Lorenza Rojas Alvarado
Expediente 1175/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenza Rojas Alvarado
- Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA.- Número de expediente: 1175/2014 Acuerdo: mesa 3 b pral. 1175/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil quince. Vistos los autos, y toda vez que la autoridad responsable, presidente de la Primera Sala Penal Oral y Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informó respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, mediante oficio número 12 (foja 231), agregado el diez del actual (foja 239). En esas condiciones, se procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable, se encuentra cumplido el fallo protector; y, al efecto, se destaca lo siguiente: I. En este juicio de amparo, el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en la resolución definitiva de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, dictada en el toca penal oral número JOTPC/17/2014, mediante la cual la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, confirmó la resolución recurrida en apelación, de trece de mayo de dos mil catorce, por el que el juez de Garantías de Matías Romero, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Ramón López Mendoza, por el delito de abandono de acreedores alimentarios, en perjuicio patrimonial de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas, en la causa penal 121/2014. II. Mediante sentencia dictada en la audiencia constitucional de fecha dos de enero de dos mil quince, engrosada el veintisiete de febrero siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Lorenza Rojas Alvarado y al menor Uriel David López Rojas (fojas 192 a 206). III. En proveído de treinta de marzo de este año, causó ejecutoria la sentencia de que se trata (fojas 225 y 226), requiriéndose el cumplimiento a la responsable. IV. En respuesta se remitió el oficio 12 (foja 231), firmado por el presidente de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que anexó copia certificada de la resolución emitida el ocho de este mes de abril, en el toca penal 17/2014 (fojas 232 a 238). V. Por lo que, por acuerdo de fecha diez de abril del año en curso (foja 239), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que, en el plazo de tres días, expresaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hubieren hecho manifestación alguna. En la ejecutoria de amparo se concedió la protección constitucional, en los siguientes términos: "Ahora, como se dijo, la responsable consideró esencialmente dos aspectos para confirmar el auto de no vinculación a proceso: 1. Que el imputado Ramón López Mendoza no ha dejado de cumplir con sus obligaciones mensuales, porque, como lo afirmó Lorenza Rojas Alvarado, de manera parcial ha depositado ante el Juzgado Familiar las cantidades de trescientos a quinientos pesos mensuales, motivo por el que no dejó a su familia sin los recursos necesarios para cubrir sus mínimas necesidades, como la alimentación diaria para el menor Uriel David López Rojas. 2. Que la víctima no ha justificado que el imputado sí está en la posibilidad de cumplir de manera total a lo que fue condenado. Sin embargo, debe establecerse que las obligaciones económicas que tiene Ramón López Mendoza para con sus acreedores, fueron determinadas por la autoridad judicial en materia familiar, en una sentencia que se dictó en un procedimiento en el que fueron partes dicho sujeto como cónyuge y padre (demandada), y las víctimas, entre las que se encuentra un menor de edad (actora), estimándose que los alimentos debían ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y las necesidades del que deba recibirlos, por lo que determinó que la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en esta entidad y que, de forma mensual, asciende a la cantidad de un mil setecientos pesos mensuales, era la necesaria para que subsistiera la víctima. No obstante tal situación, el imputado no ha cumplido con ello, porque solamente ha proporcionado trescientos o quinientos pesos de forma mensual; de ahí que se ha abstenido de cumplir con la obligación que la autoridad judicial determinó a su cargo, porque no ha suministrado a alguien más esos medios necesarios para subsistir que, como se dijo, comprende no solamente la comida, sino que abarca el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, y tratándose del menor de edad, también los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Por ello, se estima que existe abandono de acreedores alimentarios, que actualiza el primero de los elementos del delito de que se trata, contrario a lo que sostuvo la responsable, porque al no dar la cantidad de dinero fijada, se puso a las víctimas en una condición de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica, ya analizada en una sentencia civil. . Aunado a que la víctima no tenía la obligación de justificar que el imputado sí está en la posibilidad de cumplir de manera total con la condena impuesta en aquella sentencia, como lo sostuvo la responsable, porque al fijarse los alimentos en el procedimiento civil, se estima, se analizaron la necesidad en el acreedor de recibir y la posibilidad del deudor en darlos; por tanto, esta última ya no tiene la obligación de justificar en la vía penal un aspecto que litigó en diversa vía. Sin que sea la jurisprudencia que invocó la responsable en la resolución reclamada, porque la misma se refiere a que para que queden demostrados los elementos del cuerpo del delito de abandono de acreedores alimentarios, no requiere de la promoción del juicio de alimentos, aspecto distinto al analizado. Por lo anterior, resulta esencialmente fundado el concepto de violación que vierte la parte quejosa, porque la resolución así dictada vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectos de la concesión del amparo. Ante ello, con fundamento en el precepto 77 de la ley de la materia, se concede la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable, Primera Sala Penal Oral y Especializada en Justicia para Adolescentes: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Dicte una nueva resolución en la que, al pronunciarse sobre los motivos, fundamentos, reproche y pretensión del recurso de apelación que hizo valer la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Matías Romero, Oaxaca, en favor de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas (foja 4 del tomo anexo I), establezca que quedó demostrado el primero de los elementos del hecho que la ley señala como delito de abandono de acreedores alimentos; y, 3. Dicte la resolución que conforme a derecho proceda." Ahora, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo, se advierte que la responsable: I. Por resolución de ocho de abril de dos mil quince, dejó insubsistente la diversa de diecinueve de junio de dos mil catorce (foja 233), dictada en el toca penal 17/2014, por la que confirmó la resolución recurrida en apelación, de trece de mayo de dos mil catorce, mediante el que el juez de Garantías de Matías Romero, Oaxaca, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Ramón López Mendoza, por el delito de abandono de acreedores alimentarios, en perjuicio patrimonial de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas, en la causa penal 121/2014. Primer efecto de la sentencia de amparo. II. Por otra parte, al pronunciarse sobre los motivos, fundamentos, reproche y pretensión del recurso de apelación que hizo valer la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Matías Romero, Oaxaca, en favor de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas, dijo que, se encontraba acreditado el primero de los elementos del delito de abandono de acreedores alimentarios previsto por el numeral 318 del Código Penal en el Estado, pues la obligación de suministrar los recursos para atender las necesidades de subsistencia respecto de las personas con quienes se tenga ese deber legal, condicionada a que no exista motivo justificado para el incumplimiento de la obligación, se encuentra sancionada con pena de prisión y privación de sus derechos familiares y transcribió diversos artículos del Código Civil para el Estado de Oaxaca (fojas 233 y 233 reverso) . Así también, estableció que de acuerdo a la legislación civil, los alimentos no solo comprenden la comida, sino que abarca el vestido, habitación y asistencia médica en situaciones de enfermedad y, en caso de menores también comprende los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales, siendo éste irrenunciable, mismos que deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que recibe; en tanto que en materia penal, esa conducta omisiva transciende al ámbito de la regulación penal, pues tiene como finalidad salvaguardar a la familia, ya que las sanciones civiles han sido ineficaces para proteger debidamente al acreedor, de ahí que el interés general y del rango del bien en peligro, se impone la necesidad de la protección penal de quienes la ley considera se encuentran en una posición de vulnerabilidad y que por ello no se bastan así mismos (foja 235 reverso). Por lo que, concluyó que las obligaciones económicas que tiene el aquí tercero interesado Ramón López Mendoza, para con sus acreedores, fueron determinadas por la autoridad judicial en materia familiar mediante sentencia en la que fueron partes dicho sujeto activo como cónyuge y padre, y las víctimas, entre las que se encuentra el menor Uriel David López Rojas, en la que se estableció que los alimentos debían ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y las necesidades del que recibe, determinándose la cantidad equivalente a un salario mínimo diario vigente en la entidad, de forma mensual, por la cantidad de un mil setecientos pesos, necesario para la subsistencia de las víctimas; sin embargo, el referido imputado se ha abstenido de cumplir con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, ya que únicamente proporcionó la cantidad de trescientos o quinientos pesos de forma mensual, en el Juzgado Familiar, por lo que no suministró esos medios necesarios para subsistir y al no proporcionar la cantidad de dinero fijada se puso a las víctimas en una condición de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica ya analizada de manera irrevocable en una sentencia civil (fojas 235 reverso y 236). Aunado a ello, la víctima no tenía la obligación de justificar que el imputado si estaba en posibilidad de cumplir de manera total con la condena impuesta en la sentencia civil, ya que al fijarse los alimentos en el procedimiento civil, se estima, se analizaron las necesidades de los acreedores de recibir y la posibilidad del deudor de darlos (foja 236 reverso). Segundo efecto de la sentencia de amparo. III. Y dictó una nueva resolución en la que revocó la diversa de trece de mayo de dos mil catorce y decretó auto de vinculación a proceso en contra de Ramón López Mendoza, por el delito de abandono de acreedores alimentarios, en perjuicio de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas, al tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión (foja 237 reverso). Tercer efecto de la sentencia de amparo. En esas condiciones, la sala responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictó una nueva resolución en la que, al pronunciarse sobre los motivos, fundamentos, reproche y pretensión del recurso de apelación que hizo valer la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Matías Romero, Oaxaca, en favor de Lorenza Rojas Alvarado y del menor Uriel David López Rojas, dijo que quedó demostrado el primero de los elementos del delito de abandono de acreedores alimentos, y decretó auto de vinculación a proceso en contra de Ramón López Mendoza, por el delito de que se trata. Por tanto, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Y con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa iii b pral. 1175/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de abril de dos mil quince. Agréguese el oficio número 12, remitido por el presidente de la Primera Sala Penal Oral y Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y remite copia certificada de la resolución de ocho de abril de este año, dictada en el toca 17/2014. Por lo que, con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga. Transcurrido dicho plazo, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado.
- Principal
notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 1175/2014 Acuerdo: mesa iii b pral. 1175/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de abril de dos mil quince. Agréguese el oficio número 12, remitido por el presidente de la Primera Sala Penal Oral y Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y remite copia certificada de la resolución de ocho de abril de este año, dictada en el toca 17/2014. Por lo que, con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga. Transcurrido dicho plazo, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado.
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´´PRAL 1175/2014 MESA 3 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince que, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acto atribuido al juez de Garantía en Materia Penal, con sede en Matías Romero, Oaxaca y, por otra, concedió la protección constitucional a los quejosos Lorenza Rojas Alvarado y menor Uriel David López Rojas, por cuanto al acto reclamado a la Primera Sala Penal Oral y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sin que se hubiere interpuesto, dentro de ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable, Primera Sala Penal Oral y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo; se le apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme con lo dispuesto por los preceptos 258 y 238 de la ley de la materia invocada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, previa foja de substitución, devuélvase a la autoridad responsable, Primera Sala Penal Oral y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, los autos originales del 1) toca penal 017/2014, que obra como tomo anexo I, a este expediente y 2) dos discos en formato dvd que dijo contenía la audiencia de imputación de trece de mayo de dos mil catorce, que envió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
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