Lorena Tovar Macías

Expediente 692/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
692/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Lorena Tovar Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el escrito signado por xxxxxx, mediante el cual solicita copias certificadas de la interlocutoria dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve del año en curso; en ese sentido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos el propio ocursante o la persona que para tal efecto señala.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSOE. AUTO DICTADO EL 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el seis de junio de dos mil diecinueve, por la cual por una parte se negó y por la otra se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger el documento fundatorio que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, es ordenó dar vista a la parte quejosa respecto las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, Jalisco, en torno al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, una vez que son analizadas las mismas se advierte que la documental que allega la autoridad responsable para acreditar que dejó sin efectos la orden de visita OV/12/124/7/9/2017/02, no corresponde a los datos de identificación de la misma, ni al número de expediente, pues en la misma constan los siguientes datos: IN/12/123/3/10/2017/02, y en el motivo: "SE CANCELA EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DIV/NS/1949/2018 ENVIADO POR LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN MARÍA BLANCA ESTELA VALDEZ GRANADO Y RESUELTO EN EL EXPEDIENTE 2965/2018,", lo que implica que en modo alguno se atienden los efectos para los cuales se otorgó la tutela federal, dado que dicha información corresponde a datos diversos, por lo que no se encuentran encaminadas a restituir a la peticionaria en el goce del derecho fundamental violado, pues ineludiblemente en cumplimiento a la sentencia amparadora debió acreditar a través de prueba documental, que canceló y dio de baja la orden de visita aludida, así como que se eliminó todo registro derivado de tal declaratoria ya sea ante sí o diversa instancia, pues constituye un efecto expresamente determinado en la sentencia amparadora. En torno a lo aquí expuesto, resulta útil invocar, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO REQUIERE DE ACTOS MATERIALES, NO BASTA PARA TENERLA POR CUMPLIDA QUE SE DICTE LA ORDEN RELATIVA. Cuando el amparo se concede para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente su determinación y ordene la ejecución de un acto, sólo puede estimarse que la ejecutoria ha sido cumplida si la autoridad, además de ordenar dicha ejecución, verifica que ésta se cumpla materialmente en los términos establecidos por el tribunal de garantías, pues sólo así se restituye al quejoso en el goce de sus garantías violadas". En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada de que se trate y su efecto será restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto, para el caso de que este último sea de carácter positivo; pero si se trata de un acto de carácter negativo, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de observar la garantía de que se trate y a cumplir, además, lo que la propia garantía exija. En estas condiciones, resulta incuestionable que a efecto de estar en aptitud de poder calificar el cumplimiento de la sentencia amparadora, es menester que exista constancia en autos de que se emitió pronunciamiento al respecto y que se demuestre tal extremo, atento a que constituye uno de los lineamientos expresamente establecidos en la ejecutoria de garantías, así como en el numeral que regula los efectos que debe satisfacer cualquier sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Esto es, a fin de demostrar el debido acatamiento de los deberes impuestos en el fallo protector, resulta inconcuso que demuestre que nulificó los actos administrativos expresamente declarados contrarios a los postulados de la Norma Suprema en perjuicio de la peticionaria de amparo, ya que sólo así se logrará la restitución al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados conforme las directrices plasmadas en la sentencia amparadora. En esas condiciones, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se requiere al Director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, Jalisco y al Inspector adscrito a la misma Dirección, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten con constancia fehaciente a este Órgano Jurisdiccional:  Haber dejado insubsistente la orden de visita reclamada con número de folio DIV: OV/12/124/7/9/2017/02, de siete de septiembre de dos mil diecisiete, llevada a cabo en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 460 de la calle Guadalupe Montenegro en la Colonia Obrera, del sector Juárez, de la Zona 2 Minerva de Guadalajara, Jalisco, y en el caso de acreditarlo con impresiones de pantalla ésta deberá contener datos inequívocos y determinables, pues los aportados hasta ahora no permiten analizar su identificación. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala:

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: se tienen por recibidos los sobres por los que fueron remitidos los oficios 13572/2019, 4394/2019, 13574/2019, 4396/2019, 13573/2019 y 4395/2019 dirigidos al Presidente, al Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción y al Secretario General del Órgano Auxiliar de Instrucción, todos del Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General de la República, mismos que fueron devueltos por el Administrador de Correos de este ciudad, con la referencia de haber sido rehusado por el destinatario. En esas condiciones, ante la negativa de las referidas autoridades a recibir los oficios en mención, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de marzo del actual; por lo que, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, procede tener por legalmente hechas las notificaciones de los proveídos de quince de marzo y veinticinco de enero, ambos de dos mil diecinueve, lo anterior, para los fines legales correspondientes. En otro contexto, visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la ****, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio ********************, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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