Lorena Ramírez González
Expediente 1351/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Lorena Ramírez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintinueve de septiembre, que desechó su demanda de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de la parte quejosa, por el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pues efectuó una relación estructurada de los antecedentes de los actos reclamados, en función a lo precisado en el citado auto preventivo. En esas condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo que promovió *** por propio derecho, contra actos atribuidos al Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad; es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis a dicha demanda y al escrito aclaratorio de la misma, se tiene que la parte quejosa reclama, lo siguiente: Los autos dictados el doce de julio y cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio *** del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; por los cuales -respectivamente- se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el incidente de nulidad de actuaciones, y se desechó el recurso de reclamación interpuesto en contra del citado auto de doce de julio actual. Establecido lo anterior, contra el especificado acto reclamado, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, al actualizase la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia, lo que lleva a desecharla. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, contra los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. Es preciso establecer que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia favorable a su interés. Bajo ese análisis, en los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar materialmente aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este sentido, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de actos emitidos dentro de un juicio, se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Para ello, debe estarse a la definición prevista en el inciso b) de la fracción V del artículo 107, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Agregó, que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) En la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) El sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, los autos dictados el doce de julio y cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio *** del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; por los cuales -respectivamente- se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el incidente de nulidad de actuaciones, y se desechó el recurso de reclamación interpuesto en contra del citado auto de doce de julio actual; no trae como consecuencia una ejecución irreparable, contra los que procede el juicio de amparo biinstancial. Es así, habida cuenta que como se dijo con antelación, la parte promovente se duele de que dichos autos no le permiten que sea estudiada en segunda instancia la resolución interlocutoria emitida en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió a partir del emplazamiento -que calificó de ilegal- a su persona, pues argumentó que su recurso de apelación fue interpuesto en tiempo, ya que a su decir lo procedente era declararlo procedente ordenando remitirlo a la sala superior a efecto de que se revisara en su legalidad. Sin embargo, los autos que reclama, no implican una afectación directa y material a los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física o alguna garantía judicial de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte; además, que dichos actos reclamados tampoco impiden a la parte quejosa el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia. Por tanto, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el hecho de que se haya desechado el recurso de apelación que promovió en contra del incidente de nulidad de notificaciones desfavorable a los intereses de la parte quejosa, constituiría en todo caso, una violación procesal que podría trascender al fondo del juicio de origen, por lo que la peticionaria puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor, pues como se advierte del escrito aclaratorio, el juicio de origen a la fecha se encuentra en trámite. De ahí que, la posible violación podrá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra de la sentencia correspondiente en caso de que sea adverso a los intereses de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar todas las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. A mayor abundamiento, tampoco el acto reclamado tiene la naturaleza de autónomo en la etapa en que se encuentra el juicio de origen, contra los que procede la acción constitucional, pues como se dijo, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, que la dejen sin defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por las consideraciones apuntadas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V y 113, ambos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, ante su notoria e indudable improcedencia.
- Principal
Téngase por recibida la ejecutoria -remitida vía electrónica- dictada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-****/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja a que este expediente se refiere.". De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmese lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se desprende que la parte quejosa soslayó inconformarse contra el auto de nueve de agosto del año en curso, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, en términos de los artículos 80, 201 fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En tales condiciones, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, además, en atención a que carece de relevancia documental e histórica.
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