Lorena Valadez Aranda

Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
16/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Lorena Valadez Aranda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá destruirse en términos del artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el artículo 15, del citado acuerdo general, se declara que a juicio de este juzgado de Distrito, este asunto carece de valor jurídico, histórico o relevancia documental. Conforme a lo ordenado en el artículo 21 fracciones b y d del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo, y que es destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Lorena Valdez Aranda, por propio derecho, contra actos que reclama a la Coordinadora de Educación de la Zona Norte, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese y regístrese bajo el expediente 16/2022-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa Lorena Valdez Aranda presentó demanda de amparo contra actos que reclama a la Coordinadora de Educación de la Zona Norte, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en la omisión de tramitarle la pensión anticipada solicitada por la amparista, en su calidad de trabajadora, en atención a que afirma que estuvo laborando como profesora al servicio de la Coordinación de Educación en la Zona Norte. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, los preceptos citados con antelación, refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta Ley. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. II.- La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorias; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los numerales transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Así, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Entonces, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En ese orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? ? Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. ? Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. ? Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Tiene aplicación, la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro 199459, del Semanario Judicial 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora bien, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se analiza en el presente asunto, se estima oportuno establecer que los artículos 163, 164 y 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, disponen: "Artículo 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores. Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la Administración o sus representantes y sus trabajadores; II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre la organización sindical y el Estado; y 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano III. Para llevar a cabo el registro del sindicato y la cancelación del mismo registro. Artículo 165. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda." De los preceptos legales trascritos, se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón. Así, de los numerales trascritos se advierte que competencia de las juntas arbitrales el conocimiento de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores, lo que significa que comprende todo tipo de controversias relacionadas con un conflicto individual de naturaleza laboral. Efectivamente, el derecho a disfrutar las prestaciones de la quejosa tienen su origen en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En tal virtud, el acto emitido por las autoridades señaladas como responsables no tiene el carácter de acto de autoridad; y las controversias entre aquéllas y sus trabajadores serán resueltas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, la Coordinadora de Educación de la Zona Norte no puede acudir como autoridad. Al respecto, la Jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 529, del Tomo V, Trabajo, Apéndice 2000, registrada con el número 915788, que a la letra dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal de Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano Por su parte, también es menester destacar que cuando se reclama la negativa ficta derivada de una solicitud de pensión por jubilación, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, habida cuenta que la negativa ficta es una figura de carácter procesal, dado que el silencio administrativo nace como un instrumento para hacer viable la defensa procesal del particular frente a la abstención de la autoridad por dictar una resolución a la petición de aquél, esto es, constituye una ficción cuya finalidad se encuentra encaminada a la apertura de la vía del contencioso administrativo. Al respecto, es aplicable al caso, la tesis (X Región) 2o.1 A (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con registro digital: 2023903, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA FICTA DERIVADA DE UNA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN, COMO ACTO DE APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación y ejecución de la fracción II del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? del Estado y, para tal efecto, señaló como primer acto de aplicación la negativa ficta derivada de la falta de contestación al escrito de petición de pensión por jubilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, cuando en el juicio de amparo indirecto contra leyes se reclama la negativa ficta derivada de una solicitud de pensión por jubilación, como acto de aplicación de la norma impugnada. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la negativa ficta es una figura de carácter procesal, dado que el silencio administrativo nace como un instrumento para hacer viable la defensa procesal del particular frente a la abstención de la autoridad por dictar una resolución a la petición de aquél, esto es, constituye una ficción cuya finalidad se encuentra encaminada a la apertura de la vía del contencioso administrativo; por tanto, no puede constituir un acto de aplicación de la norma impugnada para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes, por lo que previamente a acudir a la instancia constitucional debe agotarse el principio de definitividad mediante la promoción del juicio de nulidad, pues de lo contrario se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto, así como el correo electrónico. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto, destacando que para dar materialidad a 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdicci onales. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 06/01/24 20:26:14 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f5.c8 Iria Cárdenas Lozano JUICIO DE AMPARO 16/2022-VII ??????A???????? Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTr amites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerds.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita.

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