvieron las cantidades que se descontaron a la parte gestora del amparo respecto a su pensión con motivo de la aplicación de los citados numerales; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN En Mexicali, Baja California, a nueve de septiembre de dos mil veintidós, Roberto Aguirre Reyes, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, certifico que el presente expediente no está plena y debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable (i) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, el cual fue agregado mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Secretario Lic. Roberto Aguirre Reyes Juicio de Amparo 1268/2022 En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede, con el estado que guardan los presentes autos e informando que el día de hoy se señaló para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Conste. Mexicali, Baja California, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable (i) Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, el cual fue agregado mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las catorce horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es citado a continuación: "Registro digital: 170081 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 21/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 151 Tipo: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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