Lorenzo Leal Diaz Barriga
Expediente 1509/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lorenzo Leal Diaz Barriga
Actuaciones
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. TRAMITACIÓN CUADERNO ÚNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en el cuaderno principal y de acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y Artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-1509/2023-Y, promovido por Lorenzo Leal Díaz Barriga, Laura Corral Guizar, Christian Lorenzo Leal Corral y Laura Lucero Leal Corral, por propio derecho y como persona física y además en cuanto a socios de la persona moral denominada "Productor Agrícola Lecor", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, en su carácter de propietaria del predio rustico denominado "El Salitre", ubicado como fracción Tres, número de predio 004952, ubicado en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. 2. SOLICITUD DE INFORMES: Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144 de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente acuerdo. De acuerdo con el artículo 140 de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía postal o telegráfica al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; o preferentemente al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Asimismo, que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen de acuerdo con el artículo 142 de la ley reglamentaria vigente. 3. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: Ahora bien, respecto de la orden de citación, comparecencia, detención, procede realizar el siguiente análisis: Con fundamento en los artículos 128, 136, 138, 147 y 165, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida ni obligada a presentarse ante la autoridad ministerial responsable; asimismo, en caso de la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, la parte quejosa deberá ser puesta en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición. Lo anterior, acorde con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La suspensión se concede porque con esta medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que ello no paraliza la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación de origen, ya que la presentación de la parte quejosa, no es un requisito indispensable para la integración de la misma, por lo que la suspensión decretada no impide continuar el procedimiento respectivo hasta antes del ejercicio de la acción penal. En cambio, de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación en virtud de que el cumplimiento de la orden privativa de libertad de la parte indiciada para que declare dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación, si así lo estima conveniente, si bien no tiene como propósito lograr su detención, cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad personal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 86/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.". En el entendido de que la anterior concesión no impide que la parte quejosa comparezca voluntariamente al desahogo de las diligencias que se lleven a cabo dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación de origen. La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los siguientes requisitos: Deberá exhibir ante y a satisfacción de este juzgado, cada quejoso, dentro del término de cinco días, garantía por cuatro mil pesos, -es decir, ochocientos pesos por cada una de las autoroidades administrativas señaladas como responsables - que podrán exhibir en cualquiera de las formas autorizadas por la ley para garantizar su devolución, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual se fija de manera discrecional por no contar con la información para decretarla de manera determinada. Todo lo anterior, acorde con lo establecido en los artículos 162 y 167 de la Ley de Amparo, para garantizar que la parte peticionaria de amparo pueda ser devuelta a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal solicitada; ello, sin perjuicio de decretar diversas medidas de aseguramiento adicionales a las señaladas que se estimen o se advierta que deban imponerse, acorde a las circunstancias del caso concreto, en uso de las amplias facultades que los aludidos preceptos conceden al juzgador federal para determinarlas y que convenga pertinentes para evitar que la parte indiciada se sustraiga de la acción de la justicia, que no se causen perjuicios a terceros, al interés social y para no transgredir disposiciones de orden público. Se apercibe a la parte peticionaria de amparo que de no cumplir con la medida de aseguramiento, se comunicará a las autoridades responsables que están expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, respecto a las manifestaciones que realiza en el sentido de que ".al tratarse de actos que importan peligro de privación de la libertad y de la vida, por su transgresión directa al derecho humano a la libertad personal y como consecuencia al derecho humano a la vida al poderme someter a actos de tortura o tratos inhumanos que pudieren traer como consecuencia mi muerte, para que en su caso me sea otorgado la suspensión de plano y de oficio(.)", con fundamento en el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, pues el acto reclamado no resulta jurídica y materialmente susceptible de ser suspendido. Se explica, dicha determinación se produce porque las consecuencias que refiere tienen el carácter de futuras pues se necesita que las autoridades responsables realicen alguno de los diversos actos que reclama, por lo que resulta improcedente la concesión provisional. Misma determinación se asume, respecto de la orden de aseguramiento del predio rústico denominado "El Salitre", identificado como fracción tres, número de predio 004952, ubicado en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, lo anterior, porque del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que el treinta y uno de octubre de este año recibió por medio de la aplicación "Whats app", una foto de un citatorio dirigido al propietario o poseedor del predio rústico antes indicado, en el que se solicitaba su comparecencia a efecto de ingresar a dicho predio para su aseguramiento. De igual forma, se advierte en el primer punto del capítulo de los conceptos de violación que realizó que la autoridad ministerial solicitan el acceso a dicho predio para realizar las diligencias necesarias para la integración de una carpeta de investigación, de lo expuesto, se concluye que el acto que reclama -orden de aseguramiento- a la fecha no se ha materializado, menos aún se tiene la certeza de que el mismo se vaya a llevar a cabo. En virtud de lo anterior, se niega la suspensión provisional, en virtud de que los efectos para los que la solicita la parte quejosa tienen el carácter de actos futuros e inciertos y de otorgarse la medida cautelar, se estaría otorgando respecto de actos de los cuales no se tiene la certidumbre sobre su realización ni forman parte de los actos originalmente reclamados en la demanda. Sustenta lo anterior, la tesis localizable en la página 1902, Tomo LVIII, Primera Sala, Quinta Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido literal es el siguiente: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa, asimismo, como está ordenado en el juicio principal, se ordena agregar al presente incidente copia certificada de las mismas, sin perjuicio de tomarlas con consideración al momento de resolver en definitiva la incidencia en que se actúa. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." 7. NOTIFICACIONES: Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. También, se le tiene autorizando únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que indica. En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 8. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el veintitrés de noviembre del presente año, se ordenó prevenir a la parte quejosa para que exhibiera los documentos fehacientes con los que acredite el carácter que dicen tener, así como el de la persona moral, o bien, que así lo tienen reconocido ante la autoridad responsable; lo anterior, debido a que tanto en la papeleta, en los sellos de recibidos, como en las constancias anexadas a la demanda, se advierten que las mismas son en copia simple de la escritura pública en la que acreditan el carácter. Sin embargo, de las constancias de traslado se advierte que exhibieron copia cotejada de la escritura pública número seis mil seiscientos doce; por tanto, se tiene por satisfecho ese requisito y con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho y como personas físicas y además en cuanto socios de la persona moral denominada ********************, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, en su carácter de propietaria del predio rústico denominado ********************, ubicado como ********************, número de predio ********************, ubicado en el municipio de ********************, carácter que acreditan con las constancias que adjuntan a la demanda, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a ********************sin perjuicio de que posteriormente señalen a diverso quejoso. De conformidad con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, así como 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único de incidente de suspensión, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro. 2. SOLICITUD DE INFORMES: De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir de la manera siguiente: Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada, íntegra, así como perfectamente legible de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables cuentan con la potestad más amplia para rendir su informe con la mayor celeridad posible, en aras de una pronta y efectiva impartición de justicia, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad de otorgar a las demás partes la vista que prevé el artículo 117 ya referido y con ello, en su caso, evitar un eventual diferimiento de la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; verbigracia, cuando los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación. Como lo establecen los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. Deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen o acto reclamado en sí, se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en su origen, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas, precisando en su caso las particularidades respectivas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado, así como su debida certificación en ese sentido; y, 3. Observen que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente o constancias respectivas en formato original, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro de las documentales o pruebas que en algún otro formato alleguen al juicio, ya que en el supuesto de que les resulten necesarias para realizar alguna actuación posterior, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso, sustanciar el recurso de revisión que se llegue a interponer en autos, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad obtener las reproducciones conducentes para su resguardo. 3. APERCIBIMIENTOS: Se formula apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendir el informe justificado en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que haya correspondido conocer del mismo, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales por su propia y especial naturaleza que adjunta la parte quejosa a su escrito de demanda, las cuales se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa exhibió las copias necesarias para realizar el cotejo de los documentos que en copia cotejada anexó a su escrito de demanda, se ordena realizar la compulsa correspondiente de los mismos para que una vez hecha la misma se agreguen al incidente de suspensión derivado del presente juicio y surta los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." 7. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: Se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. 8. NOTIFICACIONES: De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 9. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 10. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 11. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 653/2023, promovido por Melecio Hernesto Juárez Fuentes, contra omisiones de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el treinta de mayo de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Melecio Hernesto Juárez Fuentes, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra omisiones de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y del Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que estimó violatorias de los derechos tuteladas en los artículos 1, 4 y 123 constitucionales. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este juzgado, razón por la que en auto de treinta de mayo del año en curso (foja 10) se tuvo por recibida, se ordenó su registro con el número 653/2023 y se decretó la suspensión de plano en favor del quejoso en los términos siguientes: "(.) En tal virtud, respecto del acto atribuido al Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de proporcionarle la atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de Bloqueo AV (aurículo-ventricular) Bradiarritmia Sinusal, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Melecio Hernesto Juárez Fuentes de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento cardiaco que le aqueja y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlo en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcione la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato (tratamiento de hemodiálisis). En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. Sin que en el caso el suscrito desatienda lo manifestado por el quejoso, en el sentido que desde noviembre de dos mil diecinueve dejó de recibir atención médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, lo que resultó de su despido laboral; al contrario, para el otorgamiento de esta medida cautelar, quien resuelve atiende a lo manifestado por el peticionario del amparo, en el sentido que actualmente está instaurado el juicio laboral 60/2020, que promovió sobre despido injustificado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual ya se declaró cerrada la etapa probatoria y únicamente se encuentra pendiente de emitir el laudo; asimismo, a lo manifestado en el sentido que la junta responsable ha sido omisa en pronunciarse con relación a la posibilidad de que el quejoso continúe recibiendo atención médica, debido a que así lo requiere por su padecimiento cardiaco y porque tiene un marcapasos. Por ello, para la emisión de esta medida cautelar, quien resuelve atiende a la probabilidad que tiene el peticionario del amparo de obtener sentencia favorable en el juicio laboral 60/2020, y a que, con motivo de ello, se condené a la parte demandada al otorgamiento de todas las prestaciones inherentes a la seguridad social que correspondan, incluyendo desde luego, la relativa a la atención médica, lo que configura la apariencia y verosimilitud de los derechos invocados en esta instancia de amparo. Precisado lo anterior, se requiere al Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas rinda a este órgano jurisdiccional informe sobre el cumplimiento que dé a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido se tramitara el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo, que imponen incluso penas privativas de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas. (.)" De la misma forma, dado que la demanda fue presentada de manera electrónica con la firma electrónica del autorizado del quejoso, en el propio auto se ordenó requerirlo para que manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su nombre; lo que realizó ante la fe de la Actuaria adscrita a este juzgado, a través de video llamada realizada el cinco de junio del año en curso, en la que previamente se identificó y manifestó expresamente su deseo de ratificar la demanda (foja 26). Por ello, el nueve de junio siguiente (foja 44), se admitió a trámite la demanda, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se requirió el informe justificado a las autoridades responsables. Seguido el juicio por su cauce legal, el treinta y uno de octubre de este año (foja 149) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en términos del acta que antecede; y; CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que las omisiones reclamadas no requieren ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de las omisiones reclamadas. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, las omisiones reclamadas por la parte quejosa consisten en: ( Al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de ordenar como medida precautoria al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en cuanto demandada, dar atención médica al quejoso, debido al padecimiento cardiaco que sufre por enfermedad profesional, a pesar que así lo solicitó dentro del expediente ordinario laboral número 60/2020; y, ( Al Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de proporcionarle la atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de Bloqueo AV (aurículo-ventricular) Bradiarritmia Sinusal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de las omisiones reclamadas. Son ciertas las omisiones de las que se duele el peticionario del amparo, ya que así se desprende de los informes justificados que obran a fojas 58 y 130, así como de las constancias remitidas por ambas responsables. Lo que resulta de ese modo, por lo que corresponde a la omisión reclamada a la junta responsable, ya que, aunque dicha responsable haya manifestado que la omisión reclamada no existe, dado que el quejoso nunca solicitó como medida cautelar la asistencia médica mientras duraba el juicio laboral de origen; lo cierto es que, de las propias constancias que remitió, específicamente de la demanda, se advierte que en el antecedente cuarto, realizó esa solicitud e incluso, argumentó que la misma era necesaria para atender su mal cardiaco (foja 61): Por esa razón, corresponde tener por acreditada la existencia de la omisión atribuida a la junta responsable. En tanto que, por lo que toca a la omisión atribuida al Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en no proporcionarle la atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de Bloqueo AV (aurículo-ventricular) Bradiarritmia Sinusal, se impone considerarla existente, pese a la negativa que expresó al rendir su informe justificado, ya que en autos está acreditado que no fue sino hasta el treinta de mayo de dos mil veintitrés, que en cumplimiento a lo ordenado en la suspensión de plano decretada por el suscrito, se dio de alta al quejoso en su vigencia de derechos como trabajador: Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por ciertas las omisiones reclamadas a las citadas responsables. Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia; sin embargo, en este apartado corresponde precisar que el hecho que en autos esté acreditado que el Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, dio de alta al quejoso en su vigencia de derechos como trabajador, no tiene como consecuencia conducir a concluir que ha operado una cesación de efectos de los actos reclamados. Primeramente, porque se reitera la alta del quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se realizó en estricto cumplimiento a lo ordenado en la suspensión de plano decretada por el suscrito el treinta de mayo de dos mil veintitrés; de modo que, si este juzgador decreta el sobreseimiento de este juicio, al causar ejecutoria esa sentencia, se dejaría sin efectos la vigencia de esa medida cautelar, sin que se haya realizado un estudio en el que se determine por principio, si el quejoso tiene o no derecho a recibir esa atención médica mientras dura el procedimiento del juicio laboral de origen. Como segunda razón y más importante, se tiene que al emitir la determinación de treinta de junio del año en curso dentro del juicio laboral de origen, la junta responsable pretendió subsanar la omisión incurrida y ordenó dar de alta al quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estableciendo expresamente en esa determinación, que era en estricto cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el suscrito en este juicio: Por las mismas razones, si la junta responsable al pronunciarse respecto de la omisión reclamada por el quejoso, señaló que su alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, obedecía al cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el suscrito en este juicio, es evidente que tampoco respecto de ese acto se configura la causal del improcedencia relativa a la cesación de efectos, ya que se insiste, si este juzgador decreta el sobreseimiento de este juicio, al causar ejecutoria esa sentencia, se dejaría sin efectos la vigencia de esa medida cautelar, sin que se haya realizado un pronunciamiento de instancia, en el que se determine si el quejoso tiene o no derecho a recibir esa atención médica como medida cautelar dictada en el juicio laboral de origen. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Análisis de la constitucionalidad de las omisiones reclamadas. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, en suplencia de la queja deficiente, el suscrito juzgador advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con todo y que haya emitido el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, a través del que ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en cuanto demandada, dar atención médica al quejoso, continúa actualizando en su perjuicio, la omisión inicial del que éste se duele en el amparo, en la medida que hasta la fecha no se ha pronunciado respecto de la procedencia de esa medida precautoria, conforme a las facultades que le confiere el ordenamiento laboral al que está sujeto. Se explica. Primeramente, debe señalarse que como ya se anotó anteriormente, al emitir la determinación de treinta de junio del año en curso dentro del juicio laboral de origen, la junta responsable pretendió subsanar la omisión incurrida y ordenó dar de alta al quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estableciendo expresamente en esa determinación, que era en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el suscrito en este juicio: Lo que como ya también se indicó, conduce al suscrito a concluir que a la fecha no existe un pronunciamiento en el que la junta responsable, conforme al marco normativo aplicable en el juicio laboral de origen, determine con libertad de jurisdicción, si en efecto, la medida cautelar que el quejoso solicitó para que mientras dure el juicio laboral de origen, se le continúen brindado los servicios médicos que requiere para la atención del padecimiento cardiaco que lo aqueja, es o no procedente. Entonces, como en el auto de treinta de junio del año en curso, la junta responsable se limitó a ordenar que se dé de alta al quejoso en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que ocurre es que en realidad no está emitiendo un pronunciamiento congruente con lo solicitado por el quejoso en el antecedente cuarto de la demanda que dio origen a la controversia laboral de origen, ya que no emitió una respuesta apoyada en sus propias facultades y normativa, a la pretensión que el quejoso hizo valer vía medida cautelar, sino que solamente se limitó a ordenar el alta del quejoso, apoyado en el mandato emitido por este suscrito en la suspensión de plano. De esta manera, una respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso solo podía considerarse de ese modo, si a la luz de su propia normativa laboral, hubiera emitido en el sentido que estimara procedente, la respuesta al planteamiento jurídico realizado por el quejoso en el sentido que mientras se resolvía el juicio laboral de origen, se le continuaran brindado los servicios médicos que requiere para la atención del padecimiento cardiaco que lo aqueja. Lo que resulta de ese modo, de conformidad con el principio de congruencia, cuyo propósito es asegurar que el operador jurídico sólo pueda pronunciarse respecto de lo discutido, y que no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque la decisión judicial debe tomarse de acuerdo con las pretensiones y excepciones probadas en el proceso. Luego, al no haberlo hecho así, es evidente que la junta responsable faltó a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, al emitir un acto que no está fundado en ley, es decir, que no tiene apoyo en preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establecen la hipótesis para generar su emisión; opuestamente, la responsable sólo se limitó a involucrar como motivación de ese auto, el mandato judicial emitido por este juzgado en la suspensión de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por lo expuesto, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de treinta de junio de dos mil emitido dentro del expediente ordinario laboral número 60/2020; y, En su lugar, emita otro en el que purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción y aplicando su propia normativa laboral, se pronuncie respecto de la procedencia de la medida precautoria para que la parte demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), continúe proporcionando atención médica al quejoso durante toda la tramitación del juicio ordinario laboral número 60/2020. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Melecio Hernesto Juárez Fuentes, contra las omisiones reclamadas a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y al Delegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, descritas en el considerando segundo y por los motivos y para los efectos expuestos en el diverso quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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