Lorena Sanchez Bernal
Expediente 2529/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2529/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Lorena Sanchez Bernal
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 1369), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no efectuó manifestaciones al respecto, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Ahora, debido a la voluminosidad del cuaderno original del incidente de suspensión, se ordena dejar por separado para el mejor manejo y custodia. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, en virtud de que la quejosa exhibió documentos, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
Que después de haber realizado la solicitud de promociones al encargado de la Oficialía de Partes de este Juzgado, relativas a este juicio, manifiesta que no se encontraron promociones pendientes de turnar, así como que la búsqueda de las citadas promociones también se realizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); Que existen cuadernos relativos al incidente de suspensión; Que la parte quejosa presentó documentos en copia certificada; y Que no existe nada pendiente por proveer o cumplimentar en el presente juicio de amparo. Doy fe. El Secretario Carlos Dotor Becerril En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el estado procesal que guardan los presentes autos; hasta esta fecha por así permitirlo las labores del juzgado. Conste. El Secretario Carlos Dotor BecerrilEn la Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la primera certificación de cuenta se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento decretado en autos, y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 500), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no realizó manifestación alguna relacionada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1936/2014, promovido por WESTWOOD PUBLISHING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal, encontrándose presente Ileana Moreno Ramírez, Jueza Primera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistida de Jaime Iván Madrigal González, Secretario que autoriza y da fe. Apertura de audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza declara abierta la audiencia y procede a su celebración sin la asistencia de las partes. Relación de constancias. Acto continuo, el secretario relaciona las constancias que integran el expediente, consistentes en: escrito de demanda con firma autógrafa y anexos; proveído en el que el Juzgado de origen admitió a trámite y sus constancias de notificación; auto en el que este órgano federal se avocó al conocimiento del asunto y sus constancias de notificación; informes rendidos por las autoridades responsables, audiencia constitucional de 25 de febrero de 2015, sentencia de 07 de noviembre de 2016 y constancias de notificación; escrito de recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; proveídos en los que por una parte se tuvo por interpuesto el recurso aludido y auto por el que se tuvo por recibida la resolución pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento por los motivos que en la misma expresó y sus respectivas constancias de notificación; con las certificaciones: 1) La relativa a la descarga de la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 (SISE 2.0) y 2) De la persona encargada de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto. Enseguida, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por relacionados los autos, que en su integridad serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. Periodo probatorio. A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y el Secretario hace constar: que la quejosa ofreció como pruebas las documentales exhibidas en el presente juicio de amparo y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. En tanto que el resto de las partes no ofreció prueba alguna. La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes relacionadas, las que se desahogan en términos de ley, dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán valoradas en la parte considerativa de la presente resolución. Asimismo, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. No habiendo prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos. Se abre el citado periodo y el Secretario da cuenta con las manifestaciones a manera de alegatos del Agente del Ministerio Público adscrito, asimismo certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones del Representante Social y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos. Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y al no existir diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la presente audiencia en las citadas etapas, por lo que procede dictar la sentencia correspondiente; y
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