Lorena Raquel Medina Salas

Expediente 1658/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1658/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Lorena Raquel Medina Salas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.- Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO.- MESA III.- Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Promoción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juzgado Trigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México. Radicación. Con el original de la demanda, fórmese el expediente correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1658/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre el motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En acatamiento a tal precepto legal, la suscrita determina que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma autógrafa de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3 y 6 de la ley de la materia, en relación con los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación (FIREL) y al expediente electrónico; 60, 62 y 64 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; así como el 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En efecto, para validar la anterior premisa conviene traer a contexto lo establecido por el referido artículo 3° de la Ley de Amparo y los citados acuerdos generales, que en lo que interesa establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. De la interpretación de dicho precepto legal y de los acuerdos generales citados, se tiene que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Para el caso de que opte por la forma impresa, deberá constar el original de la firma autógrafa de quien promueve. De lo contrario, se entenderá que dicha demanda carece de la intención de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo a demandar la tutela de sus derechos fundamentales. Lo que generaría la improcedencia de la acción constitucional. En el caso concreto, del escrito de demanda presentado en la oficialía de partes el día veintidós de septiembre del año en curso, se observa una leyenda a manuscrito que dice "No se puede advertir que la firma es original, parece copia", asentada por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa; y el oficial de partes de este Juzgado asentó "Sin firma autógrafa en original". Por lo que no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 2009142 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Tomo III, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de la demanda de amparo de mérito se observa que carece de la firma autógrafa original del promovente del juicio de amparo, pues se advierte que es una copia de la firma de la promovente. De forma tal que no genera un problema de personería para promover la demanda, sino de la demanda en sí misma, por cuanto constituye un documento privado. Sobre este tópico sirve el criterio jurisprudencial de la tesis P./J. 148/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190657, al rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Como es de verse, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor. Pero en este caso, la demanda carece del signo que refleje la voluntad del suscriptor, habida cuenta que carece de firma autógrafa original; pues se advierte que es copia de la firma del promovente. Circunstancias éstas que denotan la falta de las características de documento privado, por cuanto su promovente no estampó su firma. En efecto, en este caso, la falta de firma original impresa en la demanda de amparo impide tener la certeza de la voluntad de la quejosa. Ahora bien, tomando en cuenta que la firma es el signo gráfico con el cual, en general se obligan las personas en todo los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente la signatura de la quejosa en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional. Cabe destacar que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 6o. de la Ley de Amparo, lo que obliga al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, y quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, a estampar su firma, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampar su huella digital, habida cuenta que la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Por otra parte, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe y en tratándose de la demanda de amparo indirecto, la firma correspondiente puede ser plasmada también en hojas anexas. De lo anterior se colige que la presentación de cualquier promoción, en el caso de la demanda de amparo indirecto, requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia que deba resolver su promoción, lo que debe cumplirse en forma expresa mediante la "firma", requisito que denota la voluntad en la promovente, pues aunque el legislador no la estableció expresamente como requisito en la tramitación del juicio de amparo, el que toda promoción que se presente deba estar firmada, esto constituye un presupuesto para la existencia de tal acto jurídico, que contenga la firma del suscriptor que vincule a la promovente y al propio tiempo al juzgador de amparo a actuar en el sentido de lo solicitado en la promoción. Máxime, que en la demanda de amparo, particularmente en la parte superior del proemio, se advierte la leyenda siguiente: "No se puede advertir que la firma es original, parece copia", asentada por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa; y el oficial de partes de este Juzgado asentó "Sin firma autógrafa en original". Misma que fue asentada por la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta entidad federativa, lo que refuerza la decisión de este órgano judicial, de determinar que la demanda no fue presentada con firma autógrafa del impetrante de amparo, lo que se concatena con la siguiente jurisprudencia, que aplicada a contrario sensu, determina la improcedencia de la demanda. Dicha jurisprudencia es del criterio siguiente con registro digital: 2000130: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 Fracción V, aplicada a "contrario sensu", del mismo ordenamiento legal, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo promovida por LORENA RAQUEL MEDINA SALAS, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Asimismo se tiene como autorizados de la parte quejosa a Francisco Daniel Nah Tzuc y Marisol Reyes Rodríguez, con las limitaciones que se establecen en el numeral 12 de la ley de la materia, en virtud de que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni estar inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que presente demanda versa en materia civil. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA V.- Visto lo de la cuenta agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en estos autos y al efecto remite copia certificada del oficio RAN/YUC/SR/4121/2021 de catorce de septiembre del año en curso, dirigido al Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por el cual se solicitó que en caso de ser procedente, gire instrucciones y continúe con el proceso de calificación registral e inscripción de la solicitud *** relativa a la inscripción de asamblea general de ejidatarios de veintidós de agosto de dos mil trece, relativa a la autorización del núcleo agrario ***, a los ejidatarios, para la adopción de dominio pleno de sus parcelas y expedición y entrega de certificados parcelarios.. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de nueve de septiembre se agregó a los presentes autos el oficio signado por el Director General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual informó que ha cumplido con el requerimiento del Registro Agrario Nacional, relativo a la emisión de la opinión técnica de gabinete del Ejido de San Antonio Yaxche, misma que remite en copia certificada con sus anexos. Por otro lado, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se agregó a estos autos el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional y entre otras cosas informó que no cuenta con la respuesta del oficio SGCAT/100/1376/2021 por parte del Director General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativa a la opinión técnica de gabinete. En virtud de dichas circunstancia, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, remítase al Director del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, copia de la opinión técnica de gabinete del Ejido de San Antonio Yaxche, a fin de que esté en aptitud de girar las instrucciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones gírese atento oficio al Director en Jefe y al Director General del Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México a través del sistema de mensajería acelerada (ESTAFETA), con copia de la opinión técnica de gabinete del Ejido de San Antonio Yaxche emitida por el Director General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que los primeros dos citados estén en aptitud de girar las instrucciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo, y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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