Lorenzo Hipolito Osorio Oliva

Expediente 1662/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1662/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Lorenzo Hipolito Osorio Oliva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OCURSO. Téngase por recibido el escrito aclaratorio que signa ************************, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO POR CUANTO VE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ACTUARIO JUDICIAL. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de que rige de amparo, dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se explica enseguida. Para así hacerlo es necesario traer a glosa el contenido de la referida porción normativa que dispone lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos.; (...)". De lo dispuesto por el precepto legal transcrito se colige que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura refiere que un litigio está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen tres extremos: Identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos; El objeto; , la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, citado. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. En el caso particular, se actualiza la citada causa de improcedencia, pues es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que dentro de este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el diverso juicio de amparo ****/****, del cual se advierte que el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, *******************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Distrito Judicial de Querétaro y el Actuario judicial adscrito a a dicho órgano jurisdiccional; que hizo consistir esencialmente en lo siguiente: La tramitación del juicio ordinario civil ****/****, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. El ilegal emplazamiento realizado en el referido sumario por el Actuario adscrito al órgano antes referido. Juicio de amparo que aún se encuentra en trámite, toda vez que tiene señalada la audiencia constitucional para las diez horas con quince minutos del once de enero de dos mil dieciocho. En ese contexto, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, fue presentado el citado juicio de amparo, en el que la parte agraviada reclama reclama de las mismas autoridades señaladas como responsables todo lo actuado en el juicio ordinario civil ***/2015 del índice del *************** de Querétaro, lo que implica que los actos de los que se duele en este sumario son analizados en aquél juicio de amparo. Ahora, de la comparativa entre ambos juicios, es patente que en la especie, se actualizan los elementos esenciales para que se actualice la figura de la litispendencia, pues ambos juicios de amparo fueron promovidos por ********. Asimismo, en ambos juicios se conformó la litis en torno a la tramitación del juicio ordinario civil ***/2015 del índice del ************ de Querétaro y su ejecución; de ahí que se trata del mismo acto reclamado atribuido a las mismas autoridades responsables. En ese sentido, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es: la parte aquí quejosa ya había promovido un juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, el cual no ha sido resuelto, por lo que ante ello, y privilegiando las razones primordiales que dieron origen a la invocada causa de improcedencia, esto es, la economía procesal, la necesidad de evitar dos sentencias diversas y posiblemente contradictorias del mismo litigio y que sería injusto obligar al promovente a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional la circunstancia atinente a que de la demanda de amparo se advierta que existen otras autoridades señaladas como responsables a las cuales la parte quejosa les atribuye los actos de los que se duele, pues de igual forma se actualizan en la especie las causales de improcedencia que a continuación se precisan: DESECHAMIENTO POR PRIMERA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Por cuanto ve al acto atribuido a la ***************** del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, consistente en el auto de once de julio de dos mil diecisiete a través el cual se ordena el cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo ****/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, de la siguiente literalidad: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en el juicio de amparo, lo que se traduce en el hecho que, no puede intentarse el juicio de amparo en contra de la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dado que al actuar ésta en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo 770/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no es factible la impugnación del acto que le reclama en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar la demanda planteada por cuanto ve a la autoridad antes mencionada por su notoria improcedencia. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL TRIBUNAL COLEGIADO. Y, finalmente, respecto a los actos atribuidos al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la voz siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]." Lo anterior, es así pues dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por *******************, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracciones X, IX y VI, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "RECEPCIÓN DE OCURSO. Téngase por recibido el escrito aclaratorio que signa ************************, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO POR CUANTO VE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ACTUARIO JUDICIAL. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de que rige de amparo, dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se explica enseguida. Para así hacerlo es necesario traer a glosa el contenido de la referida porción normativa que dispone lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos.; (...)". De lo dispuesto por el precepto legal transcrito se colige que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura refiere que un litigio está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen tres extremos: Identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos; El objeto; , la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, citado. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. En el caso particular, se actualiza la citada causa de improcedencia, pues es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que dentro de este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el diverso juicio de amparo ****/****, del cual se advierte que el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, *******************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Distrito Judicial de Querétaro y el Actuario judicial adscrito a a dicho órgano jurisdiccional; que hizo consistir esencialmente en lo siguiente: La tramitación del juicio ordinario civil ****/****, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. El ilegal emplazamiento realizado en el referido sumario por el Actuario adscrito al órgano antes referido. Juicio de amparo que aún se encuentra en trámite, toda vez que tiene señalada la audiencia constitucional para las diez horas con quince minutos del once de enero de dos mil dieciocho. En ese contexto, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, fue presentado el citado juicio de amparo, en el que la parte agraviada reclama reclama de las mismas autoridades señaladas como responsables todo lo actuado en el juicio ordinario civil ***/2015 del índice del *************** de Querétaro, lo que implica que los actos de los que se duele en este sumario son analizados en aquél juicio de amparo. Ahora, de la comparativa entre ambos juicios, es patente que en la especie, se actualizan los elementos esenciales para que se actualice la figura de la litispendencia, pues ambos juicios de amparo fueron promovidos por ********. Asimismo, en ambos juicios se conformó la litis en torno a la tramitación del juicio ordinario civil ***/2015 del índice del ************ de Querétaro y su ejecución; de ahí que se trata del mismo acto reclamado atribuido a las mismas autoridades responsables. En ese sentido, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es: la parte aquí quejosa ya había promovido un juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, el cual no ha sido resuelto, por lo que ante ello, y privilegiando las razones primordiales que dieron origen a la invocada causa de improcedencia, esto es, la economía procesal, la necesidad de evitar dos sentencias diversas y posiblemente contradictorias del mismo litigio y que sería injusto obligar al promovente a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional la circunstancia atinente a que de la demanda de amparo se advierta que existen otras autoridades señaladas como responsables a las cuales la parte quejosa les atribuye los actos de los que se duele, pues de igual forma se actualizan en la especie las causales de improcedencia que a continuación se precisan: DESECHAMIENTO POR PRIMERA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Por cuanto ve al acto atribuido a la ***************** del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, consistente en el auto de once de julio de dos mil diecisiete a través el cual se ordena el cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo ****/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, de la siguiente literalidad: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en el juicio de amparo, lo que se traduce en el hecho que, no puede intentarse el juicio de amparo en contra de la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dado que al actuar ésta en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo 770/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no es factible la impugnación del acto que le reclama en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar la demanda planteada por cuanto ve a la autoridad antes mencionada por su notoria improcedencia. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL TRIBUNAL COLEGIADO. Y, finalmente, respecto a los actos atribuidos al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la voz siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]." Lo anterior, es así pues dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida por *******************, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracciones X, IX y VI, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa." Lo anterior en virtud de no haber comparecido a notificarse previo aviso que se le dejó.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ********************, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos de la contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1662/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto a la procedencia de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y con las copias correspondientes de su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad y advertido de las sanciones a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Aclare cuando tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello, tomando en cuenta que el promovente es omiso en referir dato alguno al respecto. Se cita al caso la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, publicada el 21 de febrero de 2014, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio promovente, y no así sus autorizados ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla hace las veces de ampliación de demanda, la cual únicamente puede solicitarla el peticionario del amparo, tal y como se ha determinado en la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2014, página 210, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente, que en el caso de no dar cumplimiento a la prevención, con fundamento en el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente al licenciado ********************, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, mientras que por lo que hace a********************y ********************,, únicamente se tienen como autorizados en términos restringidos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que en el invocado sistema existen homólogos de********************y toda vez que el promovente no proporciona su cédula profesional a fin de corroborar su identidad, por el momento únicamente se tiene como autorizado en los aludidos términos y respecto de ********************, no cuenta con su cédula profesional registrada en el aludido sistema. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la invocada ley, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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