Lorenzo Antonio Iriondo Herrero

Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1049/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Lorenzo Antonio Iriondo Herrero

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: Jorge

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintidós. Informe autoridad responsable. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del pleno de la misma, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, proporciona la información requerida. Requerimiento satisfecho. Atento a su contenido, se tiene por cumplido lo peticionado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de mérito, asimismo, se tiene por brindada la información correspondiente y por remitidas las constancias que fueron adjuntadas al memorial de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Quejoso subsana prevención. Por otra parte, glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de cinco de agosto del presente año; por tanto, una vez satisfecho el requerimiento efectuado por este órgano judicial y por satisfecho el requerimiento efectuado a la responsable, se está en condiciones de proveer en relación a la demanda intentada. Transcripción del acto reclamado Atento a lo anterior, por principio de cuentas, se precisa que el quejoso, en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado el siguiente: "el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/555/19.". Posteriormente, atendiendo a las manifestaciones que la propia quejosa realizó -bajo protesta de decir verdad -en su escrito de demanda, en el que se precisó que el acto que reclamaba era el de ocho de julio de dos mil veintidós, por el cual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de abril del año en curso, teniendo por no interpuesta la demanda en contra de NR FINANCE MEXICO Sociedad Anónima de Capital Variable SOROM E.R. conocida comercialmente como Renault Servicios Financieros y Renault México Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo anterior, se le previno a efecto de que precisara las prestaciones que reclamó a cada una de las demandadas en el juicio laboral 01/555/19, así como para que manifestara, si a todas las demandadas les reclamó las mismas prestaciones o, en su caso, si éstas eran diversas entre sí, total o parcialmente. Aclaración del escrito de demanda Atento a lo anterior, en el escrito que se provee, la quejosa manifestó que las prestaciones reclamadas a todas las demandadas en el juicio de origen, incluidas las diversas por las que la responsable determinó tener por no interpuesta la demanda, fueron las siguientes: La reinstalación, física jurídica y material. Reconocimiento, pago y cumplimiento de la prima de antigüedad. El pago de salarios vencidos o caídos. Pago de vacaciones, prima vacacional del 25% y aguinaldo. Pago de prima dominical. Pago de días de descanso obligatorios. Salarios devengados. Pago de tiempo extraordinario. Pago de días festivos. Reparto de utilidades. Contestación del cabal y exacto cumplimiento a la patronal a su obligación en materia de seguridad social como previsión social. La exhibición de constancias. El reconocimiento , pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones laborales que integran el salario del trabajador, y Pago de viáticos. . Desechamiento de la demanda Una vez precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese contexto, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos son de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo resolución favorable en el juicio. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia J. 4329/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Sin embargo, si no se actualizan esos supuestos, el juicio de amparo es improcedente y a efecto de impugnar el acto reclamado, el gobernado debe esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva para controvertir, en su caso, la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 171 y 172 de la ley de la materia. Por lo que, válidamente se puede advertir que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen en el juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley y por el Máximo Tribunal del País, son reveladoras de la intención de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que la impetrante de amparo reclamó a todos y cada uno de los demandados las mismas prestaciones en el juicio laboral y en ese contexto, el proveído reclamado de ocho de julio del año en curso, en el que se le tuvo por no interpuesta la demanda en contra de NR FINANCE MEXICO Sociedad Anónima de Capital Variable SOROM E.R. conocida comercialmente como Renault Servicios Financieros y Renault México Sociedad Anónima de Capital Variable no constituye un acto de imposible reparación; sino de aquellos que producen efectos intraprocesales, los cuales son reparables, si se obtiene laudo favorable, al quedar satisfechas las pretensiones de la promovente. Ello es así, toda vez que, al reclamarse de NR FINANCE MEXICO Sociedad Anónima de Capital Variable SOROM E.R. conocida comercialmente como Renault Servicios Financieros y Renault México Sociedad Anónima de Capital Variable (respecto de quien se tuvo por no interpuesta la demanda laboral) las mismas prestaciones que a aquellas por las que se sigue el juicio, existe la posibilidad que las pretensiones de la actora, ahora quejosa, puedan quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condenen a las demandadas por las que efectivamente se sigue el juicio, y en esa guisa, no se contraviene algún derecho sustantivo de la impetrante del amparo, ya que sus efectos son meramente procesales. Máxime que, como se advierte del escrito aclaratorio, el procedimiento laboral continua por las diversas demandadas, por lo que, en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses de la parte actora, con su emisión se patentizaría la trascendencia de la aludida violación procesal, pudiendo impugnarla a través del amparo directo, en el que podrá hacer valer, en su caso, las violaciones procesales que estime se hayan infringido. Se afirma lo anterior, pues del análisis de los preceptos citados en párrafos que anteceden, se colige que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en contra del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 117/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 159 (registro 190385), del tenor siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo.". Asimismo, el criterio sustentado en la jurisprudencia siguiente1: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Lorenzo Antonio Iriondo Herrero, por propio derecho. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Antonio Iriondo Herrero, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1049/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Primero. Informe a este Juzgado Federal las partes demandadas en el juicio de origen 01/555/2019, así como las prestaciones reclamadas a las mismas. Segundo. Manifieste si a todas las demandadas, les reclamó las mismas prestaciones o, en su caso, si son diversas entre sí, total o parcialmente. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Requerimiento a autoridad señalada como responsable. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 79 del mismo ordenamiento, se requiere la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia de la demanda del juicio de origen 01/555/2019. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo y 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; y. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio I.13o.A.18 K sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, 4 visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1858, con número de registro 185066, de rubro y texto siguientes: "REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo a lo previsto en los artículos 79 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el Juez de amparo puede allegarse de información sobre la existencia y autenticidad de los documentos con los que la parte quejosa pretende demostrar su interés público subjetivo en el interés jurídico, siempre que lo haga dentro del mismo término que se le otorga a la parte quejosa, cuando el ocurso de demanda haya sido objeto de aclaración o requerimiento porque no satisface los requisitos a que alude el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, en el mismo auto de admisión de la demanda, sin que con ello deba retardar el proveer sobre la suspensión provisional dentro del término legal previsto para ello, y sin que deba reservar de acordar cuando no haya causa legal para ello." Asimismo, apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Cuarta Parte, página 124, con número de registro 240177, de rubro y texto siguientes: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Notificación vía electrónica y domicilio procesal. Con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario "SELOISAO", forma correcta en la que esta dado de alta el usuario indicado, conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se advierte que la promovente señala de manera indistinta para el efecto de oír y recibir notificaciones la vía electrónica y un domicilio físico; sin embargo, a fin de evitar la duplicidad de notificaciones, se tiene por autorizado el medio electrónico señalado en primer término y, en caso de elegir el domicilio físico, es menester que lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, en el entendido que de optar por ese medio le será revocada la vía electrónica antes autorizada. Autorización consulta del expediente electrónico y gestiones para notificación electrónica. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "SELOISAO", para consultar vía internet las actuaciones que se dicten en el presente asunto, siempre y cuando se encuentren registrados en dicho sistema. Se instruye al oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la consulta y notificación electrónica de la promovente en el referido sistema. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que señala en el escrito de cuenta, en razón de que se trata de un asunto en materia laboral, en el que la accionante de amparo es la parte trabajadora, por lo que no es necesario que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Medios especiales de comunicación. Por otro lado, no ha lugar a tener como medios de notificación la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que proporciona, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, la cual podrá ser utilizada por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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