Lorena Zambrano Vázquez

Expediente 855/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
855/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Lorena Zambrano Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, como se advierte que en proveído de veintinueve del mes en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. .Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto, el estado de autos se advierte que en auto de veintiocho del mes en curso, se integraron a los autos del juicio en que se actúa, las copias certificadas del juicio laboral ***, remitidas por el Presidente y secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en esta ciudad. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a) La omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio laboral ***, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; y, b) La omisión de emplazar a la parte demandada en el referido juicio. En ese contexto, en relación a la omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio laboral ***, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda en los autos del juicio laboral ***, la junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por otra parte, en relación al diverso acto consistente en la omisión o falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral ***, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Los ordenamientos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "artículo 5: Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De conformidad con los dispositivos legales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros, probables e inciertos. En principio, conviene señalar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. De igual manera, ha sostenido que el agravio debe ser directo, esto es, quien sufra tal afectación debe promover juicio de amparo en su contra, por ser quien resulta directamente perjudicado con el acto reclamado, y no así, por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, como se advierte de la tesis de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." Sentado lo anterior, se colige que el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro, remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa en la fecha de presentación de la demanda manifestó que no se había emitido el auto que había fijado fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio laboral ***, es inconcuso que, el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el referido juicio, no le causa un agravio actual, por tratarse de un acto futuro e incierto, pues no se tiene la certeza de que el actuario responsable vaya a cometer dicha omisión. Por tanto, al haberse acreditado las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Ampara, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite diversas copias certificadas del juicio laboral ***, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la citada ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifiquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Atento a lo dispuesto en los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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