Lorenza Mendoza Romero
Expediente 7/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/04/2017
Partes del expediente
- Lorenza Mendoza Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
IV. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 51 y 52), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo; por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: -Es susceptible de depuración, pues se deberá conservar únicamente la demanda y la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 17 a la 25), dictada por este Juzgado de Distrito, ya que, se concedió el amparo y protección de la justicia en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, fracción IV). -En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
IV.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Calimaya, Estado de México es la tercera interesada en el presente juicio de amparo y en virtud de que el proveído de tres de marzo del año en curso no le fue notificado como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, gírese oficio a la parte tercera interesada a fin de que se le notifique el proveído mencionado remitiéndole copa autorizada del mismo.
- Principal
IV.- Visto, el estado procesal que guardan las actuaciones del sumario constitucional en que se actúa, la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada en sus términos. El quejoso reclamó en esencia en la presente instancia lo siguiente: La abstención de la responsable de emitir el laudo laboral en el expediente laboral 643/2016, del índice estadístico de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia en la que se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lorenza Mendoza Romero, para los efectos, por el acto y autoridad descritos en el último considerando de este fallo. Asimismo, mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete causo ejecutoria la misma. Ahora, la concesión del amparo lo fue para el efecto de que: ".de que la autoridad responsable la restituya en el pleno goce de su derecho transgredido y, acatando los lineamientos de esta resolución, proceda a dictar el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notifique a la solicitante del amparo.". Mediante oficio y anexo registrado con número de control interno 3407 recibido el quince de febrero de la presente anualidad, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dio cumplimiento al fallo protector, anexando copia certificada del laudo emitido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, esto para acreditar su dicho, documentos públicos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De la copia certificada del laudo emitido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se advierte que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dicto el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notifico a la solicitante del amparo. En esa tesitura, sí la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para que dictara el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notificara a la solicitante del amparo y del análisis de las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, se advierte que se siguieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
IV.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 3 D EMARZO DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto, el estado procesal que guardan las actuaciones del sumario constitucional en que se actúa, la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada en sus términos. El quejoso reclamó en esencia en la presente instancia lo siguiente: La abstención de la responsable de emitir el laudo laboral en el expediente laboral 643/2016, del índice estadístico de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia en la que se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lorenza Mendoza Romero, para los efectos, por el acto y autoridad descritos en el último considerando de este fallo. Asimismo, mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete causo ejecutoria la misma. Ahora, la concesión del amparo lo fue para el efecto de que: ".de que la autoridad responsable la restituya en el pleno goce de su derecho transgredido y, acatando los lineamientos de esta resolución, proceda a dictar el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notifique a la solicitante del amparo.". Mediante oficio y anexo registrado con número de control interno 3407 recibido el quince de febrero de la presente anualidad, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dio cumplimiento al fallo protector, anexando copia certificada del laudo emitido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, esto para acreditar su dicho, documentos públicos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De la copia certificada del laudo emitido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se advierte que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dicto el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notifico a la solicitante del amparo. En esa tesitura, sí la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para que dictara el laudo correspondiente al procedimiento laboral 643/2016 de su índice y lo notificara a la solicitante del amparo y del análisis de las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, se advierte que se siguieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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