Lorenzo Ramírez López
Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lorenzo Ramírez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que hasta este momento se haya hecho valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. El juicio NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, pues no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de un asunto de trascendencia jurídica, política, social o económica. EL SUMARIO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se encuentra dentro del supuesto a que se refiere el inciso I, del punto Vigésimo Primero del Capitulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al haberse desechado la demanda. No obra documento en términos del punto Segundo, fracción XVIII del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta del quejoso, sin mayor pronunciamiento en razón de que por auto de veintitrés de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, PROVEÍDO QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el oficio de cuenta con el cual la Jueza responsable cumple el requerimiento formulado, al efecto se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley citada2 , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El quejoso reclama el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en ejecución de la sentencia del juicio de arrendamiento inmobiliario 23/2021, por el Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, donde requirió al accionante la entrega voluntaria del inmueble litigioso, bajo apercibimiento de lanzamiento en caso de no hacerlo. III. CONSIDERACIÓN PREVIA: En principio, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño. Se denomina tercero extraño a aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. De conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso carece de conocimiento del juicio incoado en su contra y se ve impedido para defender sus intereses, le recae tal carácter. Sin embargo, el hoy quejoso perdió tal calidad, pues como se advierte de las constancias anexas al oficio de cuenta -las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo-3 , se corrobora que es demandado en el procedimiento de origen, y que ha comparecido a defender sus derechos en diversas ocasiones, incluso mediante auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por interpuesto el recurso de apelación contra el fallo condenatorio, proporcionando así los datos de identificación de dicho juicio, como lo es el número de expediente, las partes y la autoridad ante la que se tramita. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De modo tal que a partir del conocimiento del juicio natural y sendos ocursos presentados ante la Jueza de origen, válidamente se puede corroborar que ya no desconoce los términos del proceso ni las causas de las determinaciones judiciales que motivaron la materia del acto reclamado, la autoridad que lo obsequió, así como la naturaleza de tal litigio y las obligaciones que fueron deducidas. Cobra aplicación, por analogía, la tesis IX.2o.6K, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, Tomo IV, Octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto." En consecuencia a criterio de este órgano, pone de manifiesto un conocimiento completo del acto reclamado. IV. Precisado lo anterior, el juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del 107, ambos de la ley respectiva que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De los numerales transcritos se advierte que contra actos reclamados derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede sólo contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, debe entenderse a aquella donde se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Lo que fue tomado en la jurisprudencia con número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En efecto, como última resolución dictada en la fase de ejecución, debe entenderse: aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la orden de archivo definitivo del expediente; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, el quejoso reclama el auto que ordenó la entrega voluntaria del inmueble litigioso en la etapa de ejecución de sentencia, dentro de un procedimiento donde no es tercero extraño pues como quedó demostrado, compareció al procedimiento natural a defender sus derechos, incluso abrió la segunda instancia para revisar las obligaciones sentenciadas. Por tanto, resulta claro que no se está ante la última resolución emitida en tal fase, puesto que tampoco se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo condenado, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, ni la orden de archivo definitivo del expediente, de tal suerte que las violaciones e irregularidades que aduce, podrá hacerlas valer al momento en que se dicte la última resolución que determine el cumplimiento de lo sentenciado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, Novena Época, Materia Civil, registro 178405, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." También la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 189344, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Consecuentemente, al no constituir los actos que reclama la parte quejosa la última resolución dictada en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, no es óbice a lo anterior que se encuentre transcurriendo el término concedido al quejoso para desahogar la prevención formulada, pues de la información remitida por la responsable, se advierten los elementos necesarios para proveer, por tanto, el desahogo que dé el impetrante, no cambiaría en nada el sentido de la postura formalmente asumible de éste Juzgador. En términos del ordinal 21 de la normatividad citada, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que promueve . contra actos del Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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