Lorenzo Avelar Maldonado

Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Lorenzo Avelar Maldonado
  • Clinica de Unidad de Medicina Familiar Número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 707/2021-VII, promovido por ********************, contra actos que reclamó de la Clínica de Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el mismo día en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó de la Clínica de Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, consistentes en concreto, en la omisión de proporcionarle su estado filial, la negativa de otorgar sus incapacidades por enfermedad profesional y la omisión de brindarle atención médica. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de septiembre de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 707/2021-VII; solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el directo quejoso consiste en la la omisión de proporcionarle su estado filial, la negativa de otorgar sus incapacidades por enfermedad profesional y la omisión de brindarle atención médica. TERCERO. Existencia de los actos controvertidos. Por lo que hace a los actos que se atribuyen a la Clínica de Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos al ser omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la octava época, Gaceta 79 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de 1994, página 17, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Debido a que en opinión de quien esto resuelve, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el impetrante de amparo no justifica tener interés jurídico en el juicio y como esto conllevará al sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad de los actos reclamados, de acuerdo con la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, es decir, hacen referencia a que éstos sean titulares de un derecho subjetivo, el cual debe ser afectado por el acto reclamado para que se actualice la causal de improcedencia. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Estas normas tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias, pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, mediante ellas, se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social, por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica; ni a sus integrantes, porque no son ellos, en lo individual, sus destinatarios. Es decir, tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse si éste forma parte de una colectividad interesada, ya que de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, debe señalarse que independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso o quejosos, puede producirse una más concreta respecto de él o ellos, como por ejemplo, tratándose de una licencia para construir un edificio, que es contraria a planes de desarrollo urbano, ésta afecta a todos los habitantes de una zona, pero directamente al vecino contiguo, quien por ese motivo podría sufrir alguna afectación individual que no tendrían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual, sólo se da en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo. Cabe resaltar, que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento, de la acción de amparo no convierte a ésta en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también conocido como fórmula Otero, en términos de la fracción II del artículo 107 constitucional vigente. Así, el interés jurídico al igual que el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Cabe resaltar, que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento, de la acción de amparo no convierte a ésta en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también conocido como fórmula Otero, en términos de la fracción II del artículo 107 constitucional vigente. Así, el interés jurídico al igual que el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por lo que respecta al interés legítimo como elemento de la acción de amparo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley o acto que se reclama. 3. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. Con relación a este último elemento, es importante mencionar que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 690, con registro rápido de localización 2012364, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También es útil en este tema, por las razones contenidas en la misma, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, página 1736, con registro digital 2003067, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Conforme a lo expuesto, se colige que no es factible equiparar ambas clases de interés jurídico y legítimo, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En torno a lo apuntado, resulta útil invocar la jurisprudencia publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, abril de 2013, tomo 3, página 1807, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un acto de autoridad, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, en la especie los actos reclamados en la presente controversia de derechos fundamentales, se hacen consistir en lo esencial, en la omisión de proporcionarle su estado filial, la negativa de otorgar sus incapacidades por enfermedad profesional y la omisión de brindarle atención médica. En ese orden de ideas, del contenido de las constancias que integran el presente sumario, se aprecia que en términos de lo previsto por el tercer párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presumió la certeza del acto reclamado ante la imprecisión de la autoridad responsable en referir si son o no ciertos los actos que de ella se reclaman, de este modo tenemos, que si el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en omisiones inherentes a su filiación dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta inconcuso que el solicitante de derechos fundamentales debió aportar algún medio probatorio donde se desprenda tal evento, a efecto de demostrar que está dado de alta ante dicho instituto, es decir, que ciertamente se estuviera frente a un incumplimiento injustificado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no es suficiente la presunción generada ante la omisión de la autoridad responsable al rendir su informe justificado, pues ello, tan sólo trae como consecuencia simplemente que se presuma la certeza de este, pero no a diversos actos o hechos en que la impetrante base su acción de amparo; por tanto al no haber ofrecido prueba alguna en ese sentido, resulta inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la octava época de la Gaceta 84 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1994, página 20, con registro rápido de localización 206321, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia publicada en la Gaceta 68 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1993, página 10, con registro rápido de localización 206393, con el título y enunciado siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías". Así como en lo conducente, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, página 50, con registro rápido de localización 207024, con el epígrafe y contenido siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO SE PRESUME POR LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, lo que está indicando que el hecho que la ley reputa como cierto por falta de aquel informe, se contrae a la existencia de dicho acto. Consiguientemente, la presunción de certeza del acto reclamado no puede extenderse hasta presumir también el interés jurídico de la parte quejosa, pues esto equivaldría a extraer, del hecho conocido que constituye el antecedente de la presunción, una consecuencia distinta a la prevista para ese caso, desconociendo que las presunciones legales no pueden existir sin norma expresa que las consagra". En ese orden de ideas, del contenido de las constancias que integran el presente sumario, se aprecia que en términos de lo previsto por el tercer párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presumió la certeza del acto reclamado ante la omisión de la autoridad responsable en rendir su informe justificado; sin embargo, al quejoso le correspondía acreditar en el sumario constitucional que se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que en la especie no aconteció; por tanto al no haber ofrecido prueba alguna en ese sentido, resulta inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la octava época de la Gaceta 84 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1994, página 20, con registro rápido de localización 206321, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia publicada en la Gaceta 68 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1993, página 10, con registro rápido de localización 206393, con el título y enunciado siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías". Así como en lo conducente, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, página 50, con registro rápido de localización 207024, con el epígrafe y contenido siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO SE PRESUME POR LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, lo que está indicando que el hecho que la ley reputa como cierto por falta de aquel informe, se contrae a la existencia de dicho acto. Consiguientemente, la presunción de certeza del acto reclamado no puede extenderse hasta presumir también el interés jurídico de la parte quejosa, pues esto equivaldría a extraer, del hecho conocido que constituye el antecedente de la presunción, una consecuencia distinta a la prevista para ese caso, desconociendo que las presunciones legales no pueden existir sin norma expresa que las consagra". Corolario de lo expuesto, al no demostrarse la afectación de la quejosa en su interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia citada. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto que reclamado a la Clínica de Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable, Clínica de la Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, no rindió su informe justificado como le fue solicitado en proveído de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto materia de reclamo a dicha autoridad, toda vez que ha transcurrido el término que se establece en dicho artículo para que rindiera el informe solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, de igual forma se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado, copia certificada de las constancias que integren el expediente médico del quejoso LORENZO AVELAR MALDONADO, con número de seguridad social NSS 3381643108, y de las constancias relacionadas con la litis constitucional en este asunto, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo ordenado por esta potestad en el término concedido para dicho efecto, se le impondrá como medida de apremio multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62 pesos), de conformidad con los artículos 4, fracciones I y II, y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los numerales 237 y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por Lorenzo Avelar Maldonado, por propio derecho, contra actos que reclama a la Unidad de Medicina Familiar número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, al considerarlo vulnerador del derecho fundamental reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, al encontrarse reunidos los requisitos de ley, acorde a lo estipulado en los artículos 1º, fracción I, 33, fracción IV, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito bajo el número de juicio 707/2021-VII. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y por tratarse de un acto que afecta el derecho a la salud del quejoso, se concede de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato, esto es, le proporcionen de manera inmediata la atención médica que requiere el quejoso, así como los medicamentos respectivos; apercibida que de no hacerlo, será sancionada en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que, si bien el acto reclamado no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben tomarse las medidas pertinentes para evitar perjuicios a la parte interesada y en su caso, no quede sin materia el juicio de amparo, ello en términos de los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo. Además, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, en la cual se establece que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Luego, el quejoso cuenta con el derecho para obtener la protección a la salud, conforme con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Federal, y tiene la tutela jurídica para lograr su defensa, así como la reparación por parte del Estado del perjuicio que les irroga su desconocimiento o violación. Consideración que se sustenta en la tesis P. XVI/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Efectivamente, de conformidad con el artículo 4º párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que el derecho fundamental de protección de la salud comprende esencialmente la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades, según se desprende de la tesis P. XIX/2000, localizable en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Por lo que, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informe a este juzgado federal, respecto al cumplimiento dado a la presente medida suspensional, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que pueda incurrir. Sin tramitarse incidente de suspensión al no haber sido solicitado y no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, además de que en párrafos precedentes se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendirlo dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, sin justa causa, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con el artículo 5º de la Ley para determinar del valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), en concordancia con los cardinales 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Atinente a ello, se hace saber a la autoridad responsable, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridad Federales, Estatales y Municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. Para que tenga verificativo la audiencia constitucional, se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual podrá verificarse en términos de lo dispuesto por los artículos 25 y 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que, en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, sólo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas que se prevé para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se reserva tener como tercero interesado a la moral oficial que refiere el quejoso, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que refiere en la demanda y autorizados para tales efectos a las personas que indica. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto, destacando que para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecisiete horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerds.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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