Lorenzo Lazaro Dominguez Luengas

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Lorenzo Lazaro Dominguez Luengas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 96/2018, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el punto Décimo Primero, último párrafo, del referido Acuerdo General Conjunto, en su caso, hágase del conocimiento del promovente que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que obran en autos, apercibida que de ser omisa, serán destruidos junto con el sumario constitucional en que se actúa, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto en mención. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Registro Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 022169/2018 96/2018 23893647 **** ****** Autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ténganse como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que para tal efecto señala en el escrito de cuenta. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ********** Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a establecer los actos reclamados en este asunto, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa La omisión de requerir el cumplimiento a la autoridad Delegado en la Zona Sur del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como a la resolución de queja de veinticuatro de septiembre del mismo año, ambas emitidas en el juicio de nulidad 25651/17-17-12-6, del índice de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2. Delegado en la Zona Sur del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como a la resolución de queja de veinticuatro de septiembre del mismo año, ambas emitidas en el juicio de nulidad 25651/17-17-12-6, del índice de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Causa de improcedencia. Artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Improcedencia. Principio de definitividad cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto establece que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea posible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, pues de lo contrario el juicio de amparo será improcedente. Asimismo, se precisa que esta causal de improcedencia no se actualiza cuando se esté en algunos de los supuestos de excepción que el propio precepto establece. Esta causa de improcedencia se previó desde la Ley de Amparo abrogada, en el artículo 73, fracción XIII. Sobre su interpretación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el espíritu de su creación obedece al carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, el cual tiene como función específica la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por tanto, el legislador restringió la procedencia de dicho medio de control extraordinario únicamente a los casos en que se hayan agotados todos los recursos ordinarios o la ley no conceda remedio alguno para reparar la violación en la vía común. En ese sentido, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y solo en caso de no obtener resolución favorable el juicio de amparo será procedente; de lo contrario el amparo se convertiría en un recurso ordinario más y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta época, con números de registros 287344 y 338340, de rubros: "RECURSOS PENDIENTES." "AMPARO." En ese sentido, en la contradicción de tesis 83/2018, fallada en sesión de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad, el cual exige que el quejoso acuda en primer término a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Para explicar su alcance, en el amparo en revisión 141/2012, la Primera Sala precisó que recurso o medio de defensa es aquel instrumento establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado. Igualmente, en la contradicción de tesis 216/2014, resuelta en sesión de seis de agosto de dos mil quince, el Tribunal Pleno señaló que el referido principio de definitividad también alude a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios legalmente previstos en las leyes que los rijan y que necesariamente deben agotarse previo a la instauración del juicio de amparo. De esa manera, el juicio de amparo, por regla general, solo será procedente cuando previamente la parte promovente haya agotado el recurso ordinario que se establezca en la ley, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo este contexto, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio deben concurrir los siguientes requisitos: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas legal y jurisprudencialmente. En cuanto al último punto, debe destacarse que el principio de definitividad no opera de manera absoluta, pues tanto el legislador como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que cuando estén en peligro ciertos derechos sustantivos que son necesarios y legítimos de proteger o se esté ante determinados supuestos de extraordinaria gravedad, los gobernados pueden optar por promover el juicio de amparo sin agotar los recursos ordinarios. Estos supuestos de excepción son los siguientes: Por disposición legal: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional. Cuando el fundamento legal del recurso o medio de defensa sea insuficiente para determinar su procedencia, incluida la falta de previsión expresa del recurso. Por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales se encuentran previstos en un reglamento y no en una ley. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa no tengan por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Cuando el recurso no sea adecuado, eficaz, expedito, oportuno u obligatorio. Cuando en la tramitación del recurso no se prevéa la intervención de la parte contraria al recurrente. Cuando se trae de un medio de defensa que no suspende la ejecución del acto reclamado. En los casos en los que el quejoso no haya sido emplazado a juicio. Cuando la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando el acto reclamado deriva de un asunto relativo a la restitución internacional de menores. En los casos en los que esté involucrado un menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario no admita la suspensión del acto y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. Finalmente, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es necesario agotar los recursos ordinarios, previo a la promoción del amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, en los siguientes casos: Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Contra el auto dictado por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la etapa de ejecución del laudo, en que se resuelve la prescripción de la acción para ejecutarlo, procede recurso de revisión. Contra la resolución dictada por el Presidente de la Junta que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido (acto dictado en etapa de ejecución), procede el recurso de revisión. Contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata. Contra la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto. Contra la interlocutoria de liquidación de costas derivada de un juicio sumario, procede recurso de queja. Contra actos posteriores al dictado de la sentencia, procede incidente de nulidad de actuaciones. Contra las resoluciones de primera instancia que deciden sobre la nulidad del registro de traslado de dominio ante el Registro Agrario Nacional, procede recurso de revisión. Contra la liquidación de gastos y costas en materia mercantil, aun cuando la sentencia relativa comprenda la liquidación de intereses, procede recurso de apelación. En materia de personalidad, dentro del juicio, las partes deben agotarse los medios ordinarios de defensa oponiendo las excepciones y defensas que establece la ley respectiva. Contra el estudio de personalidad dictado dentro del auto de término constitucional, cuando se reclama por vicios propios, procede recurso de apelación. Contra la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética), cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana y siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones al artículo 16 constitucional, procede recurso de apelación. Asimismo, determinó que no es necesario agotar el principio de definitividad cuando se reclamen los siguientes actos: La identificación administrativa (ficha signalética) ordenada en el auto de término constitucional, cuando las legislaciones procesales no prevean de manera expresa la procedencia de un recurso o medio de defensa. Contra el auto que apercibe al procesado con revocar su libertad provisional bajo caución. Contra la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil. Contra la ilegal notificación de un auto o resolución emitidos por el agente del Ministerio Público durante la averiguación previa. Contra de la resolución dictada en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Contra la orden de reaprehensión y su ejecución. Cuando un posible heredero impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicable. Para efecto de estar en aptitud de verificar si en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, conviene precisar brevemente los antecedentes del asunto. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso promovió juicio de nulidad en contra de la resolución de concesión de pensión emitida por el Delegado en la Zona Sur del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del asunto conoció la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien mediante sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho declaró la nulidad de la resolución impugnada, para determinados efectos. En atención a lo anterior, la quejosa, interpuso recurso de queja el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), punto 1), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pues consideró que existía defecto en el cumplimiento. Seguida la secuela procesal, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala emitió resolución en el sentido de declarar fundada la queja y, en consecuencia, requirió a la autoridad responsable para que en el término de veinte días diera cabal cumplimiento a la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho. En contra de la omisión del Delegado en la Zona Sur del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de acatar los fallos reseñados, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se advierte que los actos reclamados se hacen depender de la omisión de la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de hacer cumplir tanto la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, como la resolución de queja de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, conforme al artículo 58, fracción II, inciso a), punto 1), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, este Juzgado estima que el principio de definitividad, desarrollado previamente, no se ha agotado, ello pues si bien se interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que aquél fue en términos del supuesto contenido en la fracción II, inciso a), punto 1), relativo a la impugnación del cumplimiento defectuoso de la sentencia, más no por el supuesto contenido en el diverso supuesto 3), que se refiere a la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia. Sirve de apoyo, la tesis con número de registro 2004565, emitida por Segunda Sala 2a. LXXVIII/2013 (10a.) de rubro y texto siguientes: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." En consecuencia, al no haberse agotado el recurso de queja en contra de la omisión de cumplimiento de la sentencia, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

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