Lorenzo Jarillo Jimenez

Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
806/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Sophia Renata Jarillo Jimenez
  • Lorenzo Jarillo Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, hubiese recurrido el auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Notifiquese.

  2. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE HACER A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE ESTE AÑO, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, POR MEDIO DE LISTA: Agréguense a los autos para que obren como correspondan los ocursos firmados por la parte quejosa, mediante los cuales pretende ampliar su demanda de amparo respecto a los actos reclamados. Ahora bien, es pertinente señalar que de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal figura jurídica únicamente procede cumpliendo ciertos requisitos: a) Que se realice antes de que el Juez fije la litis constitucional, derivada de los informes rendidos por las autoridades responsables; b) Que su presentación se efectúe dentro del plazo que rige a la primigenia demanda; c) Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pudiendo presentarse dentro de los plazos que establece el artículo 17 de la citada ley; que de los informes rendidos se fundamente o motive el acto reclamado (tratándose de actos materialmente administrativos) o aparezca una autoridad distinta a la que lo emitió, ejecutó u omita el acto; y, d) Que no haya sido celebrada la audiencia constitucional. Pudiendo recaer la ampliación sobre los actos, autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. ".la resolución de segundo grado dictada con fecha 2 de Junio del año 2014 por la PRIMERA SALA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, dentro del TOCA CIVIL: *** y por medio de la cual se resolvió revocar la sentencia de primera instancia, en virtud del RECURSO DE APELACION interpuesto en contra de la misma por la parte Actora, así como todos los actos y órdenes verbales y escritas tendientes a que la Autoridad Responsable Ordenadora C. JUEZ SEGUNDO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS." Por consiguiente, ya que si bien es cierto, aún no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en el presente asunto, también lo es que, los actos que precisa en su escrito de ampliación, antes señalados, ya fueron admitidos por este órgano jurisdiccional, el diez de junio de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil diecisiete; por lo tanto, no ha lugar a acordar de conformidad su petición; sin embargo, por cuanto a los conceptos de violación que le atribuye a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se tiene por ampliada su demanda. Sin embargo, en el presente caso, de la lectura al escrito de ampliación de demanda, respecto a la autoridad responsable, Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se advierte que la parte accionante de amparo amplía su demanda y formula diversos conceptos de violación. Luego, toda vez que, no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en este juicio; en ese sentido, y con base a lo establecido en el numeral 111 de la ley de la materia, es dable concluir que se surten las hipótesis contenidas en la jurisprudencia y ordinal anteriormente señalados, en virtud de que formula conceptos de violación contra los actos reclamados a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin que haya transcurrido el plazo para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto a los conceptos de violación que señala en sus escritos de cuenta, reclamados a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." Asimismo, apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.15 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA ÚNICAMENTE HAGA REFERENCIA A ESA FIGURA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS. El precepto citado establece que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b ) El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien el quejoso podrá optar por la presentación de una nueva demanda. Como se observa, este artículo regula la ampliación de la demanda de amparo únicamente respecto de actos reclamados; no obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", consideró que aun cuando la Ley de Amparo abrogada no establecía la figura de la ampliación de la demanda, era procedente tratándose de actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación, conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa premisa, si el artículo 111 de la ley de la materia vigente prevé la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo respecto de actos reclamados, debe imperar la misma razón tratándose de los conceptos de violación, con la finalidad de resolver integralmente la litis constitucional, al subsistir las mismas razones que llevaron al Máximo Tribunal del País a emitir el invocado criterio; de ahí que dicha ampliación procede respecto de los conceptos de violación, aun cuando el citado artículo 111 únicamente haga referencia a esa figura tratándose de actos reclamados." Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, no ha lugar a dictar mayor acuerdo respecto del incidente de suspensión, toda vez que el peticionario de amparo no solicitó dicha medida cautelar. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado respecto a la ampliación de demanda en sus conceptos de violación, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito aparentemente firmado por la parte quejosa*** mediante el cual pretende subsanar la prevención formulada por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Ahora bien, ya que la firma estampada en el ocurso de cuenta es notoriamente distinta de la que calza en el escrito inicial de demanda, a fin de cerciorarse de la legitimidad de dicha signatura, y dado que ésta constituye la manifestación de voluntad del promovente; por tanto, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a ***, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional debidamente identificado a ratificar la firma del escrito de cuenta, a fin de estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda. Se apercibe al promovente que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Delegado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que en Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se discutió y aprobó el decreto número mil ochocientos cincuenta y uno, por el que se abrogó el diverso ciento noventa y dos, de nueve de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número ***, de tres de febrero de dos mil dieciséis y por el que se otorgó pensión por viudez y orfandad a *********, por propio derecho y en representación de sus descendientes **********, ********** y **********, de apellidos ********, así como a **********, por propio derecho, todos ellos beneficiarios del finado ************, asimismo, refiere que el veinticinco de abril del presente año, giró oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a efecto de que procediera a la publicación del citado decreto; asimismo, remite copia certificada de las constancias con las que acredita lo antes transcrito. NOT.

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