Lorena Ruiz Feregrino
Expediente 513/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2017
Partes del expediente
- Lorena Ruiz Feregrino
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de once de abril de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...V
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE ista la demanda de amparo promovida por *****, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 513/2017-V; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en: el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 776/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual el Juez responsable, entre otras cosas, dictó lo siguiente: Autorizó trabar el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205 Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; Aceptó parcialmente la excepción planteada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó la a aquí quejosa en el juicio de origen; Ordenó la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen, y; Admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, en la que el juez responsable, según lo afirmado por la quejosa en su demanda, omite pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas, así como acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: La quejosa es parte demanda dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 776/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por Agustín Hernández López, el seis de julio de dos mil dieciséis. En nueve de febrero de dos mil diecisiete, se emplazó a juicio a la aquí quejosa, sin embargo la parte actora se reservó el derecho a realizar el embargo de bienes para garantizar el pago por suerte principal. Posteriormente, el veintiuno de febrero de los actuales, la parte demandada (quejosa), realizó la contestación de la demanda instaurada en su contra, en la que solicitó la excepción de la procedencia de la vía. El Juez responsable dictó un auto el quince de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio natural, en el que autorizó el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205, Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; aceptando parcialmente la excepción planteada por la parte demandada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó al momento de dar contestación a la demanda; ordenando la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen; asimismo, admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. Siendo esta última, la resolución se combate por vía de amparo. Sin embargo, a criterio de éste juzgado se considera que en el caso previo al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto reclamado, esto es, el recurso de revocación. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, la parte quejosa bien pudo intentar en contra del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, el recurso de revocación de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el solicitante de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, al ser parte dentro del juicio mercantil de donde emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, la parte quejosa de mérito debió de agotar el recurso ordinario que le otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la revocación, de conformidad con los artículo 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar el acto de autoridad que se combate en esta vía de amparo y, que en el caso concreto, lo constituye el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio natural, en el que autorizó el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205, Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; aceptando parcialmente la excepción planteada por la parte demandada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó al momento de dar contestación a la demanda; ordenando la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen; asimismo, admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. De ahí que, se insiste, al ser parte demandada en el juicio natural, la aquí quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 23/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2013072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, visible en la página 876, que a la letra dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." Así como, la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que la quejosa no se encontraba en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a lo anterior, respecto al auto dictado el quince de marzo de dos mil diecisiete, únicamente respecto de que el juez responsable admitió algunas de las pruebas ofertadas por las partes, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De lo anterior, se advierte que dicho acto no es de imposible reparación para el quejoso de mérito; en razón de que no afectan sus derechos sustantivos, sino procesales; pues, no se dictó una resolución que afecte directamente de modo irreparable un derecho fundamental. Asimismo, se desprende que dicho acto combatido no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable; pues, se insiste, en el juicio de origen puede dictarse una resolución favorable a los intereses de la parte quejosa; y, con ello, no se afecten sus derechos, apreciándose así, que lo que ahora impugna no afecta sus derechos sustantivos sino sólo procesales. Apoya lo anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en la página 343, que dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." Por lo que, de resultarle adversa la resolución que se dicte en el juicio de origen, puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 172 fracción III de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, primera parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por Lorena Ruiz Feregrino, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo precisada por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado en el proemio de la demanda, como autorizados en términos amplios a Israel Pérez Trejo y Pedro Antonio Zamora Lira, y en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, al no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite ejercer la licenciatura en Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...V NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 17/04/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LORENA RUIZ FEREGRINO EL AUTO DE 11/04/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE ista la demanda de amparo promovida por *****, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 513/2017-V; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en: el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 776/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual el Juez responsable, entre otras cosas, dictó lo siguiente: Autorizó trabar el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205 Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; Aceptó parcialmente la excepción planteada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó la a aquí quejosa en el juicio de origen; Ordenó la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen, y; Admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, en la que el juez responsable, según lo afirmado por la quejosa en su demanda, omite pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas, así como acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: La quejosa es parte demanda dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 776/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por Agustín Hernández López, el seis de julio de dos mil dieciséis. En nueve de febrero de dos mil diecisiete, se emplazó a juicio a la aquí quejosa, sin embargo la parte actora se reservó el derecho a realizar el embargo de bienes para garantizar el pago por suerte principal. Posteriormente, el veintiuno de febrero de los actuales, la parte demandada (quejosa), realizó la contestación de la demanda instaurada en su contra, en la que solicitó la excepción de la procedencia de la vía. El Juez responsable dictó un auto el quince de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio natural, en el que autorizó el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205, Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; aceptando parcialmente la excepción planteada por la parte demandada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó al momento de dar contestación a la demanda; ordenando la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen; asimismo, admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. Siendo esta última, la resolución se combate por vía de amparo. Sin embargo, a criterio de éste juzgado se considera que en el caso previo al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto reclamado, esto es, el recurso de revocación. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, la parte quejosa bien pudo intentar en contra del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, el recurso de revocación de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el solicitante de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, al ser parte dentro del juicio mercantil de donde emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, la parte quejosa de mérito debió de agotar el recurso ordinario que le otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la revocación, de conformidad con los artículo 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar el acto de autoridad que se combate en esta vía de amparo y, que en el caso concreto, lo constituye el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio natural, en el que autorizó el embargo sobre el bien inmueble ubicado en Calle Arcángel Saeltiel, Número 205, Casa 71, de la Colonia Arcángel, en esta ciudad; aceptando parcialmente la excepción planteada por la parte demandada en relación a la improcedencia de la vía que ejercitó al momento de dar contestación a la demanda; ordenando la devolución de algunos de los documentos base de la acción, a la parte actora en el juicio de origen; asimismo, admitió algunas de las pruebas ofertadas por la parte actora y demandada, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa. De ahí que, se insiste, al ser parte demandada en el juicio natural, la aquí quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 23/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2013072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, visible en la página 876, que a la letra dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." Así como, la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que la quejosa no se encontraba en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a lo anterior, respecto al auto dictado el quince de marzo de dos mil diecisiete, únicamente respecto de que el juez responsable admitió algunas de las pruebas ofertadas por las partes, omitiendo pronunciarse sobre la objeción de dichas pruebas ofertadas por la parte actora, y omitió acordar de conformidad la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofertada por la aquí quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De lo anterior, se advierte que dicho acto no es de imposible reparación para el quejoso de mérito; en razón de que no afectan sus derechos sustantivos, sino procesales; pues, no se dictó una resolución que afecte directamente de modo irreparable un derecho fundamental. Asimismo, se desprende que dicho acto combatido no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable; pues, se insiste, en el juicio de origen puede dictarse una resolución favorable a los intereses de la parte quejosa; y, con ello, no se afecten sus derechos, apreciándose así, que lo que ahora impugna no afecta sus derechos sustantivos sino sólo procesales. Apoya lo anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en la página 343, que dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." Por lo que, de resultarle adversa la resolución que se dicte en el juicio de origen, puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 172 fracción III de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, primera parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por Lorena Ruiz Feregrino, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo precisada por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado en el proemio de la demanda, como autorizados en términos amplios a Israel Pérez Trejo y Pedro Antonio Zamora Lira, y en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, al no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite ejercer la licenciatura en Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...
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