Lorenzo Gerardo Olascuaga Salgado
Expediente 1745/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1745/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lorenzo Gerardo Olascuaga Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1745/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1745/2018-III, promovido por LORENZO GERARDO OLASCOAGA SALGADO; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este Juzgado de Distrito, LORENZO GERARDO OLASCOAGA SALGADO solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho se desechó parcialmente la demanda de amparo por cuanto a la autoridad señalada como responsable Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, y se admitió por el resto de las autoridades señaladas como responsables, quedó registrada bajo el número de expediente 1745/2018-III, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde aduce que se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO. En términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, se precisa que lo que reclama es: 1.- Del Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, en el respectivo ámbito de su competencia de los artículos 94 Ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 2.- Del Presidente y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, los cobros derivados de la aplicación de los artículos 94 Ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado; Gobernador; Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todas del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los numerales 94 Ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, pues así lo expresaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 24 a 30; 54 a 55 y 57 a 59). Lo anterior se robustece con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente y el Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, negaron los actos reclamados que el quejoso les atribuye, consistentes en los cobros derivados de la aplicación de los artículos 94 Ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos (fojas 36; 48 a 53 y 38 a 44). Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior es así, sin soslayar lo aducido en el libelo de amparo en torno al acto traslativo de dominio que refirió como aquel en el que se efectuaron las retenciones correspondientes que aduce se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Morelos, bajo el folio electrónico inmobiliario 378349, puesto que del oficio 010295/2018-10 (foja 46), se aprecia que la Directora General de Recaudación informó que "SE HIZO LA BÚSQUEDA EN LOS SISTEMAS QUE MANEJA ESTA DIRECCIÓN GENERAL NO ENCONTRANDOSE PAGO ALGUNO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS". Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Por lo antes expuesto, al no quedar demostrada la existencia de los actos atribuidos al Presidente y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a dichas autoridades responsables, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve analizará si se actualiza alguna. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, al no acreditarse acto de aplicación de las normas impugnadas en esta vía constitucional, es decir, de los artículos 94 Ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En efecto, en el caso de que una norma se combata con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia del acto concreto de aplicación; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso, pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también, al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia 90 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, que aparece en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 63, materia administrativa, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." Ahora bien, en relación a la causa de improcedencia invocada, se expone el criterio que acogió el Pleno del Supremo Tribunal de la Nación, al considerar que del análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI y 4 de la anterior Ley de Amparo, y que ahora corresponde al numeral 61, fracción XII, y 5o. fracción I, respectivamente de la actual Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejerza con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. En consecuencia, toda vez que no se acreditó algún acto concreto de aplicación a la parte quejosa de los artículos 94 ter, 94 ter-1, 94 ter-2, 94 ter-4, 94 ter-5, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse respecto a dichos ordenamientos legales, pues es necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías, sino de su plena demostración, por ende la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para impugnar dichos artículos al tratarse de normas que se combaten con motivo de un acto concreto de aplicación, que en el particular no acontece. Orienta tal argumento, el criterio jurisprudencial 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, página 235, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En tales condiciones, resulta innecesario ocuparse de las demás causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación, lo que se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por LORENZO GERARDO OLASCOAGA SALGADO, por los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; asimismo, se tienen por hechas las designaciones que refieren. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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