Lorenzo Bernanrdo Armas Ramírez

Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
664/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Bernanrdo Armas Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones a la secretaria. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo la integración, que verifique y certifique la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de julio de dos mil veintitrés. Colegiado confirma interlocutoria. ... Se acusa recibo. Acúsese recibo a la Superioridad vía interconexión y háganse las anotaciones respectivas. Se informa a las autoridades responsables. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, en el entendido que deberán seguir cumpliendo con la suspensión definitiva. Destino del cuaderno de antecedente. Por lo que se refiere al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del incidente original al tribunal de alzada, guárdese en la Secretaría de este Juzgado, hasta en tanto se remita este expediente físicamente al archivo como asunto concluido; ello, con la finalidad de que pueda ser reutilizable para el caso de que se interponga algún recurso o medio de impugnación, desglosándose únicamente de ese cuaderno las actuaciones realizadas a partir de la fecha de envío. ... Se remite cuadernillos de incidente. Ahora bien, atendiendo que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó acumular el juicio principal de este cuadernillo incidental al juicio de amparo 853/2022, razón por la cual, las futuras promociones deberán dirigirse a ese expediente, remitiéndose para tal efecto los cuadernos incidentales en que se actúan. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables. ...

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE EL AUTO DE SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN QUE LE FUERA DEJADO SU RESPECTIVO CITATORIO. .... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II todos de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación al caso, la tesis P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". También, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIV, página 1089, septiembre de 2001, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior, contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación, que se resumen de la manera siguiente: 1) Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; 2) Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante; 3) Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. En esa tesitura, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Así, en este punto, la parte quejosa reclama de Grúas Téllez de la Carretera Federal Perote-Xalapa, la negativa de hacer entrega física del vehículo propiedad del quejoso, marca Dodge, modelo Gran Caravan, año 1996, con número de serie 1B4GP44R3TB310952, color uva, con placas de circulación YJC2006. Por tanto, es claro que la persona moral Grúas Téllez sita, en la Carretera Federal Perote-Xalapa, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la liberación del vehículo marca Dodge, modelo Gran Caravan, año 1996, con número de serie 1B4GP44R3TB310952, color uva, con placas de circulación YJC2006, fue expedida por el Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral de Perote, Veracruz, mediante oficios 1075/2023 y 1404/2023. Es decir, la persona jurídica señalada como responsable únicamente actúa en auxilio del arrastre y depósito del vehículo propiedad de la parte quejosa; las características de autoridad responsable no le son propias, dada la función que le ha sido encomendada, como auxiliar de seguridad vial, pues no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Lo anterior se resuelve así, pues se desprende que el quejoso fue omiso en señalar como autoridad responsable al servidor público que ordenó la liberación de la unidad. Tiene aplicación al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA, SIN LUGAR A DUDAS, QUE SE SEÑALÓ COMO RESPONSABLE A UNA AUTORIDAD QUE NO TIENE ESE CARÁCTER. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito pueden desechar de plano una demanda cuando encuentren un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara, y por "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho. Por tanto, si del escrito de demanda y sus anexos se aprecia, sin lugar a dudas, que la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter, procede su desechamiento de plano, independientemente de los elementos que, eventualmente, pudieran aportar las partes en el procedimiento, ya que no desvirtuarían dicha improcedencia, por lo cual, resultaría estéril la tramitación del juicio." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Marco Arguelles Domínguez e Higinio Gonzalo Méndez Munguía, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional; en tanto que Jenice Galindo Herrera, únicamente queda autorizado para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el promovente. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario "HIGINIOGONZALOMENDEZMUNGUIA", es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos y los correos electrónicos que cita como medios de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ..

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