Lorenzo Puc Pat
Expediente 328/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Lorenzo Puc Pat
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el peticionario de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinte de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veinte de abril de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta, ****, apoderado del quejoso ****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en el Estado de Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 328/2018. El artículo 113 de la Ley de Amparo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, del análisis integral de la demanda se advierte que la misma carece de la firma autógrafa original del promovente ****, apoderado del quejoso *****, y no obstante, en la papeleta de turno aparece como observación lo siguiente: "OBRA FIRMA EN ESCRITO DE DEMANDA"; sin embargo, no se precisa la naturaleza de la misma, es decir, si fue en original, por el contrario, la que nos ocupa, así como sus copias, no poseen firma autentica. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de dicha Ley en relación con el artículo 6 de la misma. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada; lo cual implica la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada o, bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o huella digital, es un simple papel en que no se plasma la voluntad del promovente de presentarlo. Por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la invocada ley, ni al tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, como el escrito de demanda que se provee carece de la firma autógrafa original de *****, resulta claro que no está manifestada la voluntad de su autor en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar éste con el signo gráfico correspondiente a su firma sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que el o los actos jurídicos a que se hace referencia en el ocurso respectivo, constituyen manifestaciones de la voluntad de las personas que aparecen como suscriptoras. Máxime, que la firma autógrafa no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento, motivo por el cual es clara la actualización de la causa de improcedencia invocada y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de esa ley reglamentaria, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo supuestamente promovida por ****, apoderado del quejoso *****. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por así solicitarlo el promovente. Por otra parte, atento a la solicitud realizada por el quejoso, para efecto de que le sea devuelto la copia certificada del poder notarial exhibida en su demanda de cuenta, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de dicho documento, previa toma de razón que se asiente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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