Lorena Zarate Quintanilla

Expediente 1458/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1458/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Lorena Zarate Quintanilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes******************** En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido******************** Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente******************** Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente******************** Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación******************** No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos******************** Notifíquese********************

  2. Principal

    Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló de su intención. El Juez acuerda: al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1458/2021, promovido por Lorena Zarate Quintanilla; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, compareció Lorena Zarate Quintanilla, por conducto de su representante legal Joel Vicente Flores Sarno, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: El dejar de desahogar y resolver el incidente de sustitución procesal hecho valer mediante escrito de 13 de mayo de 2020, dentro del expediente 841/2010." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 1458/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; TERCERO. Sentencia. En cuatro de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Recurso de Revisión. Mediante escrito recibido en auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en su carácter de representante legal de la quejosa Lorena Zarate Quintanilla, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado dentro del presente juicio QUINTO. Testimonio de ejecutoria. Por ejecutoria de dos de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión laboral 319/2021 (expediente auxiliar 304/2022), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por el juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en el amparo indirecto 1458/2021. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto." SEXTO. Recepción de ejecutoria. En proveído de cinco de julio del presente año, se recibió la ejecutoria a que se hizo referencia y se señaló de nueva cuenta fecha para la audiencia constitucional, misma que se efectuó conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 841/2010, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de resolver el incidente de dependencia económica y sustitución procesal tramitado dentro del expediente laboral 841/2010. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; refiriendo que el seis de octubre de dos mil veinte señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal, sin embargo, no tuvo verificativo a razón de la suspensión de labores, por lo que el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno señaló nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable, que adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documento público, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 1 Registro: 394182, Quinta Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio. No advirtiendo este juzgador alguna causal de improcedencia que se actualice en el presente juicio de amparo, se avoca al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados, aun y en suplencia de la deficiencia de la queja, que establece el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, respecto a la omisión de resolver el incidente de dependencia económica y sustitución procesal tramitado dentro del expediente laboral 841/2010. De inicio, es conveniente precisar que el impetrante aduce que se violentan en su perjuicio las garantías contenidas en los artículo 14, 16 y 17 Constitucionales, al aplicar inexactamente la autoridad responsable el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, precepto que se trae a la vista para una mejor comprensión: "Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." Del precepto 503, se desprende un procedimiento para-procesal a seguir y al cual deberá sujetarse la autoridad laboral, tendiente a la investigación de beneficiarios y dependientes económicos de un trabajador fallecido. Esto es, cuando se reciba el aviso de la muerte del trabajador y se reclame el pago de la indemnización, la autoridad laboral mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante su potestad, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos. Asimismo, realizada la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo, la responsable, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización. Al respecto, si bien dentro del presente sumario se tuvo por cierto el acto reclamado, de las documentales que fueron aportadas a la presente instancia se llega a determinar que el estado de los autos del expediente laboral 841/2010, no permite resolver el incidente de dependencia económica y sustitución procesal tramitado que solicita la parte impetrante. Ello, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable regularizó el sumario de origen, y en atención a que dentro del proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de sustitución procesal, la cual, quedó comprendida dentro del periodo de suspensión de labores derivado de la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19, determinó señalar nueva hora y fecha para el verificativo de la audiencia incidental de sustitución procesal, fijando para tal efecto las diez horas del trece de octubre de dos mil veintiuno y comisionó al Actuario adscrito para que notificara a las partes en los domicilios señalados en autos para tal efecto. Lo que fuera debidamente notificado a la parte actora el veinticuatro de septiembre del año que transcurre, y a la parte demandada el veintitrés del mismo mes y año. En esa tesitura, la autoridad responsable pone de manifiesto que existe una imposibilidad procesal para resolver el incidente de dependencia económica y sustitución procesal tramitado dentro del expediente laboral 841/2010, pues existen diligencias previas pendiente de desahogarse antes de resolver la incidencia tramitada -a saber, el verificativo de la audiencia incidental, cuya data es con posterioridad al dictado de la presente sentencia-. Aunado a ello, debe decirse que al momento de presentar la demanda de amparo el estado procesal del sumario laboral no permitía el resolver el incidente de dependencia económica y sustitución procesal tramitado dentro del expediente laboral 841/2010, toda vez que el acto reclamado debe existir al presentar la demanda y no posterior a ello. En apoyo a lo anterior se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Consecuentemente, resulta infundada la manifestación que realiza la parte quejosa en contra de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y como consecuencia a ello, se debe negar el amparo en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lorena Zarate Quintanilla, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 7623/2022 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el original del presente juicio de amparo, así como la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en sesión de dos de junio de dos mil veintidós, dentro de la revisión laboral 319/2021 (expediente auxiliar 304/2022), en la que resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por el juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en el amparo indirecto 1458/2021. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, acúsese recibo; agréguese la ejecutoria de referencia al expediente original, así como el cuadernillo que se formó en ausencia de los presentes autos; debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia, para los efectos legales procedentes. Ahora, en la ejecutoria que se recibe se estableció: ".Con lo expuesto, se advierte que no se difirió la audiencia constitucional para notificar a las partes el informe con justificación y que mediara el plazo de por lo menos ocho días, pues tal informe justificado fue agregado directamente en la audiencia constitucional. Además, esta violación trascendió al resultado de la sentencia recurrida, en perjuicio de la ahora recurrente, pues el juzgador federal negó el amparo solicitado, con base en el informe justificado rendido por la responsable y las constancias remitidas en apoyo al mismo por dicha autoridad; sin embargo, la quejosa no contó con el tiempo suficiente para acceder a su contenido, y estar en aptitud de rebatirlo, formular alegatos por escrito, así como para ofrecer las pruebas que estimara pertinentes para desvirtuar su contenido o las constancias; de ahí que dice violación debe repararse. Por las consideraciones expuestas, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo que se revisa, a fin de que la junta responsable, previamente a celebrar la audiencia constitucional, respete el plazo de por lo menos ocho días a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." En tal virtud, en cumplimiento a dicha ejecutoria, se deja insubsistente la audiencia constitucional y la sentencia de esa misma fecha dictada dentro del presente asunto; asimismo, se repone el procedimiento y, como se establece en la misma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese la presente determinación al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Finalmente, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa, debiéndose privilegiar los medios electrónicos, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, a través del cual remite el original del oficio enviado por Juan Manuel Rosales Rosales, quien se ostenta como apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo solicitado por diversa comunicación 13067/2021, de catorce de diciembre del dos mil veintiuno, precisando que en dichos autos no se giró el oficio de trato ni se emitió acuerdo en esa fecha. Atento a su contenido, sin mayor pronunciamiento se agrega al cuaderno formado con motivo del recurso de revisión, el oficio de cuenta y su anexo, en virtud de que en el presente juicio no se emitió el oficio que alude ni se el acuerdo referido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por disfrutar el Titular de este Juzgado del periodo vacacional correspondiente al segundo semestre del año dos mil veintiuno, que comprende del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno al siete de enero de dos mil veintidós, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que fuera comunicado mediante oficio CCJ/ST/4686/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

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