Lorena Rodríguez Rodríguez

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Lorena Rodríguez Rodríguez
  • Lorena Rodríguez Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. DESAHOGO Visto el escrito signado por Lorena Rodríguez... por derecho propio y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales A.C.R.; así como por Sofía Castro Rodríguez por derecho propio, mediante el cual desahogan la prevención formulada en proveído de quince de junio del año en curso, en consecuencia, ténganse por desahogada la prevención. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: -La restricción de uso y acceso de las áreas comunes, derivado de acciones que la administración del condominio ha generado y que traen consigo de manera inherente vulneración a la integridad de los hoy quejosos, pues generan afectaciones a su derecho de acceso a una vivienda digna debido al impedimento del acceso a servicios y espacios dentro de la misma. AUTORIDADES RESPONSABLES A. BR Toree de la Arboleda, A.C. B. El Administrador del Condominio o Consejo de Administración. C. El Comité de Vigilancia del Condominio. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos ordinal 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en razón de que las señaladas como autoridades responsables, no tienen tal carácter para efectos del juicio constitucional. El estudio de la causa de improcedencia invocada hace necesario traer a contexto la jurisprudencia 2a./J. 164/20112 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", en la que definió que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tales preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, la parte quejosa pretende controvertir a través del juicio de amparo la restricción de uso y acceso de las áreas comunes del Conjunto Habitacional Torres de la Arboleda en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, derivado de las acciones que la administración del condominio ha generado y que traen consigo de manera inherente vulneración a la integridad de los hoy quejosos, pues provocan afectaciones a su derecho de acceso a una vivienda digna debido al impedimento del acceso a servicios y espacios dentro de la misma, lo anterior con motivo de la falta de pago del mantenimiento de los servicios. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narra en su escrito inicial de demanda se advierte que el domicilio de ésta se encuentra dentro del citado Conjunto Habitacional y se rige conforme a las disposiciones y lineamientos del Reglamento interno del Condominio, lo anterior revela que los actos reclamados tienen su origen y se trata de cuestiones propias del acuerdo de voluntades implícito o explícito derivado de la relación condominal, por lo que los actos u omisiones corresponden a la materia civil, pues dada su naturaleza jurídica de índole privada, generan obligaciones y derechos entre las partes, al constituir circunstancias propias de la vida interna del régimen de propiedad en condominio. Lo anterior, pone en evidencia que los habitantes del Conjunto Habitacional, se encuentran sujetos a cumplir con las obligaciones derivadas de ese régimen y por tanto, los actos combatidos están relacionados con la prestación de servicios lo que implica que la actuación reprochada como autoridad, forma parte de esa relación que deriva del actuar unilateral que ejercitan los administradores del condominio con quien hace uso del inmueble y sus zonas en cuestión. Por tanto, la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se colma, porque los actos combatidos están relacionados con la prestación de servicios lo que implica que la actuación reprochada como autoridad, forma parte de esa relación que deriva del actuar unilateral que ejercitan los administradores del condominio con quien hace uso del inmueble y sus zonas en cuestión; por ello, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige tanto al Administrador como al Consejo de Administración con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Pues las autoridades responsables que señala la parte quejosa (BR Toree de la Arboleda, A.C., al Administrador del Condominio o Consejo de Administración, así como al Comité de Vigilancia del Condominio), no cuentan con ese carácter, ya que el requisito relativo a la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se actualiza, porque los actos combatidos están relacionados con la prestación de servicios lo que implica que la actuación reprochada como autoridad, forma parte de esa relación que deriva del actuar unilateral que ejercitan los administradores del condominio con quien hace uso del inmueble y sus zonas en cuestión. Orienta lo anterior, la tesis aislada I.8o.C.13 K (10a.), registro 2009696 del Octavo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2132, Decima Época que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. De ahí que la controversia que plantea, en todo caso, se debe ventilar en la vía civil, pues el actuar que atribuye a las autoridades responsables, no se realizó con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato privado; de ahí que, al no haber una relación de supra a subordinación, las responsables, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, y por ello, no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, ya que, en el caso, se trata de una decisión particular, y como se mencionó, los actos que se les reclaman pueden ser reclamados mediante otra vía jurisdiccional. Por lo tanto, se reitera, respecto al acto reclamado indicado como la restricción de uso y acceso de las áreas comunes del domicilio donde residen las hoy quejosas, mencionan a autoridades responsables que tienen la calidad de particulares que no cuentan con ese carácter, pues el requisito relativo a la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad no se colma, porque los actos combatidos están relacionados con la prestación de servicios lo que implica que la actuación reprochada como autoridad, forma parte de esa relación que deriva del actuar unilateral que ejercitan los administradores del condominio con quien hace uso del inmueble y sus zonas en cuestión. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la tesis III.4o.C.33 C (10a.) registro 2008335 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, página 1859, Décima Época, que señala: "CONDOMINIO. NO ES AUTORIDAD, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI SUS ACTOS NO SON UNILATERALES, DE IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo se establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 1019 dispone que el órgano máximo del condominio es la asamblea de condóminos, quien es la encargada de determinar sus funciones. Ahora bien, si en la demanda de amparo se señala como autoridad responsable a un condominio, reclamándole una cuestión atinente a la disposición de un área común, la cual fue autorizada mediante asamblea ordinaria del referido conglomerado, debe colegirse que dichos actos no son equivalentes a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico preestablecido), y de tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, en el aprovechamiento del haber patrimonial de dicho conjunto, debe decirse, además, que con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal del quejoso, dado que para su realización fue necesario el consenso de la mayoría de los condóminos, a través de su órgano supremo, descartándose así que dicha persona jurídica se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha; tampoco es imperativo el reseñado acto reclamado, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones, también lo es que ello responde a las necesidades comunes y, por último, no es coercitivo, habida cuenta que, aun cuando es inminente su realización, obedece al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece". Así como la tesis III.2o.C.20 C (10a.), registro 2007698, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2819, Décima Época, de texto siguiente: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código. En consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Lorena Rodríguez... por derecho propio y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales A.C R.; así como por Sofía Castro Rodríguez por derecho propio, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 739/2023-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. En tales condiciones, a fin de analizar la procedencia o no de la acción de amparo intentada contra los actos reclamados, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, IV y V, así como 114, fracciones I, II, III y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Desahogue el siguiente requerimiento: 1. Precise el acto que reclama, es decir, si únicamente controvierte lo que señala como la restricción de utilizar las áreas comunes del domicilio en el que viven; o también la multa impuesta por la cantidad de $1,035.00 (mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), pues si bien en el capítulo respectivo señalan el acto reclamado, del análisis integral de la demanda también refiere que se le impuso una multa, sin que tuviera una previa notificación respecto de ésta y tampoco precisan a quien se le impuso. Lo anterior, toda vez que deviene indispensable que aclare el acto que en esencia reclama; esto, para un mejor proveer y, a efecto de no dejarle en estado de indefensión; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2. Precisen de manera correcta las autoridades responsables, pues no se puede tener con tal carácter a la que denominó como "así como cualquier persona que funja como autoridad dentro del condominio". 3. Como parte de los antecedentes manifieste sí contra el acto reclamado, promovió algún medio de impugnación o algún otro juicio de amparo contra los mismos que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. APERCIBIMIENTO Apercibida que, de no cumplir con el desahogo de la prevención formulada en el número 1. se tendrá como acto reclamado únicamente el señalado en el apartado que así denominó; y, en caso de no desahogar las prevenciones formuladas en los numerales 2 y 3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo de manera expresa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto de los usuarios "DanBelMoc", "Jsodi" y "OscarPortho"; en la inteligencia que las promoventes quedan obligadas a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En el entendido que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas persona que indica. Con relación a los correos electrónicos que proporcionan, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "DanBelMoc", "Jsodi" y "OscarPortho"; la consulta electrónica de este expediente, para lo cual se encuentra disponible en el expediente electrónico en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."

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