Lorenzo Hernández Gutiérrez

Expediente 1275/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1275/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Lorenzo Hernández Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído del veintitrés de agosto de este año, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    vi)Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Hernández Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional (SEDATU) de Toluca, representado por el Delegado; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1275/2018-VI. Desechamiento. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso a estudio, por esta vía constitucional se combate: La omisión de la autoridad responsable de no registrar y expedir el certificado parcelario en cumplimiento a la sentencia definitiva, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio agrario 1548/2015. En el caso concreto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto transcrito, se obtiene que en caso de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a las leyes que los rijan por medio de los cuales puedan revocarse, anularse o modificarse, deben agotarse antes de promover la presente instancia constitucional; tal aspecto constituye el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui géneris, como lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, para invalidar actos de autoridad violatorios de derechos humanos, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los mecanismos de defensa ordinarios. Cabe apuntar que conforme a dicho principio, es suficiente que en cualquier ley, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad, para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto. Ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 116/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Precisado lo anterior, se estima actualizada la citada causa de improcedencia en razón a que en contra de la omisión reclamada procede solicitar el cumplimiento en la vía forzosa del resolutivo tercero de la sentencia emitida el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 1548/2015 en la cual se contempla la obligación de la responsable a expedir el certificado parcelario peticionado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, que establece: "Ejecución de las Sentencias Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: (.)" En efecto, en el caso particular el quejoso debe acudir al Tribunal Unitario Agrario a exigir el cumplimiento del fallo de origen emitido en el expediente 1548/2015, antes de acudir en demanda de amparo, pues al no haberlo realizado origina la improcedencia del presente juicio binstancial, pues la a través de la exigencia de la misma, traerá como consecuencia el resultado de su petición que reclama por este medio de defensa extraordinario; situación que se traduce en no haber agotado el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, ya que como lo establece el precepto transcrito, los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, para lo cual podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia PC.II.C. J/4 K (10a.), consultable en la página 1272 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, Décima Época, Registro 2012815, del contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, definió que cuando la parte demandada en un juicio sea una autoridad debe analizarse el marco legal aplicable en el contradictorio para verificar la existencia o no de un procedimiento de ejecución en su contra, donde incluso pueda llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes; ahora, bajo esas premisas, si en los juicios mercantiles en los que los Municipios del Estado de México fueron parte demandada sí se cumplen dichas exigencias pues por una parte, en el artículo 1347 del Código de Comercio es dable que en los juicios mercantiles en periodo de ejecución de sentencia se proceda al embargo de bienes para lograr el cumplimiento a una condena, amén de que en los artículos del 764 al 773 del Código Civil Federal, y del 12 al 30 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, se evidencia que los Municipios del Estado de México cuentan con bienes muebles del dominio privado susceptibles de embargo, se concluye que la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en su contra no constituye un acto de autoridad susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al derivar esa obligación de un procedimiento judicial en el que intervinieron en una relación de coordinación (y no de supra a subordinación), subsistiendo esta condición incluso en la etapa de ejecución." (Lo subrayado no es de origen). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la Ley de la materia, se desecha de plano el presente juicio de amparo. DOMICILIO PROCESAL. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizadas a las personas que cita en el proemio de la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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