Lorenia Hernández Fernandez

Expediente 1241/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1241/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
  • Lorenia Hernández Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito que remite la quejosa Lorenia Hernández Fernández, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaría relaciona las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por la responsable. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que en virtud de la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. El juez acuerda: se reitera lo acordado en el auto de admisión de demanda, en el sentido de que no existe tercero interesado, en virtud de que no se actualiza ningún de los supuestos a que se refiere el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impusieran del contenido del informe rendido por la autoridad responsable y de las constancias que obran en autos. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y se da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil por razón de turno, a este juzgado, Lorenia Hernández Fernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad. El dieciocho de agosto el presente año, se ordenó prevenir a la quejosa para que aclarara su escrito de demanda, por lo que una vez desahogada la prevención, por auto de treinta y uno de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: ". Se reclama el acto de autoridad consistente en el descuento indebido que realizó la autoridad responsable de mi pensión correspondiente al mes de agosto de 2023, por la cantidad de $10,144.01 de la pensión que percibo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que se me descontó bajo la clave de deducciones 133, desconociendo con certeza a que concepto se refiere dicha deducción pues jamás se me notificó de dicha deducción, siendo el mes de agosto de 2023 el único mes en que se me ha aplicado, y así mismo, se reclaman los futuros descuentos que la autoridad responsable pretenda realizarme por la mencionada clave, pues no existe fundamento jurídico ni motivo alguno que la faculte para realizarme tales descuentos." Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado consistente en el descuento que se realiza a la pensión del quejoso, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, toda vez que la autoridad responsable al rendir el informe con justificación, aceptó su existencia. V. Causa de improcedencia actualizada (la autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo) 6. En el caso, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]". 7. Al efecto, conforme al artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; mientras que el artículo 1º, fracción I, de dicha legislación, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por su parte, establece que por autoridad responsable debe entenderse "la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas"; precepto normativo que no constituye una norma legal aislada, sino que se encuentra sujeto a los principios constitucionales establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales. 9. Por tanto, a través del juicio de amparo únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con tal carácter, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. 10. Apoya lo anterior, la tesis P. XXVII/97, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." 11. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." 12. De los criterios referidos, se obtiene que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, es autoridad quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto de autoridad. 13. Para el Alto Tribunal resulta innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos y que en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo. 14. En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación. 15. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. 16. Por ello, la Suprema Corte ha sostenido que para determinar cuáles son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. 17. Al efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. 18. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. 19. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. 20. Entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; en el entendido de que el parámetro constitucional en el juicio de amparo de este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 21. Por otra parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; están reguladas por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General. 22. Por tanto, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, son actos de autoridad, debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. 23. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 24. Ahora bien, en el presente caso, conviene acotar que el promovente reclama el descuento correspondiente al Impuesto Sobre la Renta materializado en el pago de su pensión. 25. Sin embargo, como se dejó asentado, tal acto reclamado, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no puede ser combatido a través del juicio constitucional, puesto que se está en presencia de un reclamo que tienen que ver con la relación que existe entre el quejoso en su carácter de contribuyente y, el Instituto señalado como responsable, en su carácter de retenedor. 26. En efecto, contrario a lo que sostiene el inconforme, el acto reclamado no reúne las notas características de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque fue ejecutado por el Instituto de salud, como un auxiliar del fisco federal y, en su carácter de obligado solidario al pago del impuesto conforme a los artículos 93, fracción IV y 94 a 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación. 27. Esto es, que la citada autoridad, a pesar de ser un ente público, en este caso no actuó investida de facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales concretas de modo imperativo, sino que su actuación derivó de los derechos y obligaciones fiscales existentes entre los pensionados con motivo de la relación laboral que los unió. 28. En un caso análogo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, examinó si el Instituto Mexicano del Seguro Social, al retener el Impuesto Sobre la Renta al realizar el pago de pensiones, es o no autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo; y concluyó que no es así, sino que en realidad su carácter es meramente el de un tercero auxiliar de la Administración Pública. 29. Lo anterior -justificó el Alto Tribunal- debido a que interviene como sujeto pagador, en tanto que la retención efectuada obedece tan solo al acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo. 30. Así se establece en la tesis P. XXIX/2013 (10ª.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 60, registro digital 2004090, Décima Época, que dice: "RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).- El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para recaudar el tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. En ese sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, establece una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención. Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar dicha retención, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, no actúa investido de imperio como organismo fiscal autónomo, como lo haría en la determinación de las cuotas obrero-patronales u otros créditos fiscales previstos en la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del fisco federal en la recaudación del impuesto, en tanto interviene como sujeto pagador de las pensiones y jubilaciones en su carácter de órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposición, en tanto la retención efectuada no constituye un acto de autoridad, sino sólo el acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo." (Énfasis propio) 31. Bajo tales premisas, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable, no reúne las notas características de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que lo cierto es que tal actuar obedece al acatamiento de normas tributarias que le atribuyen, como a cualquier particular, el carácter de responsable solidaria y auxiliar del fisco federal. 32. En otras palabras, la retención del impuesto, aunque tiene como origen una relación de carácter administrativo, lo cierto es que su origen inmediato y causa eficiente está en el deber de contribuir al gasto público, que posicionó al señalado Instituto como auxiliar del fisco y responsable solidaria del pago del impuesto, lo que al tenor del criterio jurisprudencial citado, permite concluir que dicho organismo actuó en un plano de igualdad con el aquí quejoso. 33. En efecto, a pesar de que la autoridad responsable tiene el carácter de una dependencia pública, ello no significa que en la especie haya creado, modificado o extinguido, de manera unilateral, ante sí o por sí la situación jurídica de la parte quejosa, sino que -se insiste-, únicamente aplicó una retención de impuestos en acatamiento a las leyes tributarias, lo que revela que no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y, por ende, el acto reclamado no es susceptible de combatirse a través de esta vía. 34. Sustenta lo anterior, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, registro 199459, con rubro y texto siguientes. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 35. Por tanto, es inconcuso que la responsable carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, motivo por el cual no es dable tenerla como responsable, lo que se advierte de forma manifiesta e indudable, de las constancias de autos. 36. Por lo anterior, el acto reclamado no puede ser analizado en esta instancia constitucional, ya que dada su naturaleza, la autoridad a quien se atribuye el acto, no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, por las razones plasmadas en apartado que anteceden. 37. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio promovido en contra de ese acto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1°, fracción I y 5°, fracción II, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Decisión 38. Al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los numerales 1° fracción I y 5°, fracción II, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita; procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la invocada fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de derechos promovido Lorenia Hernández Fernández, en relación con el acto plasmado en el considerando III, por las razones expuestas en el diverso V del presente fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe,. Doy fe. Jvr

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con once minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por la quejosa, mediante el cual promueve incidente de falta de personalidad del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para rendir el informe justificado en representación del director general de dicho Instituto. Ahora, por economía procesal, se considera necesario resolver de plano dicho incidente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo. La promovente sustenta el incidente de falta de personalidad, en los argumentos que a continuación se precisan: No encontrarse acreditado que el nombramiento exhibido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto responsable, haya sido realizado por quien tiene facultades para ello, dado que el artículo 12, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en relación con el numeral 104, fracción V, de la Ley de dicho Instituto, previenen que los nombramientos del personal de base y de confianza de dicho Instituto, serán a propuesta del director general, pero que corresponde a la Junta Directiva de dicha Institución, llevar a cabo los nombramientos respectivos, siendo que en la especie el nombramiento exhibido aparece firmado únicamente por el director general. No se expresa el fundamento jurídico que faculta al director general para otorgar tal nombramiento en los términos en que lo hizo. El nombramiento exhibido en autos se encuentra certificado por el propio jefe de la Unidad Jurídica, lo cual no es posible, pues no se trata de un documento personal, sino que al ser un documento oficial debe permanecer en el archivo de la dependencia respectiva; y, No fue aportada la toma de protesta del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto responsable, ello a pesar de que dicha protesta está prevista en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como el 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los anteriores argumentos son infundados. Esto es así, pues si bien es cierto que el nombramiento exhibido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto responsable, no contiene la propuesta del director general a la Junta Directiva de dicho Instituto, conforme lo preveen los artículos 12, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, y 104, fracción V, de la Ley de dicho Instituto, también lo es, que al tratarse de una facultad exclusiva de la Junta Directiva, en principio correspondería únicamente a dicha Junta la facultad de controvertir cualquier nombramiento de personal de base o de confianza realizado en el citado Instituto, pero además, conforme al artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto, la Junta Directiva la preside el director General, quien además de las facultades previstas en el artículo 109 de la Ley número 38 del Instituto, también adquiere las facultades previstas por el artículo 12 del Reglamento Interior; de donde se puede advertir que el director general tiene facultades suficientes para representar al Instituto en los asuntos de naturaleza judicial como sucede en el presente juicio de amparo. Luego, ante dicha tesitura, es inconcuso que el director general sí cuenta con facultades para determinar sobre el nombramiento que aparece en la copia certificada por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto, sin que sea óbice para ello, que no se mencione el fundamento jurídico al respecto, atendiendo a las consideraciones antes expuestas. En cuanto a que el nombramiento exhibido haya sido certificado por el propio jefe de la Unidad Jurídica, tal cuestión no adquiere mayor importancia, dado que dicha autoridad lo hace precisamente en base a su nombramiento y no en lo personal, pues del contenido de dicha documental se aprecia que se señala que se trata de una copia fiel y exacta de las constancias que obran en los archivos de la indicada Unidad Jurídica, y que ello lo realiza con base en el artículo 13, fracción IX, del Reglamento Interior del Instituto. Y, por último, la protesta de ley del cargo, que preveen los artículos 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal cuestión no resulta indispensable y necesaria que se exhiba, pues no hay ningún precepto legal que así lo exija, y lo cual en todo caso sería motivo de responsabilidad administrativa ante la instancia correspondiente, por lo que la falta de exhibición de tal acontecimiento no depara la falta de personalidad. Es aplicable en lo conducente, la tesis 1a. XIV/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 111, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, Materia Constitucional, Registro digital: 190109, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY FUNDAMENTAL. En el referido precepto constitucional el Constituyente no consagró garantía individual alguna, sino que, considerando que la aspiración del Estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos cuyo fundamento es la propia Constitución, plasmó la conveniencia de que ésta obligara a los depositarios del poder público a comprometerse formalmente a cumplir su contenido, así como el de las leyes que de ella emanaran; siendo necesario, para la aplicación de tal exigencia, que los funcionarios públicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función, pues equivale a la aceptación del mismo." Sin que las tesis que refiere el incidentista sean aplicables al presente caso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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