Lorenzo Pérez Córdova

Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Lorenzo Pérez Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por LORENZO PÉREZ CÓRDOVA; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase a la SALA REGIONAL DE TABASCO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con residencia en esta ciudad, el original del expediente 415/19-26-01-5, de su índice, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese.

  2. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 500/2021-4, promovido por Lorenzo Pérez Córdova. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. La instrumental de actuaciones consistente en el original del expediente 415/19-26-01-5, el cual la sala responsable anexó a su informe justificado, el cual obra por cuerda separada en razón de su voluminosidad. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 500/2021-4, promovido por Lorenzo Pérez Córdova, contra actos de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial y en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Lorenzo Pérez Córdova, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de ejecutar la sentencia definitiva y de queja por defecto en el cumplimiento de la aludida sentencia dictadas en autos de expediente 425/2019-26-01-5. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. 2 Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda respecto a la autoridad responsable denominada Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por otra parte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 500/2021-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de oficio; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de ejecutar la sentencia definitiva y de queja por defecto en el cumplimiento de la aludida sentencia dictadas en autos de expediente 425/2019-26-01-5 TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Sala Regional Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; y remitió original del expediente 415/2019-26-01-5 de su índice, que obra por cuerda separada al expediente y a disposición de las partes para su consulta. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él. En este contexto, es inexistente el acto reclamado toda vez que de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que en el proveído de tres de mayo de dos mil veinte (fojas 106 del tomo de pruebas), el Tribunal tuvo por recibido el oficio DET/UJ/1090/2021 a través del cual el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSTE), en representación de la autoridad demandada, en cumplimiento a la sentencia de queja de nueve de octubre de dos mil veinte, anexó copia de la resolución contenida en el oficio SP/0150/2021 de nueve de marzo del presente año, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ordenó dar vista a la parte actora con el cumplimiento dado por la demandada para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, de igual forma instó al ahora quejoso para que cumpliera lo requerido por la aludida demandada; esto es para que presente copia simple de su cedula fiscal, para ésta esté en aptitud de cumplir la sentencia definitiva. Ahora bien, en el oficio SP/0150/2021 de nueve de marzo del presente año, signado por el Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, determinó: "Por lo anterior tenemos lo siguiente: Derivado de lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto en LA SENTENCIA DE QUEJA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 Y LA SENTENCIA DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ARTÍCULO 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, le comunico que su cuota diaria de pensión de acuerdo al incremento del salario mínimo debió incrementar a $407.67, cuota pensionaria que resulta mayor a $315.78, por lo anterior se instalará en el mes de MAYO la cuota resultante de los incrementos correctos, con efecto retroactivo el mes de ABRIL del presente año. Se le requiere a la parte actora C. LORENZO PÉREZ CÓRDOVA para que después de que se le notifique la presente resolución presente copia simple de su cedula fiscal, requisito indispensable para proceder a materializar la cantidad que se le ha retenido. Con base en lo anterior se girará atento oficio al jefe de Departamento de Finanzas, para que a la brevedad posible elabore el cheque por la cantidad de $159,678.05 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) a C. LORENZO PÉREZ CÓRDOVA". (Foja 105 del tomo de pruebas). De lo anterior, se obtiene que la demandada en cumplimiento a la referida sentencia de queja y sentencia definitiva estableció la cuota diaria de pensión de acuerdo al incremento del salario mínimo debió incrementar a $407.67, requirió al ahora quejoso para que presente copia simple de su cedula fiscal, y hecho lo anterior, girará atento oficio al Jefe de Departamento de Finanzas, para que a la brevedad posible elabore el cheque a su favor por la cantidad de $159,678.05 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.). Por lo anterior, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veinte de mayo de dos mil veintiuno-, la parte quejosa aun no había contestado la vista que la autoridad responsable le formuló en proveído de tres de mayo del año en curso, y tampoco había exhibido copia simple de su cedula fiscal requerida por la ahora autoridad tercero interesada a fin de ésta estuviera en aptitud de elaborar el cheque por la cantidad correspondiente al pago de las diferencias por los incrementos que resulten de los aumentos de la cuota diaria de pensión a favor de la parte actora, por lo que el tribunal responsable no se encontraba en aptitud legal para ejecutar la sentencia correspondiente. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lorenzo Pérez Córdova, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL DE TABASCO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en el original del expediente 415/19-26-01-5, de su índice; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por el quejoso, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, hasta en tanto el informe justificado obrara en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, constante de un tomo, manéjese ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual LORENZO PÉREZ CÓRDOVA, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la SALA REGIONAL DE TABASCO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 500/2021-4. SE DESECHA POR AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, parte de la premisa que aquel no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 415/19-26-01-5, tramitado ante la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que es parte demandada, el quejoso reconoce la relación laboral que existió entre él y la citada autoridad, lo que supone, se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, como ocurre en el caso, por lo que no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, aquí parte quejosa. Al respecto, es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2007066, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 699, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." De las propias manifestaciones formuladas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio antes referido se encuentra en proceso de ejecución de sentencia y que la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es quien realiza los actos tendentes a ello, conforme a los instrumentos legales con que cuenta para tal efecto, de tal suerte, que es esa instancia quien debe exigir su cumplimiento, sin que en el caso se advierta la existencia de una resolución en que esa Sala haya determinado la imposibilidad de ejecutar la sentencia. En apoyo a lo anterior, igual por razón jurídica, se cita la Jurisprudencia 2a./J.34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 53, abril de 2018, Tomo I, Página 478, Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Laboral, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo anterior, no ha lugar a tener como autoridad responsable al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por ende, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a aquel, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación al 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el segundo de los mencionados interpretado en sentido contrario. ADMISIÓN DE DEMANDA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda respecto de la autoridad restante. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo anterior, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio de oficio, emplácese al citado tercero interesado; adjuntando una copia simple de la demanda de amparo, para que en caso de que lo estime conveniente, se apersone a juicio a hacer valer sus derechos, informándole que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señalada en líneas anteriores. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto: La instrumental de actuaciones La presuncional legal y humana Probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que integra el expediente 415/19-26-01-5, que deberá remitir la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto ésta haga lo propio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa designando como autorizados a las personas que menciona en su demanda, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene solicitando las notificaciones, vía electrónica y se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal de línea con el nombre de usuario: "JLCeballos". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Y al actuario judicial adscrito a este juzgado, realice las notificaciones personales inherentes al presente asunto por vía electrónica. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las demás partes para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.

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