Lorena Vázquez Lira

Expediente 732/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
732/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • Lorena Vázquez Lira
  • Leticia Porfiria Barraza González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el veintinueve de agosto del año en curso; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    ********A sus autos el informe justificado que rinda la Secretaria del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y anexos que acompaña; atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad informando que con fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectiva, en el Recurso de Revocación interpuesto dentro de los autos del expediente 49/2017, mismo que fue notificado a las partes el veintitrés de los mismos; por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".la falta de resolución al Recurso de Revocación interpuesto por la quejosa presentado el día treinta y uno de marzo del presente año dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 49/2017-M, radicado en el Juzgado mercantil y de oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc." Como se advierte del informe justificado rendido por el Secretaria del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que efectivamente con fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectivo; por el cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de amparo la falta de falta de resolución al Recurso de Revocación interpuesto por la quejosa presentado el día treinta y uno de marzo del presente año dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 49/2017-M,, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectiva, dentro de los autos del expediente 49/2017, por medio de la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. A sus autos el escrito de la quejosa Lorena Sánchez Lira y anexo que acompaña; atento a su contenido, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en este propio proveído. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tlaxcala, Tlaxcala, a veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. A sus autos el informe justificado que rinda la Secretaria del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y anexos que acompaña; atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad informando que con fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectiva, en el Recurso de Revocación interpuesto dentro de los autos del expediente 49/2017, mismo que fue notificado a las partes el veintitrés de los mismos; por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".la falta de resolución al Recurso de Revocación interpuesto por la quejosa presentado el día treinta y uno de marzo del presente año dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 49/2017-M, radicado en el Juzgado mercantil y de oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc." Como se advierte del informe justificado rendido por el Secretaria del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que efectivamente con fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectivo; por el cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de amparo la falta de falta de resolución al Recurso de Revocación interpuesto por la quejosa presentado el día treinta y uno de marzo del presente año dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 49/2017-M,, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha fecha veintiuno de agosto del año en curso, se dictó la resolución respectiva, dentro de los autos del expediente 49/2017, por medio de la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. A sus autos el escrito de la quejosa Lorena Sánchez Lira y anexo que acompaña; atento a su contenido, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en este propio proveído. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, actuando con la Secretaria Judicial, Licenciado Raquel Rebeca Zertuche Zertuche, que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por LORENA VÁZQUEZ LIRA, por el que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos del JUEZ MERCANTIL Y DE ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC y otras autoridades; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 115,116 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo de mérito, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número que le corresponda; tramítese sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, por escrito o en medios magnéticos, en el entendido de que en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional se sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del ordinal 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, deberán las partes informar cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa por la cantidad de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, conforme a los numerales 237, fracción I y 251 de la ley reglamentaria, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto antes referido. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV y 26, fracción I, inciso K, de la ley de la materia, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda de amparo, dejando formal constancia de ello en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada PORFIRIA LETICIA BARRAZA GONZALEZ; quien deberá ser emplazada con una copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario Notificador de este juzgado en el domicilio que para tal efecto se indica; haciéndole saber la fecha de la audiencia y el derecho que tiene de apersonarse si a su interés conviene, requiriéndole en el momento de la diligencia para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente auto, señale domicilio en esta ciudad de Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos. Se tiene por ofrecida como prueba de su parte la documental privada que adjunta a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119, de la ley de la materia. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizado para tal efecto al profesionista que refiere. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. De conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 21 in fine, del ordenamiento legal invocado, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente. Orienta la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2127 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA. La inexistencia de petición de parte para que el juzgador ordene la práctica de una diligencia judicial en días y horas inhábiles no conculca precepto legal alguno. El artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las actuaciones judiciales, salvo las que especifica en el mismo artículo, deberán realizarse en días y horas hábiles y acota, cuáles son los días hábiles. La parte final de dicho artículo faculta al juzgador para habilitar los días y horas inhábiles, cuando así lo estime pertinente. Esta facultad es una ratificación al juzgador de la calidad de director del proceso, ya que le otorga la posibilidad de quitar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio, o bien, que impidan la observancia de principios rectores del proceso, como el de celeridad. En dicho precepto no se advierte la exigencia de la previa petición de parte para que el juzgador ordene la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de diligencias fuera del local del órgano jurisdiccional. De ahí que si el Juez procede de oficio para emitir una orden de esta naturaleza, dicho juzgador actúa dentro de la esfera de sus atribuciones." También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el sentido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha, además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que firme los oficios que deriven con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; aunado a que las documentales respectivas deberán de llevar la leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la propia ley, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y consecuentemente se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Se hace saber a las partes que el presente asunto estará a su disposición para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8º. y 61 del citado ordenamiento tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente.

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