Lorenzo Montiel de la Cruz

Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
541/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Montiel de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 1178/2023-III, en razón de la competencia legal planteada por dicho órgano jurisdiccional. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por...regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 541/2023-II-2. Pronunciamiento en relación con la competencia planteada. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de seis de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, estimó carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo, aduciendo que la parte quejosa señaló como acto reclamado a la Agencia Noventagésima Sexta Investigadora de UEIDMS, de la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, la omisión de proveer la petición contenida en el escrito de veinte de octubre de de dos mil veintitrés, relativa a la devolución del vehículo automotriz de su propiedad, marca Toyota, tipo Corolla Cross, modelo, 4 cilindros, con número de serie 7MUBAAAG7NV011448 y/o la orden de aseguramiento o posible aseguramiento decretado sobre el referido vehículo la cual se deriva del escrito presentado el veintitrés de octubre del año en curso y que fue contestado en la misma data vía correo electrónico, dentro de la carpeta de investigación fed/femdo/ueidms-slp/0000538/2023; así como, del Secretario de la Defensa Nacional, del Jefe de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí, del Jefe del Grupo de la Guardia Nacional Comisionado en Ciudad Valles y en Tamasopo, San Luis Potosí, el impedimento de poder tomar posesión del vehículo de su propiedad, por instrucciones dadas por Agentes Federales y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, el homólogo federal expresó que los actos reclamados generan consecuencias positivas de plano fáctico, es decir, requieren ejecución material, puesto que uno deriva de un deber de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que, mientras subsista, se genera una violación a las formalidades del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta y, por el otro acto, por ser un aseguramiento, es considerado de los que requieren ejecución material, el cual, refiere que según lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda, tiene lugar en Tamasopo, San Luis Potosí, lugar en donde se encuentra el automotor asegurado. Por tanto, consideró que la ejecución de los actos reclamados tendrán lugar en la localidad en que este órgano jurisdiccional ejerce competencia por razón de territorio. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el juzgador declinante y, por ende, no se acepta la competencia planteada, por las razones que se exponen a continuación. PREMISA NORMATIVA. Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno de y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En este sentido, razonar sobre si un acto de autoridad requiere de ejecución material o no, depende de las consecuencias jurídicas que éste produzca; esto es, si es generador de un cambio en el estado de las cosas o en la situación jurídica o de hecho del particular; o, si por el contrario, no genera mutación en el ámbito fáctico o jurídico del gobernado. Lo anterior revela que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un procedimiento accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del procedimiento, como lo prevé el artículo 17 Constitucional. CUESTIÓN FACTICA. Así, en el caso, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, en la falta de exhaustividad del representante social de acordar lo relativo a la devolución del vehículo... En ese sentido, en los hechos relatados por el quejoso en su ocurso de demanda, éste señaló bajo protesta de decir verdad que el vehículo en cuestión lo dio en renta en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el cual, una vez que transcurrió el periodo correspondiente al arrendamiento del vehículo, al no haber sido entregado por parte de la persona que lo alquiló, procedió a hacer uso del sistema de seguridad de geolocalización instalado en el mismo, el cual le arrojó que el automóvil se encontraba en las instalaciones de un hotel en Tamasopo, San Luis Potosí; que al intentar recuperarlo, le fue indicado que fue asegurado por la Agencia Noventagésima Sexta investigadora de UEIDMS, de la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México. De ahí que, si la ejecución del acto reclamado inició en el lugar donde se dio en arrendamiento el vehículo de que se trata, luego fue localizado en el hotel y después fue objeto del aseguramiento respectivo, resulta inconcuso que acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio es la prevista en el segundo párrafo del citado numeral, pues el acto comenzó a ejecutarse en un lugar (Matamoros, Tamaulipas) y sigue ejecutándose en otro (Tamasopo, San Luis Potosí y Ciudad de México); por ende, es competente el Juez de Distrito en donde se presentó la demanda. Ante tal escenario, el quejoso puede optar válidamente por promover la demanda de amparo ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde dio en arrendamiento el citado automotor, sin necesidad de tener que trasladarse a un lugar lejano. En esos términos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, devuélvase este asunto al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, con auto inserto de la presente determinación; solicitándole se sirva informar a la suscrita la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

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