Lorenzo Álvaro Gutiérrez Rosas

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Álvaro Gutiérrez Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se declaró que el auto que por el que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo causó estado y se ordenó el archivo del presente juicio. Asimismo, se evidencia que obra por cuerda separada el legajo de prueba I. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo En consecuencia, se ordena la devolución del legajo de prueba I, a la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos remitidos por las autoridades responsables; devuélvanse los referidos anexos a las mismas. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Alfredo Michell Rivera Méndez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Escrito. Antonio Rodríguez Flores, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, realiza lo siguiente: 1.- Informa el contenido del auto tres de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil número 0330/2021, del que se advierte que el actor en lo principal -aquí tercero interesado- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal Miguel Ángel Velazco Barrañón, se desistió de la ejecución de sentencia por haber alcanzado el objeto perseguido. Por lo que, en dicho proveído la autoridad responsable, Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, ordeno levantar el embargo trabajo en autos, ordenándose el archivo del juicio de origen como totalmente concluido. 2 Ofrece pruebas. 3.- Hace valer causal de sobreseimiento en razón de que los efectos de los actos reclamados cesaron. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se toma conocimiento de las manifestaciones vertidas por el autorizado en términos amplios de la parte quejoso, en consecuencia se acuerda lo conducente. Prueba. Se admite la prueba ofrecida. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. Lorenzo Álvaro Gutiérrez Rosas. B.- Tercero interesado. 1.- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal Miguel Ángel Velazco Barrañón. C.- Autoridad responsable. 1.- Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla D.- Acto reclamado. 1.- La falta de notificación de la providencia precautoria de retención de bienes, identificada con el número 0330/2021 y sus efectos 2.- La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral mercantil número 0330/2021 del índice de la autoridad responsable y sus efectos. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, con relación a las diversas 62 y 63 de la Ley de Amparo, que textualmente disponen. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia señalada en la fracción XVII, del citado artículo 61, ha establecido los siguientes criterios: El primero, emitido en la Novena Época, por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, tesis 2a. CXI/96, en su página doscientos diecinueve. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". El segundo, correspondiente a la Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página cuatro mil novecientos ochenta y uno, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... «contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica». Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". El tercero, de la Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página mil quinientos setenta y tres que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Bajo esa premisa, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: 1.- La falta de notificación de la providencia precautoria de retención de bienes, identificada con el número 0330/2021 y sus efectos 2.- La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral mercantil número 0330/2021 del índice de la autoridad responsable y sus efectos. Ahora bien, Antonio Rodríguez Flores, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifiesta y acredita que: 1.- Mediante auto tres de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral mercantil número 0330/2021, actor en lo principal -aquí tercero interesado- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal Miguel Ángel Velazco Barrañón, se desistió de la ejecución de sentencia por haber alcanzado el objeto perseguido. 2.- En razón de lo anterior, la autoridad responsable, Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, ordenó levantar el embargo trabado en autos, ordenándose el archivo del juicio de origen como totalmente concluido. 3.- Por consiguiente los efectos que se originaron de los actos reclamados cesaron, toda vez que la autoridad responsable, ordenó levantar el embargo que se derivó del acto que se reclama en el presente juicio de amparo. Lo anterior se corrobora enseguida: A tales documentales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo expuesto, es evidente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del acto reclamado de forma total e incondicional porque el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial (juicio oral mercantil 0330/2021). Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una actuación procesal que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que en el juicio oral mercantil número 0330/2021, el actor en lo principal -aquí tercero interesado- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal Miguel Ángel Velazco Barrañón, se desistió de la ejecución de sentencia por haber alcanzado el objeto perseguido. Esta nueva circunstancia sobrevenida en el juicio de origen, genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional y finalmente, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el presente juicio constitucional y la nueva actuación procesal emitida el tres de abril de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral de origen, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, pues finalmente, el actor en lo principal -aquí tercero interesado- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a través de su apoderado legal Miguel Ángel Velazco Barrañón, se desistió de la ejecución de sentencia por haber alcanzado el objeto perseguido. Ahora bien de lo anterior, y como ya se dijo, en el caso particular se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. Como consecuencia de ello, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la nueva determinación y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida en contra la falta de notificación de la providencia precautoria de retención de bienes, identificada con el número 0330/2021 y sus efectos; así como la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral mercantil número 0330/2021 del índice de la autoridad responsable y sus efectos, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un nuevo acto, que traiga por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Resulta aplicable al caso, la tesis de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la página tres mil treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, cuyo texto señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo". Conclusión. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de garantías de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. De ahí que se actualiza de manera indudable la hipótesis de sobreseimiento antes mencionada y procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Lo anterior, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para el día de hoy. Notifíquese; y electrónicamente al quejoso. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Mariel Chantal Flores Téllez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se hace efectivo el apercibiento. Atendiendo a la certificación de cuenta, se corrobora que ha transcurrido el plazo de tres días dado al tercero interesado Miguel Ángel Velazco Barrañon en su calidad de accionante en lo principal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Bancaria Múltiple Grupo Financiero Banorte, para que señalara domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha lo haya hecho; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, por ende, la notificación derivada del presente auto, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Alfredo Michell Rivera Méndez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe. .

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