Lorenzo Arcelus de Diego

Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
231/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Lorenzo Arcelus de Diego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tribunal Colegiado informa admisión de recurso.

  2. Principal

    Del estado de autos se advierte que se ha logrado la correcta integración del presente expediente; en consecuencia, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se ordena remitir el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de mérito.

  3. Principal

    SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN... CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO... SE RESERVA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ALZADA HASTA EN TANTO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL CITADO MEDIO DE IMPUGNACIÓN...

  4. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, Lorenzo Arcelus de Diego, presentó demanda de amparo, la cual correspondió a este Juzgado de Distrito; el veintidós de marzo siguiente se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el Diario Oficial de la Federación, de dos de abril del año dos mil trece, se publicó el decreto mediante el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, es aplicable la legislación referida. Además, el artículo sexto transitorio del decreto indicado, establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. De ahí que, los criterios jurisprudenciales que se citen en el presente asunto, no se contraponen al contenido de dicho ordenamiento, por ello resultan aplicables. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c, de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar el acto reclamado en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que se reclama: La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los decretos 230, 29, 137, 285 y 45, que respectivamente establecen las leyes de ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, en específico los artículos 5, 6 y 7, normas que se impugnan con motivo del que se considera es el primer acto concreto de aplicación. La aprobación y expedición del decreto 73, que contiene la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en concreto, su artículo 161. La aplicación que de dichos preceptos atribuye a las autoridades que señala como ejecutoras, consistente en la ejecución del mandamiento contenido en el oficio PR-2019-00894056, suscrito por el Director de ejecución, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, relacionado con la determinación y liquidación del impuesto predial del inmueble de su propiedad, identificado con la cuenta número 011001317003; el embargo trabado sobre el inmueble inscrito bajo el folio real R20*484366 y la inscripción de dicho gravamen. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Tesorero Municipal de León y el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, al rendir su informe con justificación negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales (fojas 120 a 123 y 159 a 165). Luego, el acto que respectivamente se les atribuye, debe tenerse por inexistente. Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, a quien le corresponde la carga de la prueba, pues la presentación de la demanda de amparo le obliga a demostrar en forma directa o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y su inconstitucionalidad. Ello tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." De ahí que, se estime conducente decretar el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso, el Gobernador, el Secretario de gobierno y el Director del Periódico Oficial, todos del estado de Guanajuato aceptaron, en el ámbito de sus respectivas competencias, la existencia de los actos que se reclaman (fojas 78 a 83, 85 a 89, 116, 117 y 154 a 157). Además, la certeza de los decretos que se reclaman se demuestra, pues de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las leyes no son objeto de prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Asimismo se tienen por ciertos los actos que se reclaman de la Directora de Impuestos Inmobiliarios, Director de Ejecución, Ministra Ejecutora número 455 y Registradora Pública Suplente de la Propiedad, todas en el municipio de León, Guanajuato, pues así se advierte del contenido del informe que respectivamente rindieron, así como de las constancias que anexaron como prueba (fojas 96, 97, 125 a 143). QUINTO. Cuestiones preliminares. La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la integración y libre administración de la hacienda de los municipios, la cual se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Dicho dispositivo es del tenor literal siguiente: Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [...] IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. [.] Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. [...] El artículo transcrito, dispone que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Luego, del proceso de creación de la norma tributaria local, se desprende lo siguiente: a) Los municipios tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto predial, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes. b) Las legislaturas estatales, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los municipios. c) Éstas, al aprobar las leyes de ingresos municipales o modificar las propuestas de los ayuntamientos, no lo pueden hacer arbitrariamente, sino que es necesario que dicha determinación se refleje en las discusiones y constancias del proceso legislativo, es decir, motivada y objetivamente. d) El artículo 115 constitucional, establece a favor de los municipios las garantías de libre administración de hacienda, de integridad de los recursos económicos municipales, y de existencia de fuentes de ingresos reservadas. Esos razonamientos se contienen en la jurisprudencia P./J. 122/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, tomo XX, diciembre de 2004, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo. Ahora bien, las tablas de valores unitarios a las que hace referencia el artículo 115 constitucional revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial, ya que impactan la base gravable de la contribución. En el caso, así lo revela la lectura de los artículos 161, 162 y 164 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato que en su orden, establecen los sujetos obligados al pago del impuesto predial, la base gravable de la citada contribución y la forma de determinarlo, en relación con los numerales 5, 6 y 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, que en su orden prevén: la tasa que corresponde atendiendo a la superficie y construcción del terreno, los valores unitarios de suelo y construcciones y los lineamientos a seguir para realizar el avaluó de los predios. Los dispositivos aludidos precisan que los propietarios y poseedores de inmuebles están obligados al entero del impuesto predial, para lo cual, en primer lugar, debe determinarse su valor fiscal, ya sea a partir del valor manifestado por el contribuyente o del avaluó realizado por peritos autorizados para tal fin por la Tesorería Municipal, en ambos casos es necesario aplicar los valores unitarios de suelo y construcciones. De manera que la intelección de los preceptos aludidos es reveladora de la incidencia que en la determinación de la base gravable para efectos de la liquidación y entero del impuesto predial tienen las tablas de valores unitarios desarrolladas en el artículo 6, fracción I, incisos A) y B) de la Ley de Ingresos vigente al momento de realizar el avalúo; asimismo, en cuanto a la tasa, es aplicable lo dispuesto en el artículo 5, de la Ley de Ingresos; por ende, al impactar en los elementos de la contribución es menester que dichas tablas y porcentajes respeten los derechos constitucionales de justicia tributaria previstos en el artículo 31 fracción IV constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio por lo que hace al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Guanajuato. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se recuerda que la parte quejosa reclama la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de los decretos que contienen las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, específicamente los artículos 5, 6 y 7, con motivo del que considera es el primer acto de aplicación. Luego entonces, tal como lo aduce el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, se advierte que la presente instancia constitucional deviene improcedente respecto el refrendo y publicación de los referidos cuerpos normativos, que, atento al ámbito de competencia, se atribuyen respectivamente al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Guanajuato, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que dichos actos no fueron impugnados por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo artículo citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego entonces, tomando en consideración que en el presente asunto se reclamó el refrendo y la publicación de los decretos que contienen las leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, específicamente los artículos 5, 6 y 7, actos que atribuye respectivamente al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado, sin que se impugnen por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos; en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción IIl, ambos de la ley de la materia. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Plenos de circuito, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. SEPTIMO. Improcedencia del juicio respecto de la impugnación del artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, de los ejercicios fiscales impugnados. En lo que atañe a la impugnación genérica que hace el quejoso respecto del artículo 7, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecinueve, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. [.]. De los preceptos legales transcritos, se advierte que uno de los requisitos que debe expresarse en el escrito inicial de demanda, son los conceptos de violación que se formulen en contra de los actos, omisiones o normas generales que se estimen restrictivos de los derechos fundamentales. De suerte que toda demanda constitucional debe contener la exposición de un razonamiento jurídico que ponga de manifiesto que los fundamentos de la norma general, acto u omisión, son contrarios a los derechos fundamentales de la parte quejosa, debiendo precisar con claridad la causa de pedir, para la cual basta señalar la lesión o agravio que causa el acto reclamado y los motivos que lo originaron, ya que con dichos elementos la autoridad podrá dilucidar la controversia al subsumir la hipótesis legal al asunto concreto. Luego entonces, ante la ausencia de conceptos de violación, la autoridad que conozca del asunto se encuentra imposibilitada para entrar al estudio del acto de autoridad combatido, siempre y cuando se trate de actos donde no opere la suplencia de la deficiencia en la queja, como en el que corresponde a la presente instancia constitucional. Bajo las premisas anteriores, en el caso que nos ocupa, de la demanda de amparo se advierte que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 7, de la Ley de ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecinueve; sin embargo, no se expusieron conceptos de violación alguno para controvertirlo de manera particular, pues de la lectura integral de la demanda únicamente se advierten razonamientos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los diversos artículos 5 y 6 de la ley mencionada, así como del artículo 161 de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato. Por consiguiente, no resulta suficiente el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 7, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, en sus ejercicios de dos mil quince a dos mil diecinueve, que hace valer el promovente, pues no expresó concepto de violación alguno en su contra, requisito esencial en el juicio amparo para establecer si el dispositivo legal es contrario o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 51, tomo 42 Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 116 DE LA LEY DE AMPARO.- Si los quejosos no cumplieron con el artículo 116 de la Ley de Amparo, porque los conceptos de violación aducidos no reúnen las condiciones necesarias para que sean considerados como tales, faltando conceptos de violación y considerados éstos como esenciales en el juicio de garantías, por ser el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones, se debe concluir que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley citada. Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Primera Parte, Enero a Junio de 1990, página: 83, del tenor literal siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL ORDENAMIENTO COMBATIDO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si se combate una ley de carácter administrativo y no se expresan conceptos de violación en relación con la misma, es procedente sobreseer en el juicio respecto del ordenamiento impugnado, conforme a la jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte, sin que sea válido sostener que debió suplirse la deficiencia de dichos conceptos de violación, pues conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo sólo en materia penal opera la suplencia ante la ausencia de los mismos; y en la materia administrativa, cabe suplir dichas deficiencias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, situación que no aconteció en la especie. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V de la ley de la materia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en lo que respecta a la inconstitucionalidad del artículo 7, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecinueve. OCTAVO. Improcedencia del juicio respecto del artículo 6 de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve. La Directora de Impuestos Inmobiliarios, aduce que la parte quejosa no demuestra que para determinar la base gravable del impuesto predial a cargo del quejoso, correspondiente a los ejercicios de dos mil quince a dos mil diecinueve, se haya aplicado en su perjuicio el contenido del artículo 6, fracción I, incisos a) y b) de las Leyes de Ingresos para el municipio de león, Guanajuato, correspondientes a los ejercicios dos mil dieciséis a dos mil diecinueve; pues para la determinación de dicho tributo se tomó en cuenta el avalúo que el promovente presentó al celebrar el contrato de compraventa relacionado con el traslado de dominio a su favor del inmueble objeto de dicho tributo, lo que excluye la posibilidad de que la base gravable del impuesto predial, se haya determinado de conformidad con las tablas de valores previstas para los ejercicios dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, ya que el avalúo que se tomó en cuenta para realizar el cálculo del predial es el realizado en el dos mil quince, conforme a la Ley de Ingresos de ese año. La citada causal deviene fundada. Para explicarlo se recuerda que la parte quejosa reclama los decretos que establecen las leyes de ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para los ejercicios fiscales de los años dos mil quince a dos mil diecinueve, específicamente el artículo 6, fracción I, incisos A) y B). Dichos ordenamientos fueron impugnados, con motivo del que la parte quejosa considera su primer acto de aplicación, el cual se hizo consistir en la liquidación contenida en el oficio PR-2019-00894056, respecto del impuesto predial a su cargo del inmueble identificado con la cuenta predial 01-I-001317-003, visible a fojas 138. No obstante que dicho documento cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es apto para acreditar la aplicación del artículo 6, fracción I, incisos A) y B), de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, por lo que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, según lo expuesto en el quinto considerando de la presente sentencia, la aplicación de las tablas contenidas en el artículo 6, fracción I, incisos A) y B) de las Leyes de Ingresos que se impugnan, sólo se actualiza si se demuestra que la base gravable para efectos de la liquidación y entero del impuesto predial, se determinó con base en las tablas de valores unitarios de terreno y construcción desarrolladas en los incisos A) y B) del numeral impugnado, vigente en cada uno de los citados ejercicios, tomando como referencia la fecha del último avalúo. Mediante el citado documento (oficio PR-2019-00894056), se acredita que el treinta y uno de enero del presente año, el Director de Ejecución de la Dirección General de Impuestos del Municipio de León, Guanajuato, emitió mandamiento de ejecución en contra del ahora quejoso, ordenando requerirle del pago de quinientos cuarenta y un mil cincuenta y seis pesos, con cinco centavos, por concepto de liquidación del impuesto predial del inmueble registrado a su favor con el número de cuenta predial 01-I-001317-003, causado durante el periodo comprendido del quinto bimestre de dos mil quince, al sexto bimestre de dos mil diecinueve, recargos y gastos de ejecución, así como que tal mandato se ejecutó el catorce de febrero del año en curso, en el que se embargó el inmueble registrado bajo dicha cuenta; pero no se acredita que para determinar la base gravable del impuesto que se menciona, se hayan aplicado los valores y factores que regula el artículo 6, de las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis a dos mil diecinueve. Y es que como ya se mencionó, la aplicación del citado precepto en agravio de la parte quejosa, sólo se actualizaría si se demuestra que la base gravable para efectos de la liquidación y entero del impuesto predial que se menciona en el oficio PR-2019-00894056, se determinó con base en los parámetros que regula el numeral 6 de las leyes de ingresos que se impugnan, vigentes para los ejercicios de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve. Sin embargo, en el caso, de acuerdo con lo explicado por la Directora de Impuestos Inmobiliarios del Municipio, al rendir su informe justificado, el impuesto predial del inmueble registrado a favor del quejoso, con el número de cuenta 01I00317003, correspondiente al periodo comprendido del quinto bimestre de dos mil quince al año dos mil diecinueve, se determinó con base en el avalúo de veinticuatro de marzo de dos mil quince, que se elaboró con motivo de la declaración para el pago del Impuesto sobre traslado de dominio que se enteró el veinticinco de septiembre de dos mil quince. Por tanto, teniendo en cuenta que el artículo 180 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, prevé que la base del impuesto sobre adquisición de bienes, consiste en el valor más alto entre el fiscal registrado, en su caso, el de operación y el pericial realizado por peritos fiscales autorizados por la Tesorería Municipal correspondiente o por valuadores y unidades de valuación certificados, con antigüedad no mayor a un año, así como que de las constancias que obran glosadas a fojas 176 a 181, que cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se acredita que la base gravable para el cálculo del referido impuesto, fue la cantidad de $19,871,343.46 diecinueve millones, ochocientos setenta y un mil, trescientos cuarenta y tres pesos 46/100 M.N., y que dicho importe, es la que consigna el avalúo fiscal que se elaboró el veinticuatro de marzo de dos mil quince, visible a fojas 182 a 184, de conformidad con los valores consignados en la ley de Ingresos de ese mismo año, ello patentiza que fue el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, el que efectivamente se aplicó en perjuicio del quejoso, mas no así, la totalidad de las impugnadas en la presente instancia constitucional; es decir, para el cálculo del impuesto predial adeudado, no se aplicó el artículo 6 de las Leyes de Ingresos para este municipio, vigentes, para los ejercicios dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, pues el artículo que verdaderamente se aplicó para realizar el cálculo del impuesto, fue el 6 de la Ley de Ingresos vigente en el ejercicio de dos mil quince, tal como se especificó en la última parte de la primera página de dicho avalúo (foja 182). Luego, respecto a la impugnación del artículo 6, de las leyes de ingresos de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, lo procedente es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción IV, del ordenamiento citado, pues el quejoso no demostró que esas leyes de ingresos le hayan sido aplicadas en su perjuicio. NOVENO. Improcedencia del juicio respecto del artículo 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil quince. Ahora, si bien el acto de aplicación del artículo 6° de la ley de ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, sí se encuentra acreditado, lo cierto es que la impugnación que en esta oportunidad se plantea, de igual forma resulta improcedente, ya que el acto de aplicación que motivó la impugnación, no es el primero en que se aplicó la norma en perjuicio del quejoso. Se explica. Los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas) En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad (es decir, sin condicionar su individualización), para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. En el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En relatadas condiciones, de las constancias que en copia certificada fueron remitidas por la dirección de ejecución, del Municipio de León, visibles a fojas 138 a 141, correspondientes al expediente integrado con motivo del adeudo del impuesto predial de la cuenta 01-I-001317-003, se advierten la correspondiente al mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de enero y catorce de febrero de dos mil diecinueve, con motivo de la determinación del impuesto predial a nombre del quejoso. Diligencias que, para efectos de la presente instancia constitucional, surten plenos efectos legales al no advertirse hayan sido impugnadas y anuladas, y pueden al ser adminiculadas al contenido del informe justificado rendido por la Directora de Impuestos Inmobiliarios, quien manifestó que para la determinación del impuesto predial a cargo del quejoso del periodo comprendido del quinto bimestre de dos mil quince, al sexto bimestre de dos mil diecinueve, se tomó en cuenta el avalúo fiscal de veinticuatro de marzo de dos mil quince, que se exhibió para el cálculo del impuesto de traslación de dominio que el quejoso enteró el trece de octubre de dos mil quince. Lo que implica, que la aplicación en perjuicio del aquí quejoso, del artículo 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal de dos mil quince, que se impugna en este juicio, con motivo del mandamiento de ejecución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y el embargo de catorce de febrero del mismo año, no constituye el primer acto de aplicación que le permita acudir a la presente instancia constitucional reclamando su inconstitucionalidad, sino uno ulterior, pues el avalúo fiscal que se expidió en ese mismo año, fue el que sirvió de base para calcular el importe correspondiente al impuesto sobre traslado de dominio; mismo que fue pagado por el quejoso el trece de octubre de dos mil quince, tal como lo demuestra el recibo de pago que él mismo exhibió (foja 57). Es decir, el primer acto de aplicación del artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de León, para el ejercicio de dos mil quince, se dio en el avalúo del veinticuatro de marzo de dos mil quince (foja 182), que sirvió de base para el Cálculo del impuesto sobre traslado de dominio, según constancia que obra a fojas 176; aplicación que se materializó en perjuicio del quejoso, cuando éste realizó el pago del impuesto el trece de octubre de dos mil quince. Incluso, el propio quejoso reconoce la existencia del avalúo del veinticuatro de marzo de dos mil quince, en el que ya se había aplicado en su perjuicio el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil quince. De ahí que, se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sostiene lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 121/2006 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 878, tomo XXIV, noviembre de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la demanda se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito. Así como la tesis aislada, VI/89, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación que dispone: LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente. DECIMO. Estudio de fondo respecto del artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. El quejoso aduce que el artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, transgrede el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que no regula con exactitud el objeto y el sujeto del impuesto. Resulta infundado el concepto de violación expuesto. En efecto, contrario a lo que manifiesta el promovente de la presente instancia constitucional, el artículo 161 de la Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, no transgrede el principio de legalidad tributaria, pues su objeto se encuentra claramente definido; a saber, gravar la propiedad del suelo y las construcciones adheridas a éste. El artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, establece: Artículo 161. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras de inmuebles por cualquier título. Los inmuebles del régimen ejidal y comunal, cuyo derecho de propiedad se confiere a sus titulares dentro del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, seguirán tributando en los mismos términos en que lo venían haciendo antes de la incorporación a dicho programa, sujetándose al pago de este impuesto en los términos de esta Ley, a partir del primer acto traslativo de dominio. Quedan exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de la Federación, del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales, o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. De la transcripción anterior, se advierte que la persona obligada al pago del impuesto predial es aquél propietario o poseedor del inmueble por cualquier título. Sin embargo, congruente con la naturaleza del impuesto, resulta inconcuso que la persona obligada al pago del impuesto predial es aquél propietario o poseedor del inmueble que ejerza el dominio del objeto que es gravado por el tributo. Es decir, la posesión que es objeto del impuesto predial es aquella que se ostenta a título de dueño o poseedor originario, ya sea en su carácter de propietario o poseedor a título de dueño del inmueble, mas no, la posesión precaria o derivada del usufructo, arrendamiento, depósito u otro título análogo. Se explica. El artículo 1039 del Código Civil del Estado de Guanajuato, dispone: Artículo 1039. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión civil; el otro, una posesión precaria. Como se ve, la posesión originaria es la que corresponde al propietario y se desprende de un título, mientras que la precaria o derivada es la que éste entrega, temporalmente, al usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. En relatadas condiciones, contrario a lo sostenido por el quejoso, inconcuso resulta que el objeto y sujeto del impuesto impugnado se encuentra claramente definido, a saber, gravar la propiedad del suelo y las construcciones adheridas a éste, pues la posesión contemplada en el artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, corresponde a aquella que se ejerce por cualquier título, entendiéndose por este el que otorga la posesión originaria, en términos del artículo 1039 transcrito, mas no, una posesión derivada en la que evidentemente no se detenta la propiedad del bien. Resulta ilustrativo a lo anterior, por las razones que lo integran, el criterio de jurisprudencia P./J. 120/2005, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo XXII, octubre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: PREDIAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias han de tratar igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los que se ubiquen en una situación diversa. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer que: «No se ubican en la hipótesis de causación precisada en el párrafo anterior quienes son poseedores de mala fe.», no contraviene el indicado principio constitucional, toda vez que únicamente aclara que la obligación de pago del tributo continúa a cargo del titular del derecho de propiedad, cuando la ocupación o el aprovechamiento del inmueble ajeno es consecuencia de un acto ilícito, es decir, que no deriva de título alguno, pues la posesión de mala fe, resultado de un acto jurídico traslativo de dominio viciado, convierte al adquirente formalmente en propietario, mientras no sea anulado su título y con este carácter le resulta la obligación del pago del impuesto. Además, el poseedor de mala fe sin título no puede tener el carácter de sujeto pasivo del impuesto, porque la relación jurídico tributaria se establece con el propietario del inmueble. En relatadas condiciones, lo procedente es negar al quejoso, el amparo y protección de la justicia federal, solicitado, respecto del artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. DÉCIMO PRIMERO. Estudio de fondo del artículo 5° de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Es de destacar que mediante el oficio PR-2019-00894056, visible a fojas 138 y el contenido del informe justificado rendido por el Director de Ejecución de la Dirección General de Ingresos del Municipio, se acredita la aplicación del artículo 5° de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecinueve, pues en el primero se indica que contiene la liquidación del impuesto predial de la cuenta 01-I-001317-003, registrada a nombre del ahora quejoso, de los periodos de dos mil quince a dos mil diecinueve y en el informe la autoridad responsable aduce que para la determinación del impuesto predial del citado inmueble se aplicaron las tasas previstas en el artículo 5, fracción I, inciso b) de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En el cuarto de sus conceptos de violación el quejoso expresa lo siguiente: ".los artículos 5 de las leyes de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, han establecido una tasa de 0.234%, para aquellos bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos con edificaciones valuados entre el uno de enero de dos mil doce y el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho." ".soy obligado al pago del impuesto predial (.)porque soy propietario de un inmueble urbano, sin construcción." ". tengo que pagar tasas superiores al 1° uno por ciento, lo cual, por sí solo, desatiende la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor del predio, pues se me obliga a contribuir en mayor proporción que el propietario o poseedor de un predio edificado, aunado a que el sólo hecho de que el predio esté o no construido genera un trato desigual entre contribuyentes que tenemos las mismas características." Tales argumentos son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo de la justicia federal solicitado. Lo anterior, bajo el contexto que de acuerdo con lo informado por la directora de Impuestos Inmobiliarios de este Municipio, se acredita que le fue aplicada la tasa prevista en el inciso b, de la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, relativa a los inmuebles urbanos y suburbanos sin edificaciones, que resulta mayor a la aplicada a aquellos inmuebles con edificaciones. El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Al respecto, podemos decir que el principio de proporcionalidad se traduce en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Lo que significa, que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Luego, el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción. Por otro lado, el principio de equidad tributaria consiste en que, los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. En el entendido que, no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. Bajo el anterior marco contextual, los artículos 161, 162 y 164 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, establecen los sujetos obligados al pago del impuesto predial, la base gravable de la citada contribución y la forma de determinarlo, en relación con los numerales 5, 6 y 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, que en su orden prevén la tasa que corresponde, los valores unitarios de suelo y construcciones y los lineamientos a seguir para realizar el avaluó de los predios. Ahora, del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, se advierte que establece la distinción consistente en que a los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos con edificaciones, cuyo valor fiscal haya sido determinado o modificado a partir del uno de enero de dos mil doce y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y dieciocho, se les aplicará una tasa fija de 0.234 por ciento; en contraste con los inmuebles que no cuenten con edificaciones, a quienes se les aplicará una tasa progresiva atento a la superficie de terreno, misma que resulta mayor a los casos aplicados en los primeros supuestos. Diferencia que, en términos del marco contextual expuesto con anterioridad, corresponde a un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones semejantes, dado que dichos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos, forman una misma categoría de contribuyentes, razón por la cual deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley, pues, en función del hecho imponible no existe justificación para que el propietario o poseedor de un predio baldío pague una tasa mayor de la que le correspondería pagar si el predio se ubicara en la categoría de edificado. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 109/2007, con registro electrónico 172170, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, tomo XXV, junio de 2007, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado. Asimismo es aplicable el criterio jurisprudencial PC.III.A. J/24 A (10a.) con registro electrónico 2013540, emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1744, libro 38, enero de 2017, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: PREDIAL. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, AL ESTABLECER TASAS DIFERENCIADAS PARA PAGAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN EDIFICACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO ACREDITARSE UN FIN EXTRAFISCAL. El precepto mencionado, al establecer que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados, viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen iguales características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos y las construcciones ubicadas en ellos) y realizan idéntico hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano y las construcciones adheridas a éste), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un trato desigual por el solo hecho de que el predio esté o no edificado. Lo anterior es así, porque aun cuando el fundamento legal de los fines extrafiscales se encuentra en el artículo 25 de la Constitución Federal, como un instrumento eficaz de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, si se consideran útiles o no para el desarrollo armónico de la población; empero, no obstante que el legislador, en la exposición de motivos de la iniciativa de la citada legislación, sustentó la diferencia en el cobro de las tasas del impuesto predial entre predios edificados y no edificados, con base en un fin extrafiscal, para regular la conducta o actividad de los propietarios o poseedores, esa distinción no se encuentra objetiva y razonablemente justificada para atribuirle la característica de fin extrafiscal. En las relatadas condiciones, se declara inconstitucional el artículo 5° de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio dos mil diecinueve y en consecuencia, también deviene inconstitucional el oficio PR-2019-00894056, que constituye el acto de aplicación de dicho precepto, así como los vinculados con la ejecución de tal mandato. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos precisados en el considerando siguiente. DECIMO SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. De acuerdo con lo establecido en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la ley de la materia, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de la sentencia que conceda la protección constitucional y especificará las medidas que las autoridades o los particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento, así como la restitución del quejoso en el goce del derecho vulnerado. Al declarse inconstitucional el artículo 5° de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que de acuerdo con lo informado por la Directora de Impuestos Inmobiliarios en este Municipio, sirvió de referencia para la aplicación de la tasa que permitió la determinación del impuesto predial a cargo del quejoso respecto de la cuenta predial 01-I-001317003, materializada mediante el oficio PR-2019-00894056, es de concluirse que tanto dicho documento, como las actuaciones inherentes a la ejecución del mandato que contiene deben dejarse insubsistentes. En consecuencia, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para que la autoridad que sea vinculada en razón de sus funciones, en cumplimiento a esta sentencia: Deje insubsistente el oficio PR-2019-00894056, así como las actuaciones inherentes a la notificación y ejecución del requerimiento de pago y embargo que contiene. Gire oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para que cancele la inscripción del embargo que por la cantidad de quinientos cuarenta y un mil cincuenta y seis pesos, cinco centavos, se registró en el folio real R20*484366. Para el caso de que considere volver a liquidar el impuesto predial respecto del inmueble registrado a nombre del quejoso, de los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecinueve, deberá aplicar la tasa del impuesto predial que se establece para los inmuebles con edificaciones. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE, en el juicio en términos de lo previsto en los considerandos tercero, sexto, séptimo, octavo y noveno del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Se niega el amparo solicitado, en contra del artículo 161, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en términos de lo expuesto en el considerando décimo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lorenzo Arcelus de Diego, para los efectos indicados en el último de los considerandos. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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