Lorena Patricia Sahagún Occegueda

Expediente 244/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
244/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Lorena Patricia Sahagún Occegueda
  • Lorena Patricia Sahagún Occegueda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Lorena Patricia Sahagún Occegueda en representación de su menor hijo de iniciales D.R.S.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente 357/2015, y del cuadernillo de amparo CXLVI/2018-II, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de dos tomos. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 244/2021-10, promovido por **********, contra actos del Director General de Petróleos Mexicanos y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4 tercer párrafo, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el doce siguiente, Lorena Patricia Sahagún Occegueda, en representación de su menor hijo de iniciales D.R.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO a) En contra de las Autoridades señaladas cómo responsables, me causa un agravio de manera irreparable al haberle disminuido sin ningún sustento jurídico, la pensión alimenticia de mi hijo DRS, del 20% al 10%. Ya que el 20% fue decretada en los considerandos CUARTO y SEXTO de la Sentencia definitiva de fecha 08 de diciembre de 2017, confirmada por la alzada el 30 de abril de 2018 en la Toca Civil No. 194/2018-II, deducida del expediente 357/2015, ventilada en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Centro; Tabasco (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES "A).- Señalo como autoridades EJECUTORAS: 1.- Al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.) 2.- A la Coordinación Contenciosa, de la Región Sureste Subgerencia Jurídica Villahermosa, Centro Técnico Administrativo de PEMEX (.) 3.- Dirección Jurídica, de la Región Sureste Subgerencia Jurídica Villahermosa, Centro Técnico Administrativo de PEMEX (.) 4.- Gerencia Jurídica, de la Región Sureste Subgerencia Jurídica Villahermosa, Centro Técnico Administrativo de PEMEX (.) 5.- Dirección de Recursos Humanos, Centro Técnico Administrativo de PEMEX (.)" [sic] SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, previo desahogó de la prevención, se admitió a trámite respecto del resto de las autoridades responsables, la cual fue registrada con el expediente 244/2021-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 9 a 12 del juicio de amparo). TERCERO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de la parte quejosa respecto de las siguientes autoridades (fojas 99 a 101 del juicio de amparo): Coordinación Contenciosa Multimateria de la Subgerencia Jurídica de Villahermosa. Jefe del Departamento de Personal, de la Coordinación Contenciosa Multimateria de la Subgerencia Jurídica de Villahermosa. Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia" Por lo anterior, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; y se reiteró el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. TERCERO INTERESADO. Por su parte, mediante acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, se reconoció carácter de tercero interesado a José Antonio Rosado López, por lo cual se instruyó su emplazamiento a esta contienda constitucional. Así, mediante lista de acuerdos de ocho de julio de dos mil veintiuno se tuvo por practicado el emplazamiento, notificación relativa al citatorio de cinco de julio anterior. [Foja 144 vuelta] QUINTO. SE INTERRUMPE COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES RESPONSBLES. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa en los autos de veintiuno y veinticuatro de mayo del año en mención, por lo que se dejó de tener como autoridades responsables al Jefe de Departamento de Personal de la Coordinación Contenciosa Multimateria de la Subgerencia Jurídica de Villahermosa, Tabasco y Dirección Corporativa de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, con sede en la ciudad de México (fojas 146 del juicio de amparo). SEXTO. CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA Y REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección a Lorena Patricia Sahagún Occegueda, en representación de su menor hijo de iniciales D.R.S. (fojas 157 a 169 del juicio de amparo). Contra esa determinación, el Gerente Jurídico Región Sureste de Petróleos Mexicanos, en representación de la Subgerencia Jurídica Villahermosa y el Titular de la Coordinación Contenciosa Multimateria adscrito a la Subgerencia Jurídica Villahermosa, dependiente de la Gerencia Jurídica Región Sureste de Petróleos Mexicanos, interpusieron recurso de revisión (fojas 198 del juicio de amparo). El citado recurso le correspondió substanciarlo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, mismo que registró con el número de expediente 194/2021; seguida la secuela procesal en sesión de siete de enero de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para efecto de que este Juzgado deje a la vista de la quejosa el informe rendido por la autoridad responsable Director General de Petróleos Mexicanos por conducto de Mario Alberto Gallardo García, en su carácter de Gerente Jurídico Región Sureste de Petróleos Mexicanos, y la requiera para que manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Jefe de Relaciones Laborales y/o Jefe de Personal y/o Jefe de Recursos Humanos; en el caso específico, Jefe del Departamento de Personal Villahermosa; hecho lo cual, continúe con el procedimiento respectivo, y resuelva, en su oportunidad, lo que en derecho corresponda (fojas 237 a 245 del juicio de amparo). Lo anterior, se tuvo por recibido en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, y se dio acatamiento en los términos indicados (fojas 249 y 250). En cumplimiento a lo anterior, en proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, por las autoridad antes señalada, por lo que se requirió informe justificado y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 260 y 261). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La incorrecta disminución del (20%) veinte por ciento al (10 %) diez por ciento de la pensión alimenticia decretada en favor del menor de edad de identidad reservada con iniciales D. R. S. por la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en sentencia definitiva de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 357/2015 y confirmada el treinta de abril de dos mil dieciocho, por el tribunal de alzada en el toca civil 194/2018-II. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL ACTUARIO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco; Gerente Jurídico Región Sureste de Petróleos Mexicanos en representación del Director General y Gerente Jurídico Contencioso de Derecho Privado de la Coordinación de Asuntos Especiales en representación de la Directora Jurídica estas últimas autoridades dependientes de Petróleos Mexicanos, señaladas como responsables, dado que al rendir su respectivo informe justificado negaron la imputación reclamada, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, no obstante la vista que otorgó mediante proveídos de treinta de marzo, quince de abril y veinticuatro de mayo, todos de dos mil veintiuno; de ahí que el acto reclamado sea inexistente respecto de las referidas autoridades señaladas como responsables. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado a las aludidas autoridades responsables. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El titular de la Coordinación Contenciosa Multimateria adscrito a la Subgerencia Jurídica Villahermosa; Subgerente Jurídico de Villahermosa y titular de la Coordinación Contenciosa Multimateria adscrito a la Subgerencia Jurídica Villahermosa, todos dependientes de la Gerencia Jurídica Región Sureste de Petróleos Mexicanos y Jefa del Departamento de Personal de Villahermosa de Petróleos Mexicanos, con residencia en esta ciudad, negaron el acto reclamado, sin embargo, del propio informe justificado se desprende la certeza del mismo, por lo que el acto reclamado es cierto. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". Asimismo, se corrobora su existencia, toda vez que al rendir informe justificado la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco aceptó su existencia, lo cual se corrobora de las copias certificadas relativas al expediente 357/2015, de su índice. Documentos a los que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, esta Juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa ha cesado en sus efectos toda vez que se regularizó el pago de la pensión alimenticia del menor de edad. El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la promoción de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, este Juzgado considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en mérito a que de las constancias que la Jefa del Departamento de Personal de Villahermosa, de Petróleos Mexicanos, con residencia en esta ciudad (fojas 270 a 291 del juicio de amparo), remitió como apoyo a su informe de cuenta, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la aludida ley de la materia, en términos de su artículo 2°; se advierte: Que en sentencia de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 357/2015, relativo al juicio especial de pensión alimenticia, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, se decretó a favor de Lorena Patricia Sahagún Occegueda, una pensión alimenticia definitiva consistente en el diez por ciento del salario y demás prestaciones que obtiene José Antonio Rosado López y para su hijo menor D.R.S., una pensión alimenticia definitiva consistente en el veinte por ciento, lo que en suma hace un total del treinta por ciento. Refiere la responsable, que el tres de agosto de dos mil veinte, a petición del deudor alimentario el Juzgado Quinto Familiar de esta ciudad, ordenó la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de Lorena Patricia Sahagún Occegueda. Sin embargo, manifiesta la responsable que debido a un error de registro en el Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina, se canceló el veinte por ciento y no el diez por ciento, de la pensión alimenticia, por lo que se dejó únicamente el diez por ciento, a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte, hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. No obstante, dice la responsable que se regularizó el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el porcentaje de la pensión del veinte por ciento. Como consecuencia, la responsable, dijo que referente a la cantidad que debió pagarse a la beneficiaria Lorena Patricia Sahagún Occegueda, en representación del menor D.R.S., consistente en una diferencia del diez por ciento del salario base y demás prestaciones ordinarias de José Antonio Rosado López, por concepto de pensión alimenticia en el periodo del nueve de noviembre de dos mil veinte al veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para subsanar el error, a partir del cinco de julio de dos mil veintiuno, se le restituyó a la quejosa en representación del menor en el periodo comprendido del veintiuno de julio de dos mil veintiuno al trece de octubre de ese año. Por último, la autoridad responsable refiere que hasta esa fecha no tiene adeudo a favor de la quejosa Lorena Patricia Sahagún Occegueda, en representación del menor D.R.S., y que continúa con los pagos de manera normal. Lo anterior, lo justificó con los recibos de pago de las catorcenas correspondientes a la 26/2021 a la diversa catorce 04/2022, en la que se acredita el pago del veinte por ciento que ordenó el Juez. Lo anterior, se corrobora con el oficio 1879, de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, signado por la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de esta ciudad (foja 307 del juicio de amparo), en la que manifestó que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitió oficio a la Jefa del Departamento de Personal de Villahermosa, con residencia en esta ciudad, para que procediera a efectuar el pago del veinte por ciento por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor del menor D.R.S., del salario y demás prestaciones que obtiene José Antonio Rosado López, y procediera a dar cumplimiento al proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que ordenó que se pagará el diez por ciento que se dejó de depositar al citado menor, a partir de la segunda quince de noviembre de dos mil veinte, y en los meses subsecuentes, así como el pago de aguinaldo, y primera y segunda quincena del mes de enero de dos mil veintiuno más los meses que se sigan acumulando, pagos que debía efectuar en la primera quincena de febrero de ese año. En cumplimiento a lo anterior, dice la Juez que el abogado Adscrito al Área de pensiones y Embargos de la Coordinación Contenciosa Multimateria, le informó que procedió a registrar la pensión alimenticia definitiva a favor del menor de edad, consistente en el veinte por ciento del salario y demás prestaciones del jubilado José Antonio Rosado López, a partir de la catorce de 08/2021. De igual forma, la Juez refirió que esa autoridad le informó que solicitó al área de nómina realizará el cálculo del diez por ciento de lo que se dejó de pagar a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte al veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, para proceder aplicar el descuento al jubilado. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse regularizado el pago de la pensión alimenticia a favor del menor de edad D.R.S., durante el periodo comprendido del veintiuno de julio de dos mil veintiuno al trece de octubre de ese año, hizo que los efectos del acto reclamado desaparecieran, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, pues se reitera restituyó al quejoso del pago correcto de su pensión alimenticia. Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Segunda Sala, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la Litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********contra el acto reclamado y autoridades referidas en el resultando PRIMERO, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la JUEZ QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de catorce de marzo actual, informa el estado procesal que guarda el expediente 357/2015, y remite copia certificada de diversas actuaciones que obran en el mismo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con ésta a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarla en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la ocursante de cuenta, ofreciendo como pruebas en el presente asunto las documentales que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Notifíquese.

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