LORENZO FERNANDO PÉREZ ALEJO y Otros.
Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- LORENZO FERNANDO PÉREZ ALEJO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto en el numeral 81, fracción I, inciso d), en contra del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************, a través de su abogado patrono Jesús Isidro Hernández Castillo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese.
- Principal
-SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al que anexa copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral ********************, de su índice. Constancias que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito recepcionado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************, de su índice; así como, la notificación que recaiga. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de las documentales que anexó la responsable a su oficio, se advierte que por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, acordó el escrito recepcionado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, de su índice; notificándole a la parte actora y demandada, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, respecto del citado proveído. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (seis de mayo de dos mil veintidós) el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con tres minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Admisión. De conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En cuanto, a la personalidad con la que se ostenta el promovente de amparo, es decir con la copia de la audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral de origen; se le tiene reconocida en términos de los artículos 11 de la Ley de Amparo.1 Esto en razón de que, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que los documentos anexos a su escrito de demanda, entre ellos la aludida audiencia, son copias íntegras e inalteradas de los documentos impresos originales o copias certificadas de éstos. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 710/2022-III-1. Genérese el expediente electrónico e impreso. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 128 de la Ley de Amparo. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las diez horas con tres minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. 1 Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan sus informes justificados, respecto del acto reclamado. Mismos que deberán rendir dentro del término de quince días que serán contados a partir de que reciban los oficios relativos a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se harán acreedores a lo siguiente: Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, de manera individual, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Requerimiento a todas las partes. 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil veintidós y con el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico. Se autoriza a las responsables para que remitan sus informes justificados a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), es decir, por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance; adjuntándose archivo anexo en .PDF o .JPG, y dicho documento deberá estar escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que refiere la parte quejosa, consistente en: No. Pruebas 1 Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 2 Documental, consistentes en: - Copia de la audiencia de catorce de octubre dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 2364/2019, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. - Copia de la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. - Copia del laudo de seis de enero de dos mil veintiuno. - Copia del escrito con sello de recepción de diecisiete de febrero dos mil veintidós. Sin perjuicio de su valoración dentro de la audiencia constitucional. Por cuanto hace a la instrumental de actuaciones, consistente en todas las compulsas que integran en el juicio laboral de origen; y, los informes con justificación que rindan las responsables, se tienen por anunciadas y se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto obre en autos los informes en comento y las responsables remitan las constancias relativas al acto reclamado. Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas señaladas, ya que el aquí quejoso resulta ser parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Consulta del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo; se autoriza a las claves de usuarios "Isidrohdez", "LicTorvic" y "Joseleon2000", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, dígasele que dicha permisión, queda condicionada a la vigencia de sus firmas electrónicas que hayan registrado, sin perjuicio de que por alguna causa superveniente pueda revocarse tal autorización. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado. Inexistencia de autoridad. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Protección de datos personales y transparencia. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que el promovente manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales, en conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En consecuencia, realícense los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que se omita la publicación de los datos personales de la parte quejosa únicamente respecto de la sentencia que en su caso se dicte, ello, en conformidad con el artículo 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese.
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