Lorenza Maribel Tomas Pedro
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Lorenza Maribel Tomas Pedro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración en cumplimiento al auto de ocho de junio del año en curso; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ***De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: **** En el caso, la quejosa Lorenza Maribel Tomas Pedro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "[.] A) Se reclama la INCOMUNICACIÓN y OCULTAMIENTO de la C. ****privada de la libertad y su DESAPARICION FORZADA con motivo de la detención ejecutada en su contra por parte del personal del Instituto Nacional de Inmigración con sede en la ciudad de San Luis Rio Colorado, en fecha JUEVES 8 DE MARZO DE 2022, sin justificación alguna ya que la quejosa no cometido conducta alguna que ameritaba ser detenida por razón de su nacionalidad, saber que son originarios de la República de Guatemala, discriminando su condición de extranjera en contravención a lo que dispone el artículos 1°, 4° y 11° de la Constitución Política de los estados unidos mexicano, es decir, las autoridades señaladas como responsables la detuvieron sin contar con orden de revisión migratoria, debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente donde se precise donde se precise el responsable de la diligencia y el personal autorizado para llevarla a cabo y la zona donde se les autorice, lo detuvieron y presentaron según me manifestaron ante oficina de representación en Sonora del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de San Luis Rio Colorado, personal de esa misma autoridad, donde la han retenida por un plazo mayor de quince días, sin que resuelvan su situación migratoria, y sin que den ninguna información de esta persona, negando que esta se encuentre detenidos ante ellos. En esas condiciones, la INCOMUNICACIÓN, OCULTAMIENTO y DESAPARICIÓN FORZADA, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y EXTRADICCIÓN perpetrada en contra de la C. LORENZA MARIBEL TOMÁS PEDRO se presentaron a partir de las cuatro de la tarde de la fecha señalada en el párrafo que antecede, presumiéndose que la parte quejosa fue desaparecida o entregada al crimen organizado bajo las órdenes y comisión de los elementos de la Policía de Protección Federal, y Elementos de la Guardia Nacional de la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, en coordinación con los elementos de la Oficina de Representación en Sonora del Instituto Nacional de Migración con sede en la ciudad de San Luis Rio Colorado. B) La obstaculización, limitación y privación del derecho de la C. ****, consistente en no permitir a la parte quejosa sean entrevistados en privado con su Defensor Particular cuantas veces sea necesario en estricto respeto al Derecho Humano Y Constitucional de contar con una defensa adecuada durante el proceso que le sea instruido, especialmente cuando la persona privada de su libertad haya sido detenida por autoridad administrativa competente en materia en asuntos inmigratorios. C) **** De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa, en primer término y mediante diligencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, ratificó su demanda, y esencialmente, se dolió de la incomunicación, detención, privación de la libertad en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación, expulsión, repatriación asistida o ''por razones humanitarias''. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el trece de mayo en curso, se otorgó a la ahora gestora del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al quejoso, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las trece horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintidós. Escrito. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los escritos signados por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento de ocho de junio del año en curso, hace diversas manifestaciones en relación al paradero de la directa quejosa; en este tenor, una vez que la autoridad responsable informe al diverso requerimiento de la citada fecha se acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la razón actuarial de cuenta, en la que el Actuario de la adscripción expone las razones por la cuales no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa **** el auto de diecinueve de mayo del año en curso; en este tenor, toda vez que la quejosa de mérito, cuenta con abogados autorizados en el presentes juicio, hágase por conductos de estos la notificación del citado auto. Requerimiento. Ahora, toda vez que, de la razón de cuenta se advierte que la quejosa obtuvo su libertad de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, en este tenor, requiérase a la autoridad Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la situación jurídica de la quejosa Lorenza Maribel Tomás Pedro, y remitan las constancias que acrediten su respuesta. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa, en lo particular, equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario Mínimo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al autorizado de la quejosa, para que informe dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe la situación jurídica de esta, y si conocen dónde pudiera encontrarse actualmente o bien, proporcione un domicilio y/o teléfono cierto y actual de dicha quejosa, o informe la imposibilidad jurídica o fáctica que tenga para dar cumplimiento a aquí lo requerido. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos en que se actúa, se advierte que el presente juicio no está plena y debidamente integrado, virtud que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado, agregado al presente juicio, mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso. Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las trece horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI. 2º. 16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 189948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.16 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 1081 Tipo: Aislada INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO." Notifíquese.
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