Lorenna Aracely Rojas Gallardo
Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lorenna Aracely Rojas Gallardo
- Lorenna Aracely Rojas Gallardo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado de cuenta a través del cual la Magistrada Semanera de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, solicita le sean remitidas las documentales que allegó en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, únicamente agréguese para que obre como corresponda en virtud que mediante oficio 8899/2022, con sello de recepción de cuatro de mayo pasado, la autoridad oficiante recibió las aludidas constancias; por tanto, remítase replica certificada del aludido oficio, a efecto de que este en aptitud de proveer lo conducente.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, en el expediente auxiliar 79/2022, de dicho índice, derivado del presente juicio de amparo, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; por ende, archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que signa el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, mediante el cual, señala que atento a la circular CAR 2/CCNO/2022, de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta y uno de marzo del año en curso, dictó sentencia en el juicio de amparo 579/2021-II, de este índice; lo anterior, con la finalidad de que se proceda a la notificación de la citada resolución y la captura correspondiente en el en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); por tanto, este juzgado toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes, acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, pero en concordancia con lo anterior, notifíquese a la parte quejosa y a los terceros interesados, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable, la sentencia dictada en este juicio. En cumplimiento a lo anterior, toda vez que la parte inconforme y la tercero interesada Yolanda Trejo García deben ser notificadas vía electrónica, se transcribe la sentencia de referencia para su conocimiento: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 579/2021 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, promovido por ************, contra el acto de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el quince de junio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, las citadas personas solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "II.- Autoridad responsable: Primera Sala Regional de Tlalnepantla, Estado de México. III.- Acto reclamado: Constituye el acto reclamado, la sentencia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha seis de abril de dos mil veintiuno y su auto aclaratorio de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los términos siguientes: [.]". Lo que estimaron contrario a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, registró la demanda de amparo con el consecutivo 579/2021 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de uno de julio de dos mil veintiuno, el juzgado auxiliado reconoció la calidad de terceros interesados a Yolanda Trejo García, así como a Pedro Gustavo Trejo García y ordenó su emplazamiento. La audiencia constitucional inició a las diez horas del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, mediante oficio 6/2022, firmado electrónicamente por el Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puso a disposición de este Juzgado Federal -entre otros- el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 579/2021, de su índice, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 84/2022; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción II, Segundo, fracción II, punto tres, Cuarto, fracción II; y Quinto, primer párrafo, punto nueve y segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio SECNO/STCCNO/195/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará en marzo del mismo año en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, al que este órgano jurisdiccional está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en los registros digitales que existen en el expediente electrónico que consta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. De conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Lo anterior encuentra apoyo en los Criterios de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de consultas formuladas con motivo del trámite de envío-recepción-devolución de expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares, específicamente en el: "3.-TÍTULO Amparos indirectos no integrados debidamente. Procede dictar la sentencia y no su devolución", visible en la páginahttp://www.cjf.gob.mx/secretarias/secjacno/Creacion%20Nuevo20Órganos/criteriosComision.html, del contenido siguiente: "Cuando el punto toral de la consulta se circunscribe a que en un amparo indirecto se reclama, entre otros actos, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin que al afecto se hayan llamado como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo en un asunto en el que ya se celebró la audiencia constitucional, dicho aspecto debe considerarse de naturaleza jurisdiccional que se ubica fuera del ámbito de atribuciones administrativas que sobre el particular caso de la distribución de las labores judiciales están conferidas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como pudiera ser la cantidad, cualidad y temporalidad de los expedientes a enviarse a los órganos jurisdiccionales auxiliares; en tal virtud, al órgano oficiante le reviste plena libertad para que, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, resuelva el asunto de que se trata, conservándolo para que dicte la sentencia que en derecho corresponda. Una decisión en sentido contrario, equivaldría a una reposición de procedimiento, lo que, en su caso, sólo sería factible a través del recurso de revisión de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. (Consulta formulada por el Magdo. Titular del Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Quinta Región - 30-enero-2012-)". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México: - La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 193/2021, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de seis de abril de la citada anualidad, dictada en el incidente de entrega de la posesión material de bien inmueble. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; manifestación que constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio, acorde con lo dispuesto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de la citada codificación. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en primer orden procede el estudio de las causales de improcedencia, cuando las invoquen las partes o este juzgado advierta de oficio. Al no existir causales de improcedencia que invoquen las partes o que este juzgador advierta de oficio, impera examinar la regularidad constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Oportunidad de la demanda. En términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el ocurso fue promovido en tiempo. Dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso particular, el acto reclamado se notificó a la parte quejosa mediante boletín judicial de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo trascurrió del veintiséis del citado mes al quince de junio de la misma anualidad. De ahí que como la demanda de amparo se presentó el quince de junio de dos mil veintiuno, ello se hizo en tiempo. SEXTO. Antecedentes. Ahora, con el fin de establecer el contexto fáctico-jurídico del acto reclamado, a continuación, se relatan los antecedentes que se estiman relevantes, cuyos documentos digitalizados obran en el expediente electrónico del juicio de amparo, a los cuales previamente se otorgó valor probatorio pleno, de los que se desprende lo siguiente: En primer lugar, es importante mencionar que el juicio que da origen a los siguientes antecedentes consiste en el juicio sucesorio testamentario 1104/2010 a bienes de Rafael Rojas Rojas, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que se reconoció la calidad de herederas a Yolanda Trejo García, Roxanna y Lorenna Aracely, ambas de apellidos Rojas Gallardo, en el cual tiene el carácter de albacea la última de las nombradas. 1. En dicho juicio sucesorio, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte el juzgado de origen aprobó la sección de inventario y avalúo (fojas 473 y 474 del anexo 1 del archivo electrónico del informe justificado). 2. Asimismo, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte el Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aprobó en sus términos la sección de administración y rendición de cuentas del juicio sucesorio testamentario (foja 369 del anexo 4 del archivo electrónico del informe justificado). 3. Una vez concluida la tercera sección, mediante ocurso recibido el veintisiete de octubre de dos mil veinte en el Juzgado Séptimo Familiar Tlalnepantla (Naucalpan), Lorenna Aracely Rojas Gallardo, en su calidad de heredera y albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Rafael Rojas Rojas, así como en representación de Roxanna Rojas Gallardo, promovió incidente de entrega de posesión del bien inmueble ubicado en la calle Circuito Misioneros, número cincuenta y tres, Fraccionamiento Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, en contra de Yolanda Trejo García (fojas 3 a 19 del anexo 2 del archivo electrónico del informe justificado). 4. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte el Juzgado Supernumerario Séptimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, admitió a trámite el incidente de entrega de posesión y ordenó correr traslado con el mismo a Yolanda Trejo García (fojas 125 y 126 ibídem). 5. El seis de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla emitió sentencia interlocutoria en el incidente de entrega de posesión material del bien hereditario, dentro del expediente 1104/2010, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Rafael Rojas Rojas, en la que determinó lo siguiente (fojas 175 a 188 ibídem): "PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de esta resolución se declara improcedente el incidente de posesión material de bienes hereditarios promovido por Lorenna Aracely Rojas Gallardo, en su carácter de albacea a bienes de Rafael Rojas Rojas, heredera y en su calidad de apoderada de Roxana (sic) Rojas Gallardo, en contra de Yolanda Trejo García. SEGUNDO. Se absuelve a la demandada de todas las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente. [.]". 6. En auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, el juzgado de origen aclaró la sentencia en los siguientes términos (fojas 193 y 194 ibídem): "[.] Atenta a solicitud de la promovente que coincide con las constancias del juicio se aclara la sentencia antes mencionada por cuanto hace al nombre a lo largo de su texto que fue colocado como '.Roxana Rojas Gallardo.' para quedar de la siguiente manera 'Roxanna Rojas Gallardo' Y por cuanto hace al resultando único se colocó erróneamente dentro de su texto '.en fecha diez de abril del año en curso.' siendo lo correcto '.en fecha doce de marzo del año en curso.' Por lo que en ese tenor, deberán tenerse por insertadas las aclaraciones en la sentencia de marras; considerándose el presente auto como parte integral de la sentencia de referencia. Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencial emitido por la autoridad federal, del tenor siguiente: [.]" 7. Inconforme con lo anterior, Lorenna Aracely Rojas Gallardo, en su calidad de heredera y albacea de la sucesión testamentaria, así como de apoderada de Roxanna Rojas Gallardo, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México en auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 7 a 19 y 57 a 60 del anexo 6 del archivo electrónico del informe justificado). 8. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, emitió sentencia dentro del toca 193/2021, en la que resolvió lo siguiente (fojas 79 a 107 ibídem): "PRIMERO. Han sido infundados e inoperantes los agravios expresados por Lorenna Aracely Rojas Gallardo en su carácter de heredera y albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Rafael Rojas Rojas y como apoderada de la heredera Roxanna Rojas Gallardo, dentro del recurso de apelación que hicieron valer, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma sentencia interlocutoria del 06 seis de abril del dos mil veintiuno 2021, dictada en el incidente de entrega de la posesión de bien inmueble, por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, deducido del expediente 1104/2010, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Rafael Rojas Rojas. TERCERO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia. [.]". La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación hechos valer, pues la formalidad que sobre el dictado de las sentencias de amparo impone el artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con el 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se refiere a los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales se satisfacen por la autoridad de orden constitucional, cuando precisa los puntos sujetos a debate, los estudia y les da respuesta vinculada y correspondiente a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis y en ese contexto, se reitera, ninguna afectación se causa por la simple falta de transliteración. En su único concepto de violación la parte quejosa afirma que la sentencia impugnada vulnera los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se contraviene su derecho fundamental de debido proceso. Asimismo, indican que no se observaron las formalidades previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues la determinación de considerar los agravios infundados e inoperantes no está adecuadamente fundada y motivada, además de que la responsable incurrió en exceso de tutela en la aplicación de la norma a favor de Yolanda Trejo García y en consecuencia vulneró la esfera jurídica de las coherederas. Estiman que lo anterior es así, porque en la resolución reclamada se sostiene que la posesión que detenta la aquí tercera interesada es una derivada, la cual tuvo origen en el vínculo matrimonial que existió entre ésta y el autor de la sucesión Rafael Rojas Rojas, ello con fundamento en el artículo 4.17 del Código Civil para el Estado de México, mismo que hace referencia al domicilio conyugal. De manera que, aducen, es erróneo el razonamiento de la responsable consistente en que el domicilio conyugal debe continuar en posesión de la cónyuge supérstite, puesto que el artículo citado no señala tal situación, aunado al hecho de que de las constancias se observa que en ningún momento se estableció que el inmueble del que se pidió la entrega de la posesión, hubiese sido constituido como domicilio conyugal, ya que del acta de matrimonio celebrado entre el autor de la sucesión y Yolanda Trejo García, se advierte que el domicilio conyugal era diverso al inmueble litigioso. Asimismo, expresan que es contrario a derecho el argumento de la responsable consistente en que es irrelevante que el autor de la sucesión y la aquí tercera interesada, se hubiesen casado por el régimen de separación de bienes, ello, ya que de manera expresa la ley señala disposiciones específicas para cada tipo de régimen conyugal, por lo que existe una indebida aplicación de la ley por parte de la responsable. De igual forma, las quejosas refieren que es incorrecto que se les prive de su derecho de propiedad, en la modalidad de posesión de un inmueble que en su calidad de herederas tienen derecho a poseer, acorde con lo dispuesto en los artículos 6.8 y 6.225 del Código Civil para el Estado de México. Afirman lo anterior, pues estiman que al ser herederas tienen derecho a poseer los bienes que integran el haber hereditario, sin embargo la responsable les niega ese derecho bajo un argumento equívoco al considerar que Yolanda Trejo García tiene una posesión derivada del vínculo matrimonial y que al ser el domicilio conyugal ella debe seguir permaneciendo en éste. Ello, pues aducen que ninguna disposición legal prevé tal situación, ni es existente alguna que indique que el régimen matrimonial es irrelevante para conceder o negar la posesión a los demás herederos, ya que el artículo 6.225 del Código Civil para el Estado de México refiere que salvo en los casos de la sociedad conyugal la posesión no se transmite a los herederos y albaceas, supuesto que, afirman, resulta inaplicable al caso concreto, pues el régimen matrimonial del autor de la sucesión y de Yolanda Trejo García fue por separación de bienes. Los argumentos expuestos son infundados en una parte y fundados pero inoperantes por otra, tal y como se explicará a continuación: En primer lugar, es oportuno destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que aquí interesa, dispone lo siguiente: "Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" El precepto constitucional transcrito regula, entre otros derechos, el de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, de manera que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Asimismo, el artículo 16 constitucional, prevé el derecho fundamental de legalidad en sentido amplio, que consiste, en términos generales, en que toda acción de cualquier órgano investido de poder estatal debe estar justificada por una ley previa, expedirse por escrito, por autoridad competente y estar debidamente fundada y motivada. Lo que se intenta con esa obligación dirigida a las autoridades (fundar y motivar sus actos), es evitar la arbitrariedad de los poderes públicos, al exigir que los actos de autoridad se emitan solamente cuando: a) cuenten con respaldo legal para hacerlo (fundamentación) y b) se haya producido algún motivo para dictarlos (motivación). Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, la fundamentación radica en el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los ordenamientos y preceptos que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la exigencia de motivación ha sido referida a la manifestación de las razones y motivos particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar al caso concreto. Ambos deberes se tienen que observar, pues no se excluyen uno del otro, sino que, por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que las normas aplicadas deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Expuesto lo anterior, es preciso destacar que el acto reclamado consiste en una determinación jurisdiccional, en la que la fundamentación la constituye el análisis exhaustivo de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda dicha resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar sus determinaciones citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de esa formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Además, resulta conveniente precisar que es obligación de las autoridades jurisdiccionales, como lo es la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, examinar todos los puntos controvertidos antes de emitir una resolución; por tanto, para que la resolución que se dicte se ajuste a derecho, debe respetar los principios de congruencia y exhaustividad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis que establece: "CONGRUENCIA, CONCEPTO DE. Las sentencias no sólo han de ser congruentes con la acción o acciones deducidas, con las excepciones opuestas y con las demás pretensiones de las partes que se hubieran hecho valer oportunamente, sino que deben ser congruentes con ellas mismas, es decir, por congruencia debe entenderse también la conformidad entre los resultandos y las consideraciones del fallo." Precisado lo anterior, de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 193/2021, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de seis de abril de la citada anualidad, dictada en el incidente de entrega de la posesión material de bien inmueble, se desprende lo siguiente: - Que los puntos de inconformidad expresados por las inconformes son infundados e inoperantes. - Que de la lectura de la sentencia interlocutoria impugnada, se observa un ejercicio de interpretación normativa y fáctica por parte del juzgador natural, quien plasmó las disposiciones jurídicas que estimó aplicables al caso, así como las circunstancias particulares de los intervinientes en el procedimiento, tanto lo argumentado por la parte actora incidentista, como aquello que sustentó la demandada en su contestación. - Que no asiste razón jurídica a las recurrentes al exponer que en el desarrollo de la sentencia impugnada no se muestra cómo la parte demandada logró desvirtuar la acción planteada, además de que no se explicaron los razonamientos concretos para absolver a la demandada incidentista. - Que ello es así, ya que en el considerando II se advierte que realizó el análisis del material probatorio en conjunto con las constancias procesales, encaminado a determinar si resultaban procedentes o no las prestaciones reclamadas, o en su caso, si la demandada incidentista acreditó las defensas que hizo valer y los argumentos en que sustentó su contestación. - Que en el presente caso, las partes tienen la calidad de herederas de la sucesión testamentaria a bienes de Rafael Rojas Rojas, según consta en la audiencia de lectura de testamento celebrada en el expediente 1104/2010, en fecha veintiuno de junio de dos mil once, en la que se reconoció la validez del testamento otorgado por el de cujus, además de que se reconoció a las herederas instituidas Lorenna Aracely y Roxanna, ambas de apellidos Rojas Gallardo, quienes son sus descendientes, así como que la primera nombrada desempeña el cargo de albacea y, por otra parte, se reconoció como heredera a la cónyuge supérstite Yolanda Trejo García. - Que, atingente a la posesión del bien inmueble inventariado en la segunda sección de la sucesión, es de observarse lo dispuesto por los artículos 6.8 y 6.225 del Código Civil para el Estado de México. - Que en ese tenor, se estima correcta la decisión al declarar improcedentes las prestaciones en las que las actoras incidentistas reclamaron que se les permita el uso exclusivo del inmueble y la entrega y posesión del mismo, así como en su caso el pago de renta del inmueble a cargo de la demandada. - Que ello es así, puesto que, como acertadamente lo pronunció el juez natural, la posesión que ha detentado y detenta Yolanda Trejo García, consiste en una posesión derivada, que tuvo origen en el vínculo matrimonial que existió entre ésta y el autor de la sucesión, el cual se encuentra acreditado con la documental pública consistente en acta de matrimonio celebrado entre los mencionados el once de noviembre de dos mil seis; habiendo establecido su domicilio conyugal precisamente en el inmueble del que ahora las coherederas actoras reclaman la posesión exclusiva y entrega del mismo, por lo que, la demandada ha vivido en dicho inmueble en calidad de cónyuge de Rafael Rojas Rojas, y a su muerte permaneció ocupándolo ya que sirvió de domicilio conyugal; al respectó la responsable invocó el artículo 4.17 del Código Civil para el Estado de México. - Que es irrelevante que el matrimonio se rigiera bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, pues tal circunstancia, no impide que la cónyuge supérstite continúe en la posesión. - Que, además, como lo señaló el juez de origen, la cónyuge supérstite Yolanda Trejo García, fue instituida como heredera en un cincuenta por ciento de los bienes, derechos y acciones presentes y futuros del autor del testamento; por lo que, el derecho a la posesión tendrá vigencia hasta en tanto se adjudiquen los bienes de la masa hereditaria, tal y como lo estipulan los artículos 6.1, 6.286 y 6.297 del Código Civil para el Estado de México, así como con fundamento en la tesis de rubro: "BIENES HEREDITARIOS EN LA SUCESIÓN LEGÍTIMA. ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL EJECUTOR UNIVERSAL". - Que resultan inoperantes los alegatos de inconformidad en los que plantean que se absolvió a la demandada incidental del pago de rentas del 50% de dicho inmueble por todo el tiempo que lo ha ocupado, impidiéndoles a las coherederas el uso del mismo, a pesar de que tienen similar derecho a su goce y disfrute, así como el diverso manifestado en el hecho ocho de su escrito inicial, en el que se indicó que para el caso de que no se les concediera la posesión exclusiva del inmueble, en los términos y tiempo que lo tuvo Yolanda Trejo García, se le condenara al pago de rentas en el porcentaje del 50%. - Que ello es así, dado que, como pronunció el juez natural, únicamente realizan una mera petición, condicionada para el caso de que no se les concediera la posesión exclusiva del bien inmueble, por el mismo tiempo que lo ha tenido la cónyuge supérstite, y solamente transcribieron una tesis sin dar argumento alguno, la cual no es vinculante para dictar la resolución. - Consecuentemente, la Sala responsable sostuvo la calificación de infundados e inoperantes los motivos de disenso, por lo que confirmó la resolución impugnada. En ese orden de ideas, es importante recordar que la inconforme aduce que la resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada, sin embargo, como ya se dijo, tal argumento es infundado. Lo anterior, pues en la sentencia reclamada la Sala responsable sí citó la normas aplicables al caso concreto, además de que motivó su determinación, tal y como se desprende de la síntesis previamente realizada. Asimismo, es infundado lo expresado por las quejosas relativo a que es erróneo el razonamiento de la responsable consistente en que el domicilio conyugal debe continuar en posesión de la cónyuge supérstite, puesto que el artículo 4.17 del Código Civil para el Estado de México no señala tal situación. Ello es así, pues la autoridad responsable no indicó que el artículo 4.17 del Código Civil para el Estado de México refiriera que el domicilio conyugal debe continuar en posesión del cónyuge supérstite, ya que únicamente citó el dispositivo con la finalidad de que quedara plasmado en la sentencia qué debe entenderse por domicilio conyugal, puesto que dicho numeral explica que se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de consideraciones iguales. Además, contrario a lo expresado por la inconforme la Sala responsable realizó ese razonamiento con apoyo también en los artículos 6.8 y 6.225, ambos de la citada codificación, en los cuales se indica que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria mientras no se haga la división; así como que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de la ley, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo en el caso de la sociedad conyugal. Por tanto, si bien, el artículo 4.17 del Código Civil para el Estado de México, tal y como lo refieren las inconformes, no señala que a la muerte del autor la cónyuge supérstite deba quedar en posesión del bien inmueble, también lo es que la responsable sí indicó que el numeral 6.225 de dicho ordenamiento legal sí alude esa situación. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. Ahora, es fundado pero inoperante el motivo de disenso consistente en que de las constancias se observa que en ningún momento se estableció que el inmueble del que se pidió la entrega de la posesión, hubiese sido constituido como domicilio conyugal, ya que del acta de matrimonio celebrado entre el autor de la sucesión y Yolanda Trejo García, se advierte que el domicilio conyugal es diverso al inmueble litigioso. Lo anterior, puesto que, como lo señala la parte quejosa, contrario a lo argumentado por la Sala responsable el domicilio asentado en el acta de matrimonio es diverso al bien del cual se solicita la posesión, sin embargo; esa circunstancia no es motivo suficiente para conceder la protección Federal solicitada. Ello es así, pues ese motivo no fue el único expresado por la responsable para considerar que no se debía otorgar la posesión a las inconformes, ya que explicó que no debía perderse de vista que la cónyuge supérstite también fue instituida como heredera en un cincuenta por ciento de los bienes, derechos y acciones presente y futuros del autor del testamento, de manera que debe entenderse que la posesión que detenta también se encuentra respalda en su calidad de coheredera hasta en tanto no se adjudiquen los bienes de la masa hereditaria, de conformidad con los artículos 6.1, 6.286 y 6.297 del Código Civil para el Estado de México. Además, esa conclusión de la responsable se considera acertada, pues como previamente se explicó, en términos del artículo 6.8 del Código Civil para el Estado de México, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria mientras no se haga la división. Consecuentemente, si bien dicho inmueble no fue señalado en el acta de matrimonio, debe decirse que la cónyuge supérstite no está en posesión de ese bien inmueble únicamente con esa calidad, sino que también lo posesiona en su carácter de coheredera, lo que da legitimidad para que lo ocupe mientras no se haga la división. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis citada por la responsable, de rubro y texto siguientes: "BIENES HEREDITARIOS EN LA SUCESIÓN LEGÍTIMA. ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL EJECUTOR UNIVERSAL. Es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 814 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al albacea se le entregarán los bienes sucesorios, así como los libros y papeles, debiendo rendirle cuentas el interventor. Sin embargo, cuando el ejecutor universal solicita al juzgador la entrega de la posesión material de los bienes que constituyen el acervo hereditario, para ejercer sus funciones contenidas en el artículo 1706 del Código Civil, y los cuales son poseídos por los herederos designados conforme a la declaración respectiva en el juicio intestamentario, el juzgador debe ponderar si tal entrega de la posesión física o material, resulta indispensable, pues no debe perder de vista que conforme a lo previsto en el artículo 1288 del Código Civil referido, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se hace la división; y de acuerdo a lo estatuido en el artículo 812 del Código de Procedimientos Civiles ya señalado, la declaración de herederos de un intestado, surte el efecto de tener por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto a la persona en cuyo favor se hizo. Además de que, si bien es verdad que conforme al artículo 1704 del Código Civil para el Distrito Federal, el derecho a la posesión de dichos bienes hereditarios, se transmite por ministerio de ley en igualdad de circunstancias, a los herederos y ejecutores universales desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto por el artículo 205 de esta última codificación legal sustantiva, también lo es que la entrega de la posesión material de tales bienes al albacea, por parte de los herederos designados, sólo se justifica cuando se comprueba ante el Juez de la causa que los herederos dilapidan los bienes o impiden al albacea el desempeño de su función; pues de otra manera se les privará del derecho a la posesión legítima que les concede la ley, en tanto se efectúa la partición hereditaria y se les adjudica la parte alícuota que les corresponda; lo que sería violatorio de sus garantías individuales." (Énfasis añadido). De igual forma es infundado lo expresado por las quejosas respecto a que no puede considerarse como irrelevante que el autor de la sucesión y la aquí tercera interesada se hubiesen casado por el régimen de separación de bienes, pues, como ya quedó plasmado en el cuerpo de esta sentencia, la aquí tercera interesada no tiene posesión del bien inmueble únicamente por su calidad de cónyuge supérstite, sino que la posesión que guarda del mismo es también por su carácter de heredera del cincuenta por ciento de los bienes del autor de la sucesión; de ahí que en este caso no es determinante que el matrimonio se celebrase bajo el régimen de separación de bienes. En otro orden de ideas, las inconformes arguyen que la responsable no le impuso una sanción a la tercera interesada por ocupar el inmueble de manera exclusiva por diez años, cuando por disposición legal tuvo que dejar poseerlo a los demás herederos, por lo que al haberlas privado de la posesión resulta evidente que se debió condenar a la entrega solicitada. Además, sostienen que la responsable vulneró su derecho de propiedad al resolver como improcedente el pago de rentas que se demandó a Yolanda Trejo García, bajo el argumento de que solamente fue una petición condicionada y únicamente se transcribió una tesis, ya que el invocar el derecho de posesión del inmueble litigioso, en relación con la acreditación de la negativa de la demandada incidental a permitir dicha posesión, es suficiente para acreditar la procedencia de la demanda, aun y cuando la cuantía resultante no se hubiese acreditado. Asimismo, refieren que si bien es cierto, se estableció en el incidente que para el caso de que no se les concediera la posesión exclusiva, se debía condenar al pago de rentas a la cónyuge supérstite, también lo es que de la narrativa de los hechos del incidente se desprenden los antecedentes que acreditan la petición, aunado a que el criterio que se citó sí resulta aplicable al caso concreto, pues en éste se analiza el supuesto en el que se encuentran, ya que señala que si una persona priva el derecho de posesión de los demás copropietarios, la consecuencia legal es que pague rentas a los demás. Lo anterior es infundado, puesto que tal y como lo afirmó la responsable solamente es una mera petición lo alegado por las inconformes, ya que no explican en qué consiste el pago de rentas que aducen les debe la aquí tercera interesada. Ello, pues únicamente sostienen que en caso de que no se les conceda la posesión del inmueble, se les pague el pago de rentas en un porcentaje de cincuenta por ciento, sin embargo no explican a cuánto ascienden esas rentas o por qué, a su consideración, la aquí tercera interesada sí recibió una ganancia por ese concepto durante el tiempo que ha ocupado el inmueble. Además, no se debe soslayar que no se puede considerar procedente que la cónyuge supérstite les pague una renta a las quejosas por concepto de posesionar el inmueble desde la muerte del de cujus, ya que, como se ha dicho en esta resolución, esa posesión la detenta como heredera, lo que le da legitimidad para ocupar el bien inmueble. De igual forma, asiste razón jurídica a la responsable al afirmar que la tesis citada por las recurrentes no la vincula, puesto que dicho criterio no es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni de un pleno regional, ni de un tribunal colegiado del segundo de circuito, de manera que en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, esa tesis no obliga a la Sala responsable. Es por ello que no asiste razón jurídica a las quejosas al afirmar que la responsable actuó incorrectamente al estimar como inoperante su petición. En otro orden de ideas, las inconformes afirman que se vulneró su derecho humano a la debida tutela jurisdiccional, así como lo previsto en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que la responsable no se pronunció ni realizó un análisis completo del recurso de apelación, pues en éste se hizo de su conocimiento que el juzgador natural no refirió de una manera clara porque el criterio citado por las impetrantes es inaplicable al caso concreto y por qué decidió apartarse del mismo, ello, puesto que sin motivar y fundar adecuadamente, la responsable de igual forma solamente indicó que era inaplicable. Lo anterior es infundado. Ello deviene de esa manera, puesto que en la resolución reclamada la autoridad responsable sí analizó lo expresado por las apelantes, pues consideró que era acertado lo razonado por el juez natural, ya que únicamente realizaron una mera petición, sin que se pudiera considera que la tesis citada fuese vinculante. De manera que, contrario a lo aducido por las quejosas, la responsable sí dio contestación a su argumento, puesto que consideró correcto lo resuelto por el juez de origen, ya que se adhirió a su razonamiento e indicó que la tesis es inaplicable al caso, además de que al no ser jurisprudencia no la obliga a apegarse completamente a sus razones y fundamentos. De ahí lo infundado del motivo de disenso, pues este juzgador Federal considera que la responsable sí contestó los agravios expuestos por las recurrentes. Así, ante lo ineficaz de los conceptos de violación expuestos por las quejosas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada contra el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 193/2021, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de seis de abril de la citada anualidad, dictada en el incidente de entrega de la posesión material de bien inmueble, atribuida a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Sin que sea procedente realizar un análisis de los alegatos de la parte quejosa, ya que éstos no forman parte de la Litis constitucional. Por lo expuesto, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 193/2021, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de seis de abril de la citada anualidad, dictada en el incidente de entrega de la posesión material de bien inmueble, atribuido a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Lo anterior por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Háganse las anotaciones pertinentes; incorpórese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que obre en el expediente electrónico; en su oportunidad y por la vía pertinente, infórmese al Juzgado Auxiliado esta circunstancia para los efectos legales procedentes; y archívese el expediente auxiliar 84/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, como asunto concluido.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional en el juicio de amparo 579/2021, promovido por ***********, se llevó a cabo a las diez horas del ocho de septiembre de dos mil veintiuno y que el asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia, lo que por el momento no permite agregar a sus autos el ocurso de cuenta; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, intégrese a éste el escrito de cuenta y provéase lo conducente. En ese sentido, agréguese a los autos el ocurso de cuenta a través del cual la quejosa *******, designa como autorizada a *********. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada a la persona referida, sin perjuicio de las personas designadas con antelación.
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