Lorenzo Perez Romo
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lorenzo Perez Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 844/2022 remitido -vía correo electrónico institucional- por Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, a través del cual, acusa recibo de la misiva 906/2022 de dos de agosto de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió lo siguiente: ( El expediente original de la causa penal 189/2013 de su índice, con el cual se formó el anexo I del presente juicio. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó a la tercera interesada Ángela Salas Olivares -parte ofendida de origen-, por lista, el ocho de julio de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el once de julio siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del doce de julio al uno de agosto de la presente anualidad, previo descuento de los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en complemento a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( El expediente original de la causa penal 189/2013 de su índice, con el cual se formó el anexo I del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con la documental que se anexa. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso Lorenzo Pérez Romo y a la tercera interesada Ángela Salas Olivares -parte ofendida de origen-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a la fiscal tercera interesada, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Lorenzo Pérez Romo, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo a dicho juez responsable informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el dieciséis de junio del año en curso, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con el oficio el oficio 577/2022 y su anexo -número de registro 9672 de 2022, remitido por el referido juez-, se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Lorenzo Pérez Romo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares. Lo anterior, por encontrarse prescrita la acción penal y, por ende, se concedió al citado quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal; ello, en esencia, con base en lo siguiente: A. Que desde la emisión de la determinación de nueve de mayo de dos mil dieciocho -cuando el juez responsable, al estimar que el quejoso no cumplió con sus obligaciones procesales, ordenó su reaprehensión, hizo efectiva la garantía exhibida para gozar del beneficio de la libertad caucional y suspendió el procedimiento-, al momento en que fue reaprehendido con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, transcurrieron 3 años, 1 mes y 8 días; esto es, más de los tres años que se requerían para la actualización de dicha figura de extinción de la acción persecutoria en el caso en concreto. B. Que, justamente, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla, la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio, regla que también resulta aplicable para los delitos perseguibles por querella, una vez que ésta se presente o se formule. C. Que, en ese sentido, si la sanción máxima del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en el artículo 306, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla -por el cual se dictó el auto de formal prisión reclamado-, era de 2 años; entonces, era inconcuso que esa duración no superaba los 3 años que se requerían como mínimo para la prescripción de la acción penal, por lo que esos 3 años son los que debían tomarse como parámetro para efectuar el cómputo de la prescripción en el presente asunto. D. De ahí que si habían transcurrido 3 años, 1 mes y 8 días desde la emisión del mandato de captura de nueve de mayo de dos mil dieciocho a la fecha en que se dio cumplimiento al mismo, lo cual ocurrió el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, era inconcuso que se había actualizado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitiera una resolución en la que decretara la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, dictara auto de libertad en favor del quejoso sin reservas de ley. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante determinaciones emitidas el veintisiete de mayo del actual, dentro de la causa penal 189/2013 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Lorenzo Pérez Romo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 de su estadística, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitió una resolución en la que decretó la prescripción de la acción penal, el sobreseimiento de la causa y, en consecuencia, dictó auto de libertad en favor del quejoso sin reservas de ley. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal de origen; y, ii) luego, con base en la conducta penal imputada al quejoso, decretó la prescripción de la acción penal, el sobreseimiento de la causa y, en consecuencia, dictó auto de libertad en su favor sin reservas de ley. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso Lorenzo Pérez Romo, en cumplimiento al acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós; personalmente a la tercera interesada Ángela Salas Olivares -parte ofendida de origen-, en el domicilio donde fue emplazada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Lorenzo Pérez Romo, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo a dicho juez responsable informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el dieciséis de junio del año en curso, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con el oficio el oficio 577/2022 y su anexo -número de registro 9672 de 2022, remitido por el referido juez-, se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Lorenzo Pérez Romo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares. Lo anterior, por encontrarse prescrita la acción penal y, por ende, se concedió al citado quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal; ello, en esencia, con base en lo siguiente: A. Que desde la emisión de la determinación de nueve de mayo de dos mil dieciocho -cuando el juez responsable, al estimar que el quejoso no cumplió con sus obligaciones procesales, ordenó su reaprehensión, hizo efectiva la garantía exhibida para gozar del beneficio de la libertad caucional y suspendió el procedimiento-, al momento en que fue reaprehendido con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, transcurrieron 3 años, 1 mes y 8 días; esto es, más de los tres años que se requerían para la actualización de dicha figura de extinción de la acción persecutoria en el caso en concreto. B. Que, justamente, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla, la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio, regla que también resulta aplicable para los delitos perseguibles por querella, una vez que ésta se presente o se formule. C. Que, en ese sentido, si la sanción máxima del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en el artículo 306, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla -por el cual se dictó el auto de formal prisión reclamado-, era de 2 años; entonces, era inconcuso que esa duración no superaba los 3 años que se requerían como mínimo para la prescripción de la acción penal, por lo que esos 3 años son los que debían tomarse como parámetro para efectuar el cómputo de la prescripción en el presente asunto. D. De ahí que si habían transcurrido 3 años, 1 mes y 8 días desde la emisión del mandato de captura de nueve de mayo de dos mil dieciocho a la fecha en que se dio cumplimiento al mismo, lo cual ocurrió el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, era inconcuso que se había actualizado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitiera una resolución en la que decretara la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, dictara auto de libertad en favor del quejoso sin reservas de ley. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante determinaciones emitidas el veintisiete de mayo del actual, dentro de la causa penal 189/2013 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Lorenzo Pérez Romo el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 189/2013 de su estadística, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en los artículos 305 y 306, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Ángela Salas Olivares -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitió una resolución en la que decretó la prescripción de la acción penal, el sobreseimiento de la causa y, en consecuencia, dictó auto de libertad en favor del quejoso sin reservas de ley. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal de origen; y, ii) luego, con base en la conducta penal imputada al quejoso, decretó la prescripción de la acción penal, el sobreseimiento de la causa y, en consecuencia, dictó auto de libertad en su favor sin reservas de ley. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso Lorenzo Pérez Romo, en cumplimiento al acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós; personalmente a la tercera interesada Ángela Salas Olivares -parte ofendida de origen-, en el domicilio donde fue emplazada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
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