Lorenzo Cuevas Hernandez
Expediente 809/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/08/2016
Partes del expediente
- Lorenzo Cuevas Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, México, acusa recibo las constancias que le fueron enviadas y que había remitido como complemento a su informe justificado; atento a ello, se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Finalmente, en cumplimiento al auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, remítase materialmente el expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de cuatro de los cursantes (fojas 46 a 53), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión del acto reclamado solicitado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, devuélvanse las constancias que anexó como complemento a su informe justificado el juez responsable, solicitándole para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de éste proveído, acuse el recibo correspondiente, de conformidad en lo previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se dé a conocer el presente proveído, se encuentre gozando del período vacacional correspondiente y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 809/2016-V, promovido por Lorenzo Cuevas Hernández, en audiencia pública, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; José Mauricio Neira Villarreal, Secretario quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 185, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1998, Tomo IV, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las ofrecidas por la autoridad responsable Juez Primero de lo civil de Primera Instancia de Lerma, México, remite copias certificadas en un legajo del expediente 305/2015. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas descritas con anterioridad, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no formularon las alegaciones correspondientes. El Juez acuerda: Al no tener alegatos que acordar se da por concluida la presente etapa. Sin existir diligencia pendiente de desahogo se tiene por celebrada la audiencia constitucional conforme a la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 809/2016-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Lorenzo Cuevas Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con el carácter de ordenadora y ejecutora, señalo al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. IV.- LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA.-De las autoridades como ordenadora y ejecutora (sic), el Auto de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente 305/2012 (en relación con el auto (interlocutorio) dictado el once de abril de dos mil dieciséis), mismo que fue notificado a las partes en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, por medio de lista y boletín y del que tuve conocimiento al siguiente día trece de mayo de dos mil dieciséis." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso estimó violados los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se radicó con el juicio de amparo indirecto 809/2016-V, el seis de junio de dos mil dieciséis, se admitió, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete y se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia en el lugar en que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción (Lerma, Estado de México). SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez responsable, en el cual no admite el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de once de abril del mismo año (dentro de la incidente de pensión alimenticia, una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio 305/2012). TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (foja 24), Lo anterior se robustece con las copias certificadas del expediente 305/2012, remitidas por la autoridad responsable, las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de las que se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte quejosa señaló como acto reclamado: auto de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez responsable, en el cual no admite el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de once de abril del mismo año (dentro de la incidente de pensión alimenticia, una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio 305/2012). En esta tesitura, el acto reclamado por la parte inconforme no tiene el carácter de definitivo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.393 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de queja contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo en comento dispone: "Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." Del anterior precepto se colige que el medio de impugnación de referencia puede intentarse en primera instancia. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el impetrante de garantías debió agotar dicho recurso contra el acto reclamado, pues el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor dispone que cuando no se admita el recurso de apelación, el recurso de queja será procedente contra dicha determinación; además, de que de declararse fundada el medio de impugnación en comento se ordenara admitir la apelación, tal como lo dispone el diverso 1.398 del mismo ordenamiento; por tanto, al establecer la legislación la procedencia del recurso de queja, resulta evidente que debió interponer el medio de defensa de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir la supuesta irregularidad del acto combatido es el recurso de queja; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, lo que contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 573, página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". De igual modo, la diversa tesis visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". (Lo resaltado es del Juzgado). Además, el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis de "excepción" que especifica el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En consecuencia, lo procedente es declarar la improcedencia del presente juicio constitucional y, por ende, decretar el sobreseimiento en el mismo atento a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, publicada en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro 394984, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Así como también resulta aplicable, la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, con registro 2004217, cuyos rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro 2003381, cuyos rubro y texto son: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 809/2016-V, promovido por Lorenzo Cuevas Hernández, por lo motivos expuestos en esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe. En Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas del 05/julio/2016, el Actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, publicó en la lista de este órgano jurisdiccional, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio de amparo, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe. El Actuario En 06/julio/2016, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario
- Principal
V) Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo 2°, por recibido el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Ma. Merced Rivera Cruz, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, realiza diversas manifestaciones a título de alegatos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y autoriza a diversa persona en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Atento a su contenido, como lo dispone el artículo 5°, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por apersonada al presente juicio a la tercera interesada de referencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos, en la celebración de la audiencia constitucional. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Rosales Linares, limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Es aplicable la tesis publicada con la clave I.11o.A.4 A, en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, con número de registro 175204, que establece: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." Finalmente, conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 12 y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del peticionario de amparo, las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional; lo anterior por así haberlo solicitado el quejoso. Notifíquese.
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- Lorenzo Efrain Gonzalez Reyes524/2020
- Lorenzo Filiberto Romero Cruz38/2017
- Lorenzo Gonzalez de Jesus468/2020
- Lorenzo Hernandez Caballero1194/2023
- Lorenzo Hernandez Caballero1162/2023
- Lorenzo Hernandez Garcia1109/2021