Lorenzo Martínez Guevara

Expediente 1774/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1774/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Lorenzo Martínez Guevara
  • LORENZO MARTÍNEZ GUEVARA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Finalmente, devuélvanse al Juez Municipal en Materia Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, las constancias que adjuntó a su oficio 1873/19, consistentes en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1066/2015 de su índice; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de octubre de dos mil diecinueve.  Parte quejosa cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio de *** -representante común-, se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído de diecisiete de septiembre del año en curso. Ahora, del escrito inicial de la demanda de amparo así como de su escrito aclaratorio, se advierten los siguientes datos. *** ? Desechamiento. Sentado lo anterior, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *** En ese contexto, se observa que la parte quejosa reclama: ? La notificación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. ? La actualización de liquidación de sentencia de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del referido juicio ejecutivo mercantil del índice de la responsable. ? Respecto del primer acto reclamado. Ahora bien, respecto al primer acto reclamado consistente en la notificación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, tomo 1, libro X, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2012, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. *** Igualmente es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. *** Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. *** Sentado lo anterior, en cuanto a la notificación del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se hizo de su conocimiento el contenido de la resolución emitida en el juicio ejecutivo mercantil ***, el catorce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la actualización de la planilla de liquidación del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, la parte promovente debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Para corroborar tal aserto, resulta oportuno tener presente lo previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: *** El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase, se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 del Código de Comercio. En ese orden, la legislación mercantil prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa debió promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación practicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de derechos inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Corrobora lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1775, del tomo XXIX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2009, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). *** Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. *** Igualmente es aplicable la Jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2005, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. *** En este contexto, respecto de la notificación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual se hizo de su conocimiento el contenido de la resolución emitida en el juicio ejecutivo mercantil ***, el catorce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la actualización de la planilla de liquidación, es incuestionable que estaba en condiciones de impugnar esa actuación a través del incidente de nulidad de notificaciones, en términos de lo dispuesto por la legislación mercantil. Se afirma lo anterior, dado que el citado incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitida la resolución, a fin de que se practique de nueva cuenta la comunicación judicial conforme a derecho, por ende, debe agotarse dicho incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo, aun cuando ya se haya declarado ejecutoriada la resolución materia de la notificación. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. *** Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al incidente de actualización de liquidación de sentencia relativo, puesto que compareció al juicio mercantil de origen, en el cual le reviste el carácter de parte demandada, por lo que quedó vinculada al procedimiento y debe someterse a las mismas reglas que las demás partes -lo que puede poner de manifiesto que conocía de ese medio de defensa-. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. *** También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. *** Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. *** Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio laboral, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente. ? Respecto del segundo acto reclamado. Ahora bien, tomando en cuenta que se desechó la demanda de amparo respecto a la notificación de la resolución del catorce de junio de dos mil diecinueve, al no haberse agotado el incidente de nulidad respectivo, entonces es dable concluir que tal notificación subsiste con plenos efectos legales, por lo que debe tomarse en consideración para determinar si el presente medio de control constitucional se promovió oportunamente en cuanto a la aludida interlocutoria. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. *** En ese contexto, respecto del segundo acto reclamado consistente en la actualización de liquidación de sentencia de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. A ese respecto, se transcribe lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Con base en las premisas indicadas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que la presente demanda de amparo se presentó fuera de los plazos establecidos en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: *** Conforme a los citados artículos de la Ley de Amparo, por regla general, el plazo para interponer la demanda de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, III. Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Atento a lo anterior, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. *** En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos, puesto que las consideración expuestas párrafos que preceden ponen en evidencia que no agotó el incidente de nulidad para verificar la legalidad de la notificación practicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación a la parte quejosa del acuerdo que reclama. Lo anterior, ya que de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil de origen, se advierte que la interlocutoria reclamada se notificó a los quejosos mediante la lista el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tal como lo revela la siguiente reproducción: *** Asimismo, dado que se desecha la demanda de amparo en contra de la notificación en comento, se reitera que se estima apta para determinar la oportunidad del presente medio de control constitucional. Entonces, el plazo de quince días para interponer el juicio de amparo en contra de la resolución reclamada debe contarse a partir del día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación en cuestión y para determinar ese momento, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 1075 del Código de Comercio, que prevé cuándo surten sus efectos las notificaciones en los juicios mercantiles, el cual dispone lo siguiente: De la transcripción anterior, se advierte que en los juicios mercantiles las notificaciones practicadas por medio de las listas, surten sus efectos al día siguiente en que se hayan practicado, si la notificación del acuerdo reclamado se efectuó el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, surtió sus efectos el día siguiente, esto es, el diecinueve del mismo mes y año, por tanto, el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinte de agosto al nueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontándose del cómputo respectivo los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como lo pone de manifiesto el siguiente cuadro: *** En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de septiembre del dos mil diecinueve -según se advierte de la papeleta correspondiente-, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado consistente en la interlocutoria dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, emitida el catorce de junio de dos mil diecinueve, respecto a la actualización de la planilla de liquidación, fue consentido tácitamente. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** Por lo anteriormente expuesto, es que al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación federal, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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