Lorenzo Rafael Avila Herrera

Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
11/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Rafael Avila Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil veintitrés. ...Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1). Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVlll y XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó haber cumplido con el principio de definitividad. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión, en el ámbito de sus respectivas competencias -como autoridad jurisdiccional y sentenciada-, de dar cumplimiento a la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio contencioso administrativo 306/20-24-01-4, del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De este modo, previo a acudir al juicio de amparo, resultaba necesario que la parte quejosa hubiera demostrado haber agotado el recurso de queja, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se afirma lo anterior, pues el referido recurso de queja constituye un medio de defensa que forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; tal como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS." Precisamente, así lo determinó la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 306/2021, en la que señaló que mediante el procedimiento establecido en dicho medio de defensa, una vez valorados los elementos que la autoridad condenada aportara, el órgano jurisdiccional correspondiente podía determinar: " Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento.  Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo.  Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto.  Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico." Luego, es que en dicho medio de defensa pueden plantearse las inconformidades que sostiene la parte quejosa en este juicio de amparo, respecto a que la sentencia en cuestión no ha sido cumplida, por lo que el mismo debe ser agotado previamente a reclamarse el incumplimiento de una sentencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo determinó la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dio origen la referida contradicción de tesis, consistente en el criterio 2a./J. 14/2022 (11a.), con registro 2024468, del contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." La cual resulta obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Debe precisarse además que dicho criterio fue emitido de forma genérica, sin que nuestro tribunal constitucional acotara su procedencia a los casos en que se reclama tal omisión de la sala responsable o las autoridades condenadas en el juicio contencioso administrativo, por lo que donde la norma aplicable no distingue, no puede hacerlo el juzgador. Así como que las razones que justificaron dicha determinación resultan obligatorias conforme al sistema de precedentes que establece el precepto 223 de la legislación en la materia en cita, siendo que las mismas razones expuestas en cuanto a aquellos casos en que se reclama la omisión de la autoridad demandada en cumplir la sentencia en el juicio de origen, resultan aplicables en el supuesto que se impugna tal omisión por parte de la autoridad jurisdiccional que emite la sentencia. Además, aun cuando se trate de un recurso que conoce la misma sala responsable, ello no configura una excepción al principio de definitividad, e incluso, se tiene que existen diversos medios de defensa previstos en otras legislaciones de los cuales conoce el mismo órgano jurisdiccional que emite una determinación -tales como los recursos de revocación, reconsideración o reclamación- los cuales igualmente tienen que ser agotados previamente a la promoción del juicio de amparo, de donde se obtiene que el quejoso estaba obligado a la interposición del medio de defensa aquí analizado. Siendo que sería un contrasentido con la teleología del criterio de análisis, el determinar que si el quejoso impugna en el juicio de amparo la omisión de cumplir una sentencia en un juicio de nulidad federal por parte de una autoridad condenada el mismo resultaría improcedente; y en cambio, que en el supuesto de que señale como responsable a la sala en cuestión, sí sería procedente, pues de razonarlo así, se reduciría tal criterio a un simple impedimento técnico, conforme al cual bastaría el descuido del señalamiento de la autoridad, para determinar la procedencia o no del juicio constitucional. Lo anterior cuando el sentido funcional del criterio de análisis es propiamente atender al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como medio excepcional de defensa, conforme al cual solamente puede ser promovido en supuestos exclusivos previstos expresamente por la norma -contra resoluciones finales o intermedias que afecten derechos sustantivos-, dentro de juicios ordinarios -civiles, familiares, agrarios, administrativos o de trabajo-, de allí que en este caso en específico al existir un recurso como el de queja, con el cual el actor en el juicio de origen puede impugnar la omisión de dar cumplimiento a una sentencia, hasta obtener una determinación final donde la sala determine su cabal cumplimiento, a fin de eventualmente -si se cumplen los supuestos de procedencia del juicio de amparo- promover un juicio constitucional en su contra para revisar dicha actuación, es que tenga que agotarse el mismo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, al resultar necesario un pronunciamiento de la responsable de que la sentencia definitiva se encuentra plenamente cumplida, lo cual se insiste, puede obtenerse mediante el medio de defensa de análisis. No se inadvierte que la parte quejosa manifestó que ya interpuso un diverso recurso de queja, no obstante, conforme al artículo 58, fracción II, inciso a), último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho medio de defensa -el previsto contra la omisión de cumplir una sentencia dentro del artículo 58, fracción II, inciso a), apartado 3- , puede presentarse en distintas ocasiones. Sin que con lo anterior se prejuzgue en cuanto a si en el juicio de nulidad primigenio se encuentra o no cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el mismo, ya que lo que se indica es que la aquí parte amparista se encuentra en aptitud de plantear mediante dicho medio de defensa ante la sala responsable su consideración en cuanto a que la sentencia no se encuentra aún cumplida, a fin de que emita un pronunciamiento en ese tópico, respecto del cual no puede sustituirse este juzgado al existir un medio idóneo para tal efecto el cual tiene que ser agotado previamente, dada la excepcionalidad del juicio de amparo. De allí que, la parte quejosa tuvo que haber agotado el recurso de queja de análisis, al poderse analizar en el mismo las cuestiones que pretende en el presente juicio de amparo, lo anterior, máxime que no se está en alguno de los casos de excepción establecidos en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, ya que conforme a lo manifestado por la parte quejosa, figura como parte del juicio de origen, y en tanto que el acto reclamado no se encuentra dentro de los establecidos como excepción para tal efecto, además que la ley de la materia claramente prevé la interposición del recurso de queja referido, aunado a que no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo, tal como fue dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) aludida, la cual resulta obligatoria en sus consideraciones. Luego, es que se actualiza el motivo de inejercitabilidad en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que el aquí quejoso no demostró haber agotado el medio de defensa ordinario previsto en contra de los actos que aquí reclama previo a la promoción del juicio de amparo, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda se aprecia tal cuestión. 3. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Cuauhtémoc número 8, colonia Amatitlán, de Cuernavaca, Morelos, así como por autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere. Y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere, en razón de que tienen su cédula profesional registrada en el sistema respectivo. Y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones derivadas del presente asunto, siempre y cuando se realicen con los usuarios que proporciona y se encuentren registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza el correo electrónico y los números telefónicos que refiere únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios - electrónica o en domicilio físico-, para tener por notificada a la parte quejosa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Notifíquese personalmente.

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