Lorenzo Antonio Hernández Ramírez

Expediente 961/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Antonio Hernández Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre del año en curso, en los autos del juicio de amparo 961/2023. Se da trámite Se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Distribúyanse entre las partes, las copias restantes del ocurso, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley de Amparo. Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese por lista electrónica: a la parte quejosa, en el usuario propuesto para tales efectos; así como por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 961/2023-II, promovido por ***, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 961/2023-II, se admitió a trámite, se pidieron a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Congreso del Estado de Chihuahua: la aprobación y expedición del Decreto LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero. la aprobación y expedición del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los "DERECHO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD", en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, IX y X con motivo de su primer acto de aplicación. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en el punto que antecede. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptaron los actos que les fueron endilgados, de modo que se tienen por ciertos. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal de carácter general (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: 1. En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida; 2. Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y 3. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa, en su demanda de amparo, adujo -bajo protesta de decir verdad-: Que celebró un contrato traslativo de dominio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto de un bien inmueble, ante la fe del Notario Público número Veintiocho del Distrito Judicial Bravos; Además, también refirió que no realizó entrega de recursos monetarios a dicho fedatario, ni que éste había efectuado retención alguna; Finalmente, dijo que el quince de septiembre de dos mil veintitrés, realizó el pago de los derechos que aquí reclama, directamente ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua; y para corroborarlo, exhibió impresión simple de la factura con folio de operación 4569735, de esa fecha, emitida a su nombre. A esas manifestaciones y documental, esta Juzgadora otorga el valor de indicio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 235/2023 de su índice, relacionado con el juicio de amparo indirecto 186/2023-VII de este Juzgado, determinó revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, para el efecto de se requiriera al Notario Público que realizó el trámite respectivo, si él le retuvo a la quejosa alguna cantidad con motivo del acto traslativo de dominio y en su caso, precisara la fecha en que ello ocurrió y lo acreditara con las constancias respectivas. En la inteligencia de que, como fecha de aplicación de la norma reclamada, se tendría la data en la cual se pusieron a disposición del notario correspondiente, los recursos para el pago, entre otros, por concepto de derecho de registro; por las razones que serán aludidas más adelante. Con motivo de esa determinación, este Juzgado Federal, en asuntos donde se reclamen derechos registrales -contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en su numeral primero, apartado 4.3.2.3, así como decimotercero, con relación al diverso 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua- determinó instar a los fedatarios ante los cuales se llevaron tales trámites, con el objeto de obtener la información que precisó la alzada en cita. En el caso sujeto a análisis, en auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió al Notario Público número Veintiocho del Distrito Judicial Bravos, para que hiciera llegar la información arriba precisada, en los siguientes términos: En consecuencia, se requiere al licenciado ***, Notario Público Número 28 del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído: I. Informe si le retuvo al quejoso, Lorenzo Antonio Hernández Ramírez, alguna cantidad con motivo del acto traslativo de dominio y en su caso, señale la fecha en la cual el quejoso le hizo entrega de la suma de dinero correspondiente a dicho pago; y, II. Asimismo, en su caso, remita copia certificada del comprobante respectivo (ya sea que lo haya recibido electrónicamente, de manera directa, o bien, por conducto de una moral crediticia que lo haya entregado en nombre de la parte quejosa). Para evitar dilaciones innecesarias se adjunta copia del escrito de la demanda con sus anexos. En el entendido de que la notaría requerida deberá señalar expresamente el día que recibió las cantidades referidas y comprobarlo, más no el día de la expedición del recibo correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda; en virtud de que dicho recibo puede expedirse en cualquier momento, de modo que puede no corresponder al día en que se le enteró la cantidad correspondiente. Por otra parte, si el pago se realizó por conducto de una institución crediticia, la persona Notaria deberá referir si en el instrumento generado con motivo del acto jurídico que dio pauta al pago de los derechos traslativos de dominio obra el consentimiento expreso de la parte quejosa de aceptar la entrega de las cantidades correspondientes al pago de los derechos registrales reclamados, en cuyo caso, también deberá remitir copia certificada del instrumento respectivo. Se hace del conocimiento de la persona fedataria el delito especial que cometen aquellas personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial u omitan los que le consten en relación al acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, como lo establece el artículo 261 de la Ley de Amparo. Al respecto, dicho notario -que goza de fe pública- asentó que el aquí quejoso, desde el veinticinco de agosto del año en curso, realizó el pago de los gastos notariales erogados por escrituración, dentro de las cuales se encuentran las relativas a los derechos de registro, lo cual comprobó con copia certificada parcial de su estado de cuenta, del que se colige que, en esa fecha, recibió el pago a que aludió. Además, remitió copia certificada del documento denominado "anexo b" de las condiciones generales de contratación 2.03 "Carta de condiciones financieras definitivas crédito tradicional" donde el aquí quejoso dio el consentimiento expreso de pago de los derechos traslativos de dominio. Documentales y manifestaciones a las que esta Juzgadora Federal otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo en términos de su numeral 2°, al ser emitidas por una autoridad motivo y en ejercicio de sus funciones; en uso de las facultadas conferidas en el párrafo segundo del artículo 13, con relación a la fracción XVII, del numeral 24, ambos de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua. Por ende, las manifestaciones externadas -bajo protesta de decir verdad- por el aquí quejoso, respecto a la aplicación de la norma reclamada, se encuentran desvirtuadas, al haber resultado inverosímiles, al contrastarlas con las expuestas y acreditadas por el notario en cuestión. En efecto, aunque las expresiones que sean emitidas con esa protesta por la parte quejosa, se presumen ciertas, ello es siempre que no existan medios de convicción que desvirtúen esa presunción. En el caso, mientras que el quejoso dice que él mismo practicó, el quince de septiembre de dos mil veintitrés, el pago de derechos que reclama en esta instancia constitucional; el Notario Público número Veintiocho del Distrito Judicial Bravos demostró que, en primer lugar, el aquí quejoso dio su consentimiento expreso para que aquél realizara tal pago, y en segundo lugar, que tal fedatario recibió los recursos como pago por los gastos notariales de escrituración entre los cuales se encuentra la liquidación de las contribuciones aquí combatidas desde el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, no en la fecha posterior en que aludió el quejoso -quien, como ya se demostró, ya había cedido su consentimiento para que fuera el notario en cuestión, quien sufragara por ese concepto. Además, es del conocimiento de este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la documental con la que la parte accionante del amparo pretendió acreditar la fecha en que se le aplicó la norma que aquí reclama, puede expedirse en cualquier momento, de modo que puede no corresponder al día en que se le enteró la cantidad correspondiente. Por las anteriores consideraciones, es que se tiene como fecha de aplicación de la norma aquí reclamada, la data en que la parte quejosa, por conducto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, enteró al Notario Público número Veintiocho del Distrito Judicial Bravos, el pago por escrituración en el cual se encuentra el de derechos de registro, reclamado a través de este juicio biinstancial. Así, con relación al primer acto de aplicación de los Decretos aquí reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1. al día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2. al día siguiente al en que tuvo conocimiento del quejoso o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Con relación a tales plazos, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos. Ahora bien, tratándose de amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se computarán a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Criterio jurisprudencial que se encuentra publicado en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, Séptima Época y número de registro 232445, misma que resulta aplicable por las razones ya indicadas que informa y que es del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). En ese contexto, dado que en este asunto la parte quejosa acude al amparo para impugnar diversos preceptos legales que dice le fueron aplicados con motivo del pago de los tributos correspondientes por conducto de un notario público, conviene precisar cuáles son los principales criterios jurisprudenciales relacionados con la determinación sobre cuándo se actualiza el acto de aplicación de normas generales tributarias, y en qué momento se inicia el plazo para impugnar en amparo dicho acto de aplicación, bien sea que se realice por el propio quejoso, por una autoridad o por un tercero en auxilio de la administración. Para resolver la problemática relativa a cuándo inicia el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra leyes tributarias que regulan los derechos por inscripción del respectivo testimonio notarial en el Registro Público de la Propiedad, con motivo del acto por virtud del cual un notario público o tercero auxiliar "retiene" o recauda los referidos tributos, es necesario atender a la distinción entre la procedencia del juicio constitucional contra el acto de aplicación de la regulación que rige esos tributos y la del amparo contra esa precisa regulación. Si bien lo ordinario es que el acto de aplicación de una norma general provenga de la actuación de un órgano del Estado, especialmente cuando actúa investido de imperio, lo cierto es que en ocasiones los sujetos directamente vinculados a cumplir con lo establecido en ésta o terceros que actúan como auxiliares de la administración, deben llevar a cabo la aplicación de lo que disponga aquélla, pues de lo contrario incurrirán en un acto ilícito, lo que permite sostener que esos actos de aplicación son realizados en perjuicio del sujeto de aquélla, bien sea directamente por éste o por un tercero, por lo que atendiendo a este tipo de situaciones que especialmente se presentan en la aplicación de las normas generales tributarias, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha reconocido que el acto de aplicación que permite acudir al juicio de amparo para impugnar una norma general, puede acontecer tanto en actos realizados por el quejoso como por un tercero que actúa en auxilio de la administración tributaria. Incluso, resulta relevante distinguir, en el último supuesto mencionado, es decir, en el caso de los actos de aplicación realizados por un tercero, entre el acto de aplicación en el que es indispensable la voluntad del contribuyente para realizar el pago respectivo, en tanto que éste tiene a su disposición los recursos a erogar, y el diverso en el que esos recursos se encuentran bajo resguardo del tercero auxiliar de la administración, supuesto en el que la voluntad de éste es la determinante para concretar el respectivo acto de aplicación. Ante ello, los actos de aplicación de normas tributarias realizados por el quejoso o por un tercero, el momento a partir del cual comienza el plazo de quince días para promover el amparo respectivo, resulta cuando el contribuyente tiene conocimiento de la afectación de su patrimonio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el plazo para promover el amparo contra una norma general impugnada con motivo de su aplicación realizada por el propio quejoso, comienza desde que éste se coloca en el supuesto normativo establecido en aquélla, precisando que el artículo impugnado: "empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto, es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende, también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo". Por lo que, debe tomarse en cuenta que dicho plazo inicia, necesariamente, al día siguiente al en que el quejoso realiza el pago del tributo respectivo, dado que al tener bajo su resguardo los recursos a erogar, es él quien decide -dentro del margen legal para ello- llevar a cabo el pago y, por ende, a generar en su perjuicio la afectación patrimonial correspondiente; por lo que en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es indudable que a partir del momento de la erogación del tributo el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial y si es su intención controvertir las normas generales que lo vinculan a realizar ese pago y que, por ende, sirven de base a ese perjuicio, resulta indudable que en términos de lo previsto en el último precepto citado, al realizar el entero se tiene noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste, pues a él le correspondió llevar a cabo los cálculos correspondientes y, por consiguiente, conocer tanto la afectación patrimonial como su fundamento. Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando la parte quejosa pretendiera ostentarse sabedora del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que le causó perjuicio, desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. Además, cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, debe considerarse que aun cuando por lo regular ese tipo de actos de aplicación no tienen el carácter de actos de autoridad, por ende, no se les puedan atribuir vicios propios, ello no obsta para que también existan requisitos que condicionan la procedencia del amparo contra ese preciso acto, entre otros, el consistente en el plazo para promover la demanda de amparo. Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo respecto de ese acto, el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. En este último caso se ubica el pago realizado por la parte quejosa al Notario Público encargado de la escrituración, con motivo de la entrega de los recursos correspondientes para cubrir la cantidad relativa al derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ante ello, debe destacarse que el referido pago se realiza con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, ya que al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en perjuicio de éste en la que se concreta lo previsto en las leyes tributarias que son fuente de esa afectación patrimonial. Por tanto, el inicio del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente, en tanto que éste tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, tiene lugar al día siguiente al en que el contribuyente entrega esos recursos al referido tercero auxiliar, pues en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial respectiva. El pago de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, realizado por conducto de un notario público o tercero auxiliar, éste no actúa con el carácter de autoridad, ya que la afectación patrimonial que genera al adquirente no se da en una relación de supra a subordinación donde unilateralmente éste modifica la esfera jurídica del adquirente, máxime que no se da sobre recursos que aquél tenga bajo su resguardo; por el contrario, para que se dé esa afectación patrimonial es indispensable que el adquirente acepte el monto que debe entregar al notario o tercero auxiliar por un concepto diverso al del costo del inmueble; de allí que en esa afectación patrimonial realizada por un notario público o tercero en auxilio de la administración, concurre la voluntad del adquirente del inmueble respectivo. De esta circunstancia se sigue también que si la voluntad del contribuyente es determinante para que se dé el pago de esos tributos y, por ende, para que se dé la afectación patrimonial que puede servir de base para acudir al amparo para controvertir las normas generales que regulan el o los tributos respectivos, resulta indudable que al momento en el que se da la entrega de recursos al notario público o tercero auxiliar, el adquirente del bien tendrá noticia plena de la afectación patrimonial, es decir, a partir de ese momento tendrá conocimiento de ésta. Lo anterior, sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 2020056, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2020056, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad; en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad del contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público o tercero auxiliar que recibe el pago o transferencia de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. En ese contexto, si el adquirente del inmueble no promueve la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que le causó la entrega de recursos que realizó al notario público o tercero auxiliar, en la cual resulta determinante la voluntad de aquél y, posteriormente, acude al juicio de amparo para controvertir con motivo de esa precisa afectación patrimonial las normas generales que implícitamente se le aplicaron, el amparo resultará improcedente contra esta normativa, no porque se hubiere consentido ésta al no acudir al juicio de amparo con motivo de su primer acto de aplicación, sino en virtud de que este juicio constitucional resultará extemporáneo respecto del acto en el que se dio la afectación directa patrimonial en perjuicio del contribuyente y, en consecuencia, dicho juicio también resultará improcedente respecto de la normativa aplicada implícitamente en éste. En ese orden de ideas, se concluye que si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que si en la denominada "retención" realizada por el notario público o tercero auxiliar concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente. En el caso, el primer acto de aplicación demostrado, en la esfera jurídica del quejoso, se concretó el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, pues fue cuando sufrió la afectación, al realizar el pago de la cantidad respectiva por la inscripción de derechos de registro; y además, cuando tuvo conocimiento de tal afectación. En esa tesitura, a partir del momento de esa afectación patrimonial, derivada de la aceptación de la parte quejosa de erogar los recursos respectivos, inició el cómputo del plazo de quince días para controvertir mediante el juicio de amparo el respectivo acto de aplicación, debiendo precisarse que, en todo caso, el desconocimiento de dicha normativa le resulta atribuible, inicialmente, al propio contribuyente quien tuvo la opción de no realizar el pago hasta en tanto el referido tercero le hiciera del conocimiento la fuente de esa afectación patrimonial. Ello es así en tanto que como se anticipó, el acto aplicación tratándose de la impugnación de normas heteroaplicativas es aquel en el cual el particular se ubica en el supuesto normativo que genera una afectación -en el caso patrimonial- en la esfera jurídica del quejoso; lo cual en esta situación se traduce en la entrega al tercero en auxilio de la autoridad. Sin que el futuro evento de la fecha en la cual el fedatario público entere, a su vez, a la autoridad registral y esta expida el comprobante respectivo, modifique el momento en el cual el ciudadano afectado en su patrimonio vio trastocada su esfera con la erogación del pago. Además, se insiste, es la afectación patrimonial el evento que acorde las jurisprudencias referidas en este fallo debe tomarse en consideración como acto de aplicación que actualiza el termino para promover el juicio constitucional; lo que difiere del conocimiento del fundamento y motivo del acto reclamado, pues nos encontramos en un amparo contra leyes que debe incoarse a partir del primer acto de aplicación del texto normativo tildado de ilegal. De manera que, tomando en cuenta lo anterior, el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto en contra de los ordenamientos legales reclamados, con motivo de su primer acto de aplicación, comenzó a transcurrir el veintiocho de agosto del año en curso y feneció el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar los días dos, tres, nueve, diez, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de éste último, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda que dio lugar a este juicio de amparo, se promovió el seis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en la cual se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, es inconcuso que este juicio de amparo se promovió fuera del término legal para ello, de manera extemporánea. Así pues, ya que con relación al primer acto de aplicación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en relación con dicho acto de aplicación y con el Decreto reclamado, esto conforme a la técnica que regula el juicio de amparo contra leyes, precisada en el considerando quinto, así como artículo 63, fracción XIV, con relación a los diversos numerales los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra las autoridades y actos reclamados, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese 1) mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito, 2) por lista electrónica y 3) a la parte quejosa, en el usuario propuesto para tales efectos. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Primero, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Rinde informe Luego, agréguese a los autos el escrito y anexo enviados por el Notario Público Número Veintiocho en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, mediante los cuales desahoga la prueba testimonial, en vía de informe, requerido por este juzgado el trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por desahogada dicha probanza, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional de este juicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124, de la ley de la materia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste únicamente como antecedente el informe justificado rendido por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, en representación del Congreso del Estado de Chihuahua, toda vez que el seis de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido y se proveyó lo conducente. Lo anterior, se asienta en términos del artículo 219 del Código federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano